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XALAPA.- Pese a las múltiples desapariciones en su gobierno, pues de acuerdo con un informe de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE), el sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), cerró con 2 mil 340 personas desaparecidas, al político expriista – actualmente preso en el reclusorio Norte de Ciudad de México – sólo se le investigó por “obstruir” la investigación de un solo caso: el del policía estatal David Lara Cruz. Y es que, Javier Duarte, preso desde 2017 por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue exonerado por un juez de control de Pacho Viejo por ese único caso de desaparición forzada que se le investigaba. Pese a que la determinación judicial no es definitiva, el ex mandatario estatal tiene la oportunidad de solicitar que se le conceda la libertad condicional. La víctima, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, identificado como David Lara Cruz, adscrito al municipio de Acayucan, desapareció en enero de 2016. El oficial acudió a la academia de policía de El Lencero, ubicada en Emiliano Zapata. David Lara Cruz fue privado de la libertad por compañeros de su misma corporación. Posteriormente, sus restos fueron localizados en La Barranca La Aurora, en el mismo municipio de Emiliano Zapata, que colinda al sur con la ciudad de Xalapa. El cuerpo del policía fue localizado junto a los restos de otras 18 personas. Presuntamente, Duarte de Ochoa habría ordenado que se simulara que el hallazgo del cuerpo de Lara Cruz ocurrió en otro lado, en un paraje solitario del municipio de Alto Lucero. Además, el ex gobernador presuntamente ordenó reportar sólo el hallazgo de seis cuerpos y ocultar el resto. En noviembre de 2022, un juez de control decidió vincular a proceso a Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, la defensa del expriista denunció que los testimonios de Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales, y de Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, se consiguieron a través de un método conocido como protocolo Estambul, que abarca torturas y malos tratos, para que hicieran señalamientos contra el ex gobernador. Sobre este tema, a través de una carta dirigida a la periodista Azucena Uresti en el año 2021, el exgobernador se defendió y negó haber incurrido en el delito de desaparición forzada. “Jamás en toda mi vida he participado ni ordenado privar ilegalmente de su libertad, de asesinar o desaparecer a persona alguna”, decía en parte de su misiva. Acusó que la denuncia en su contra fue presentada por motivos político-electorales por su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares. “A mí se me acusa de que supuestamente ordené entorpecer una investigación que llevaba la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, en ningún momento se me acusa de haber ordenado desaparecer a persona alguna”, se justificó.
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