| FLORENCIO PÉREZ RAMÍREZ |
| Florencio Pérez Ramírez |
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| 2026-04-30 /
08:39:16 |
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| No infiltraron al Estado. Lo usaron |
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La acusación formal de Estados Unidos contra Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses |
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Florencio Pérez
La acusación del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa no debe leerse como un expediente penal más. Su gravedad política está en otra parte: no describe únicamente operaciones de narcotráfico, sino una presunta arquitectura de poder donde gobierno, policías, fiscalía, seguridad pública y estructura municipal habrían funcionado como una red de protección institucional para la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
El documento de 34 páginas que obra en nuestro poder sostiene una tesis central demoledora: el crimen organizado no habría operado frente al Estado, sino a través de él.
La acusación plantea que funcionarios de alto nivel habrían utilizado sus cargos para proteger cargamentos de droga, alertar sobre operativos, facilitar el tránsito de precursores químicos, manipular instituciones de seguridad y justicia, perseguir rivales del cártel y garantizar impunidad. En esa lógica, la frontera entre autoridad y crimen deja de ser una línea y se vuelve un mecanismo, una sociedad, una alianza.
Los ejes de la acusación
El primer eje de la acusación es político-electoral. Según el documento, la relación entre Rubén Rocha Moya y “Los Chapitos” habría partido de un intercambio: apoyo electoral a cambio de protección institucional. La acusación afirma que, durante la elección de 2021, integrantes del cártel habrían robado urnas, intimidado votantes, secuestrado opositores y presionado candidaturas rivales para favorecer el triunfo de Rocha. A cambio, una vez en el poder, se habrían colocado funcionarios “amigables” con la organización criminal en áreas estratégicas de gobierno, seguridad y administración.
El segundo eje es la captura operativa de las instituciones. La acusación no se limita a señalar omisiones o negligencia; habla de colaboración activa. Según el expediente, policías estatales y municipales habrían protegido cargamentos de droga, permitido operaciones abiertas del cártel, facilitado el traslado de fentanilo y metanfetamina, liberado integrantes detenidos, alterado documentos oficiales y transmitido información sensible sobre investigaciones y operativos del Ejército, la Marina, la DEA y otras agencias. En otras palabras: no se acusa solamente corrupción; se acusa subordinación funcional.
El tercer eje es el uso criminal de la fuerza pública. Uno de los episodios más graves es el caso de Alexander Meza León, identificado como fuente confidencial de la DEA. La acusación sostiene que fue secuestrado, torturado y asesinado en octubre de 2023, junto con familiares, como represalia por su colaboración con autoridades estadounidenses. En esa operación, según el documento, habría participado Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, entonces mando de la Policía Municipal de Culiacán, quien habría coordinado la interceptación de las víctimas mediante una patrulla oficial para entregarlas después a sicarios del cártel.
El cuarto eje es la evidencia. La acusación, según la síntesis, se apoya en listas de sobornos, registros de comunicaciones, reuniones documentadas, observaciones de operativos electorales violentos, decomisos masivos de narcóticos y testimonios de fuentes confidenciales. Entre los elementos señalados aparecen listas manuscritas con pagos mensuales a funcionarios, alias como “Culiacán Regio” y “Tornado”, comunicaciones mediante teléfonos y radios, así como reuniones entre líderes criminales y funcionarios en lugares resguardados por hombres armados.
El quinto eje es la dimensión transnacional. La acusación no se queda en Sinaloa. Vincula esa red de protección con el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Describe rutas, métodos de ocultamiento, uso de vuelos, lanchas, vehículos, túneles, compartimentos secretos y casas de seguridad en ciudades estadounidenses. Por eso el caso no solo compromete a una administración estatal mexicana: toca directamente la agenda de seguridad nacional de Estados Unidos, en particular por el fentanilo.
La estructura de responsabilidades
Rocha Moya aparece como el vértice político de la presunta protección; Enrique Inzunza, como enlace y operador político; Enrique Díaz Vega, como facilitador de información electoral contra opositores; Dámaso Castro Zaavedra, como pieza de obstrucción desde la fiscalía; mandos policiales estatales y municipales, como brazos operativos de protección, inteligencia, transporte y violencia. La acusación dibuja, así, una cadena de mando y utilidad: política, fiscalía, seguridad, policía y territorio.
