¿Cuál es la cifra de participación en un movimiento social que puede provocar la caída de un régimen? Esa duda trató de resolverla Mark Lichbach en su análisis ¨The Rebel´s Dilemma¨1995, que estudió las condiciones bajo las cuales los movimientos sociales logran resultados.
A partir de sus estudios, la politóloga Erica Chenoweth analizó movimientos de resistencia civil entre 1900 y 2006, descubriendo que ningún régimen autoritario sobrevivió cuando al menos el 3.5% de la población participó en protestas no violentas.
Sus resultados fueron publicados en 2011 el estudio ¨Why Civil Resistance Works, basado en el dataset NAVCO (Nonviolent and Violent Campaigns and Outcomes¨.
Antes de que saques tu calculadora, la masa crítica para México son 4.9 millones de personas, involucradas en protestas pacíficas, actuando de manera sostenida, generando una presión insostenible, especialmente si el régimen pierde el apoyo de las fuerzas armadas y de la comunidad internacional.
El secreto está en que sean protestas sostenidas. En Chile, durante el estallido social de 2019, la movilización ciudadana alcanzó niveles cercanos al umbral del 3.5% de la población, lo que según la teoría de Erica Chenoweth explica por qué el régimen político se vio obligado a abrir un proceso constituyente. La “marcha más grande de Chile” reunió a más de 1.2 millones de personas en Santiago, equivalente a más del 6% de la población de la capital y alrededor del 3.5% del país.
El movimiento chileno inició a principios de octubre de 2019, comenzaron como protestas contra el alza de precio del transporte público, y escalaron en un movimiento masivo contra la desigualdad, el costo de la vida y el modelo neoliberal. La marcha más grande en la capital congregó a varios millones de personas en todo el país, superando ampliamente el margen del 3.5%. El gobierno de Sebastián Piñera decretó estado de emergencia y desplegó militares en las calles. Aunque el régimen no cayó, la presión obligó al gobierno a convocar un plebiscito constitucional en 2020, abriendo un proceso histórico de cambio institucional.
La Revolución Tunecina de 2011 y la Revolución del Poder Popular en Filipinas de 1986 son dos de los ejemplos más emblemáticos de cómo la movilización masiva y no violenta puede forzar la caída de regímenes autoritarios. En ambos casos, la participación ciudadana superó ampliamente el umbral del 3.5% de la población, generando un cambio político profundo.
En Túnez, el 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, vendedor ambulante, se inmoló en protesta contra la corrupción y el desempleo. Los tunecinos tomaron esa bandera, e iniciaron una serie de marchas de protesta en las calles, en contra de tres factores principales: Corrupción sistémica y represión política; Altas tasas de desempleo juvenil; Falta de libertades civiles y crisis económica. Las protestas se extendieron por todo el país, mientras el ejército se negó a reprimir violentamente a los manifestantes, debilitando al régimen. El 15 de enero de 2011 Zine El Abidine
Ben Alí, huyó del país. El primer líder árabe derrocado por la Primavera Árabe. Esto provocó el inicio de un proceso democrático con elecciones en 2011, se jura una nueva constitución en 2014.
La Filipinas de Ferdinand Marcos, gobernada con mano dura desde 1965, y con ley marcial desde 1972, había consolidado una dictadura corrupta y represora. En 1983, asesinan al candidato opositor Benigno Aquino Jr. Realizan fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1986. Esto provoca que entre el 22 y el 25 de febrero de 1986 millones de filipinos se movilizaran en marchas de protesta pacíficas. La iglesia católica vía el cardenal Jaime Sin llama a la población a salir a las calles. Sectores del ejército desertan y se unen a la oposición. El mismo 25 de febrero, Corazón Aquino asume la presidencia, iniciando un proceso de democratización, restableciendo instituciones democráticas.
En el caso de México la estrecha vigilancia y cercanía con Estados Unidos, impediría que el ejército actuara como medio represor, y si lo hiciera, los mandos correrían un gran riesgo personal. Pasaría lo mismo que en Venezuela, es preferible que se mantenga el orden, a pesar de la corrupción existente en las elites militares.
La oposición no ha logrado convocar a más de millón y medio o dos millones de personas. El mexicano no está acostumbrado a protestar ni a exigir a sus gobernantes. Quizá no existe una masa crítica que se oponga a las reformas antidemocráticas del régimen de Morena, ya que la cultura del Tlatoani sigue profundamente enclavada en la psique del mexicano, pero todo puede cambiar, si el pueblo comienza a comprender que además de habitantes también pueden ser ciudadanos.
Para ello se requiere un liderazgo opositor confiable, que no dé la impresión de estar vendido al sistema, y que asuma ciertos riesgos políticos para convencer a un mayor número de mexicanos respecto de sus intenciones y de la necesidad de preservar las instituciones y contrapesos democráticos en el país. Basta un 3.5%. ¿Logrará la oposición al régimen sacar a la calle de manera continua y ordenada a cinco millones de mexicanos para que su voz sea escuchada en palacio nacional?
De 1900 a la fecha, no ha habido un solo movimiento de protesta pacífica que haya fallado en sus metas si logra movilizar cuando menos al 3.5% de la población de manera consistente. No basta con una marcha al año, deben ser muestras de inconformidad permanentes hasta lograr los objetivos.
Esta regla aplica para descontento popular contra políticas aplicadas por municipios, estados o países.
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