JOSÉ LIMA COBOS
La alianza entre las autoridades de Estados Unidos, a través de sus agencias de espionaje como la DEA, CIA, FBI y otras embozadas que existen con los narcos traficantes de todo los niveles del mundo se está poniendo cada vez más de manifiesto, pues en ese gobierno como en muchos otros, su interés está en elevar sus economías internas a cualquier costo, como está visto en la guerra que sostiene Israel y Palestina, de manera que la Industria Armamentista no dé caída y siga generado riqueza para incrementar el sacrificio de inocentes, al igual como se refleja en la guerra de Rusia contra Ucrania, como se ve, no tiene final, al igual que Israel, de tal suerte que es un negocio rentable a costa de la miseria y se derrame la sangre inocente.
Se puede acreditar que no existe voluntad política, porque, por encima de todo están los bienes materiales de bienestar de una oligarquía rapaz y voraz, a más no poder, y que la intranquilidad y la desesperación de las mayoría se siga hundiendo, porque no es cierto que les preocupe tanto el fentanilo que mata en su país a miles de jóvenes o tráfico de hidrocarburo o armas que ellos mismos patrocinas o alientan, como en el caso del Chapo Guzmán o su familia que es protegida por el propio gobierno que, si bien son declarados terroristas hacen negocios abiertamente, porque son detenidos y deportados a ese país para que los cobijen a cambio de involucrar a inocentes de todos los niveles para debilitar a los gobiernos que crean condiciones de mejoría para sus pueblos y, el caso más evidente es el caso del General Cienfuegos, que por dichos de criminales fue involucrado en negocios turbios y ante la exigencia del gobierno mexicano a que se probara ese involucramiento, no hubo más que, ante la evidencia de la calumnia se le puso en libertad para que el gobierno mexicano lo investigara y castigara.
Lo mismo se ve ahora con las declaraciones del abogado del chapito –que el gobierno de Estados Unidos le permitió que se llevara a su familia para su protección– que señala que la presidenta defiende a los carteles, al exigir, como es su obligación defender, ante cualquier gobierno cuando un mexicano es secuestrado por el gobierno norteamericano o que informe y explique a cambio de qué autorizó o permitió que, ilegalmente y en actitud gansteril convalidó que el narcotraficante Mario Zambada, gran delincuente si se quiere –lo pusiera en bandeja de plata otro criminal de la familia Guzmán– para ser juzgado, cuando existen procedimientos, internacionalmente reconocidos, en síntesis, la trampa está en querer aparecer que el actual gobierno es , pelele, como todos los anteriores, sin embargo, se topó con piedra y tendrá que conocerse la verdad.
Si un delincuente mexicano o delincuentes de la familia Guzmán, puede pagar ochenta millones de dólares se necesita saber, quiénes son los funcionarios del gobierno de ese país que están metidos en el “ajo” porque es inadmisible que un solo cártel mexicano haga los negocios de esa magnitud, como en el caso de tráfico de gasolina o de armas, si no, otros más, entre ellos por supuesto, presidentes de México de Estados Unidos, Gobernadores, de uno y otro lado, pues de otra suerte se quedarán en la impunidad y jamás se terminará con la corrupción con el terrorismo más peligroso y dañino si se quiere, con autenticidad ir al fondo del asunto, aunque no creemos que se haga, pues si tal fuera la posibilidad, Estados Unidos tiene un presidente delincuente que gobierna al mundo mediante amenazas perversas para obtener privilegios y seguir viviendo en la ostentación y el atraco contumaz.
Aquí en México, es clara la complicidad y la preparación que se aplica a los funcionarios para no transformar el país a fondo, pues necesita la disciplina que lleva la corrupción implícita, como el caso de Medina Mora que con Fox, Calderón y Peña Nieto inicia su carrera criminal al servir primero a la Policía Federal, de ahí a la Procuraduría General de la República y luego de Embajador a Inglaterra, más tarde a Estados Unidos y de ahí Peña Nieto lo lleva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para, desde ahí proponer un proyecto de jurisprudencia e impedir que el Gobierno Mexicano pueda congelar cuentas sospechosas de criminales, atarle las manos, de manera que siendo experto en transacciones sospechosas que, desde que estaba de embajador en Inglaterra las venía haciendo, –esta denuncia fue pública– la ocasión fue propia y, aliado con Pérez Dayan, Franco Laynez y Luna Ramos, estableció que el gobierno no podía congelar cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, si no existía la petición de un gobierno extranjero, luego entonces, la corrupción se extendió hasta que llegó López Obrador, en que reclamó tal ignominia y fue entonces, que ese individuo huyó y se abrió el espacio, sin embargo, no hubo castigo.
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