La fuerza del expediente radica en convertir una sospecha pública en una hipótesis penal organizada. No habla de un funcionario aislado, ni de una policía infiltrada, ni de una campaña contaminada. Habla de una presunta red de captura institucional.
Ese es el verdadero golpe: si la acusación avanza, el problema ya no será solamente quién recibió dinero, quién protegió cargamentos o quién informó sobre operativos. La pregunta mayor será si una parte del Estado mexicano fue utilizada como infraestructura criminal.
Por eso este caso puede convertirse en un punto de quiebre.
• Para México, el expediente abre una crisis de legitimidad institucional.
• Para Sinaloa, significa la posibilidad de que su gobierno sea leído internacionalmente bajo la sombra de una narcopolítica funcional.
• Para Estados Unidos, representa una acusación directa contra autoridades mexicanas en el corazón de la crisis del fentanilo.
• Y para la opinión pública, obliga a mirar de frente la posibilidad brutal de que el crimen organizado no siempre necesita derrotar al Estado; a veces le basta con administrarlo desde dentro.
Los impactos del golpe
La acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa no solo abre un frente judicial; abre una crisis política de Estado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos no está señalando únicamente a mandos policiales, operadores menores o piezas periféricas del crimen organizado; está acusando a un gobernador en funciones, a un senador, a funcionarios de seguridad, procuración de justicia, finanzas, policía estatal, policía municipal y gobierno local de haber integrado una presunta red de protección institucional para “Los Chapitos”.
El primer impacto es de legitimidad. Si una acusación de esta magnitud logra avanzar judicialmente, México enfrentará una pregunta brutal: ¿qué ocurre cuando un gobierno estatal es señalado no por incapacidad para contener al crimen, sino por presuntamente haberlo servido?
La diferencia no es de grado, es de naturaleza. La incapacidad es un Estado que falla. La complicidad es un Estado que traiciona. Y la captura institucional no se corrige con discursos de soberanía, conferencias de prensa o deslindes políticos, sino que exige investigación, responsabilidades, ruptura de redes y reconstrucción de confianza pública.
El segundo impacto golpea directamente al gobierno federal. La administración de Claudia Sheinbaum queda colocada en una zona políticamente incómoda. Puede defender el debido proceso sin parecer protectora de los acusados; exigir pruebas a Estados Unidos sin reducir el caso a un pleito nacionalista; incluso demandar respeto a la soberanía sin convertirla en escudo de impunidad.
Según reportes periodísticos, la SRE y la FGR han señalado que las solicitudes estadounidenses de detención provisional con fines de extradición no habrían llegado acompañadas de pruebas suficientes, y que México revisará el caso conforme al tratado bilateral y a su propia legislación.
Ese argumento puede ser jurídicamente necesario, pero políticamente insuficiente, si no se traduce en una investigación mexicana seria, autónoma y verificable; porque, previsiblemente, las pruebas seguirán siendo presentadas por Estados Unidos a cuentagotas, midiendo el impacto de cada una de ellas, ampliando el horizonte de cobertura y redes, y abriendo la posibilidad de alcanzar a funcionarios o exfuncionarios del más alto nivel nacional.
El tercer impacto es electoral. La acusación sostiene que el presunto pacto habría comenzado antes de la elección de 2021, mediante apoyo criminal, intimidación de votantes, secuestro de opositores y robo de urnas para favorecer el triunfo de Rocha Moya. Si esa línea narrativa se instala en la opinión pública, el problema deja de ser solo penal y se convierte en una impugnación moral del origen del poder. El estigma de elecciones anteriores será, indudablemente, una piedra en el zapato rumbo a 2027.
Además, no se trata ya de preguntar si un gobierno fue infiltrado después de llegar al cargo, sino si llegó al cargo mediante una intervención criminal. Esa sospecha es devastadora para cualquier democracia; y los señalamientos de este tipo en elecciones de distintos estados, como Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, se vuelven acumulables.
