Hoy México enfrenta un momento crítico para su democracia. La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y ya enviada a la Cámara de Diputados este 4 de marzo de 2026, está a punto de discutirse. Expertos —desde académicos hasta exconsejeros del INE— advierten que, de aprobarse en sus términos más controvertidos, representaría un grave retroceso democrático: facilitaría la sobrerrepresentación de un solo partido, debilitaría la pluralidad, recortaría recursos a órganos electorales independientes y abriría la puerta a un sistema de partido hegemónico, similar al que por más de 70 años gobernó nuestro país.
Si se concreta ese escenario, el “pueblo bueno” —como suele llamársele en discursos oficiales— pasaría de ser sujeto de derechos a mero espectador pasivo: dueño solo de su nombre, pero sin capacidad real de decidir en contra del poder establecido. Basta mirar los ejemplos más cercanos: Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde el control electoral y la concentración de poder han convertido la competencia política en un trámite formal.
La presidenta defiende su propuesta argumentando que “el pueblo se lo pidió”. Es cierto que la ciudadanía demanda menos gasto en campañas, fin a los privilegios de las cúpulas partidistas y mayor transparencia. Pero también ha pedido —y con urgencia— seguridad, medicinas en los centros de salud, empleo digno, oportunidades de superación y una vida mejor. Y hasta ahora, fuera de los relatos oficiales y su eco en medios afines, esos pendientes siguen sin resolverse de manera contundente. Por lo tanto, no parece lógico priorizar una reforma electoral tan profunda mientras persisten esas carencias básicas.
Los legisladores que decidirán el destino de esta iniciativa tienen nombre y apellido. No son entidades abstractas. Son diputados y senadores electos por los ciudadanos, con la obligación constitucional de representar la voluntad de sus electores, no solo la línea partidista. Sin embargo, en la mayoría de los perfiles de los legisladores oficialistas y aliados se observa una obediencia del 90% o más a las directrices del Ejecutivo. ¿Dónde queda la deliberación independiente? ¿Dónde la consulta real con sus distritos?
Este es el momento de la verdad. Los legisladores tienen la palabra. Y el país, los ojos bien abiertos. Quienes voten a favor de una reforma que, según analistas independientes, concentre poder y debilite contrapesos, no podrán escudarse en el anonimato institucional. Sus nombres quedarán grabados en la historia reciente de la democracia mexicana.
Y faltará saber: ¿quiénes serán los traidores esta vez? Porque éstos ya no se podrán esconder; el pueblo está atento, informado y —cada vez más— dispuesto al repudio colectivo.
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