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XALAPA.- De acuerdo con diversas organizaciones de derechos humanos, la tortura continúa siendo una práctica generalizada en el país y en particular, en el estado de Veracruz. Prueba de ello es que, según el Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es la segunda entidad a nivel nacional con más investigaciones por este delito, con 2 mil 594 registros entre 2019 y 2025. A nivel nacional, la entidad ocupa el primer lugar en número de víctimas, con 4 mil 813. Las personas indígenas se encuentran entre los grupos más afectados y la Policía Ministerial figura de manera recurrente como autoridad señalada. En ese tenor, las organizaciones conminaron a través de un documento a la Fiscalía General del Estado a aceptar y dar cumplimiento a las recomendaciones que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz con relación al caso de tortura en contra del joven indígena Diego Fernando Bonilla. Las ocho organizaciones firmantes precisaron que apenas el pasado 16 de abril de 2026, la CEDH de Veracruz emitió la Recomendación 17/2026, dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE), en la que acreditó que Diego fue privado arbitrariamente de la libertad y sometido a tortura, lo cual fue documentado conforme al Protocolo de Estambul. De igual forma, determinó que la Fiscalía Especializada incumpla su obligación de investigar la tortura de manera diligente. Es decir, la autoridad tendrá que reparar de manera integral el daño, incluyendo atención médica y psicológica desde una perspectiva intercultural; la investigación efectiva de los policías ministeriales señalados como responsables y la adopción de medidas institucionales por parte de la Fiscalía, como la capacitación en derechos de los pueblos indígenas. Insistieron en que la FGE cumpla a la brevedad las recomendaciones como una prioridad ya que, afirman, el caso del indígena Diego no es aislado. Diego Fernando, persona de indígena Ñuhü, de la Sierra Norte de Veracruz, presenció el 29 de mayo de 2023 un homicidio en su comunidad, El Pericón, en Texcatepec. Al día siguiente, fue llevado a la Fiscalía Itinerante de Huayacocotla, perteneciente a la FGE, para rendir su declaración; ahí fue torturado por policías ministeriales para obligarlo a incriminar a otra persona. Diego se negó a declarar hechos que no había presenciado. En la misma sede, frente a la intérprete para la toma de su declaración, Diego le informó que había sido víctima de tortura. No obstante, fue obligado a firmar hojas en blanco, que posteriormente fueron utilizadas para elaborar una declaración que nunca consintió. Dicha declaración fabricada fue empleada para detener a una persona. Con el acompañamiento del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Diego Fernando presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, radicada bajo el expediente DAI/0161/2023. De igual forma, denunció formalmente los actos de tortura ante la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, de la FGEV, quien inició la carpeta de investigación XAL/FIM/FEIDT/219/2023. Pese a ello, esta autoridad no realizó una investigación diligente y, en 2025, determinó el cierre del caso. Las organizaciones defensoras de derechos humanos firmantes de documento fueron La Voz Campesina, Toaltepeyolo, Cepiadet. Voz-Justicia-Cultura, RED TDT, Centro Prodh Miguel Agustón Pro Juárez A.C., y otras.
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