El cuarto impacto es para Morena. Aunque la responsabilidad penal es individual, el costo político es colectivo. Rocha Moya pertenece al bloque gobernante; Enrique Inzunza llegó al Senado; Juan de Dios Gámez encabeza Culiacán. La acusación, por tanto, no cae sobre figuras marginales, sino sobre actores insertos en el circuito político de poder.
La oposición ya comenzó a exigir renuncias, desaparición de poderes y responsabilidades políticas en Sinaloa. Aun si el gobierno federal intenta contener el daño bajo el argumento de falta de pruebas, el expediente ya abrió una grieta en la que la narrativa de autoridad moral queda sometida a una prueba extrema.
El quinto impacto es diplomático. Estados Unidos está diciendo, en los hechos, que el problema del fentanilo no puede explicarse solo por laboratorios clandestinos, rutas criminales o capos prófugos, sino por funcionarios mexicanos presuntamente colocados al servicio de una organización criminal. Eso endurece la relación bilateral porque desplaza la conversación de la cooperación contra el narco a la sospecha sobre el Estado mexicano.
La acusación fue presentada en el Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción con enorme peso simbólico y político en casos de narcotráfico transnacional. No es un expediente local; es un mensaje estratégico.
El sexto impacto es institucional. Si el expediente estadounidense sostiene que hubo filtración de operativos, protección de laboratorios, liberación de detenidos, uso de patrullas, radios oficiales y mandos policiales al servicio del cártel, entonces el caso obliga a revisar no solo personas, sino estructuras completas. Fiscalía, policías, inteligencia estatal, mandos municipales, áreas de seguridad pública y controles internos quedan bajo sospecha. El problema deja de ser “quién cobró” y pasa a ser “qué parte del aparato público fue funcional al crimen”.
El séptimo impacto no solo es sobre Sinaloa. Un estado no puede gobernarse normalmente cuando su gobernador, su capital, sus policías, sus mandos de seguridad y sus operadores políticos aparecen en una acusación extranjera de esta magnitud. Aunque jurídicamente todos conserven la presunción de inocencia, políticamente el mando queda herido. La autoridad pública necesita credibilidad para mandar; cuando esa credibilidad se fractura, cada decisión de seguridad, cada operativo, cada nombramiento y cada silencio se vuelve sospechoso.
El octavo impacto es narrativo. El caso reconfigura el lenguaje público sobre el narcotráfico. Durante años se habló de “infiltración”, “corrupción”, “pactos locales”, “plazas” y “protección”. Esta acusación eleva el problema a otro nivel, ya que sugiere una presunta administración política del crimen. Es decir, no solo tolerancia; no solo sobornos; no solo omisión; sino una estructura, una red operativa, una maquinaria, un poder formal que habría servido para garantizar el poder real del cártel.
Por eso la trascendencia nacional es enorme. Este expediente puede convertirse en una línea divisoria: antes y después de que Estados Unidos acusara formalmente a un gobernador mexicano en funciones de colaborar con una facción del Cártel de Sinaloa. La pregunta ya no es de incomodidad, sino de supervivencia institucional: si el gobierno mexicano será capaz de responder sin caer en dos errores, clásicos por cierto en sus mañaneras: la condena anticipada sin pruebas o la defensa automática por conveniencia política.
Lo que este expediente revela no es un escándalo más. Es el momento en que el poder judicial del país más poderoso del mundo pone nombre, cargo y fecha a lo que México lleva décadas negando: que una parte del Estado —o algo más que una parte— fue gestionada como infraestructura criminal.
El gobierno mexicano tiene ante sí una decisión que no admite neutralidad cómoda: responder a la acusación con cooperación, con confrontación o con silencio. Cualquiera de las tres rutas tiene costos.
• La cooperación abre una crisis política interna de magnitud incierta.
• La confrontación endurece las condiciones del ya tenso vínculo bilateral con Estados Unidos.
• El silencio profundiza la percepción, dentro y fuera de México, de un Estado incapaz de procesar su propia corrupción.
Pero hay un costo que ninguno evita: el de la credibilidad. Si el Estado tiene que demostrar que no es el cártel, algo se ha roto y ningún comunicado podrá reparar.
Florencio Pérez
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