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| Bajo proceso penal, 4 ex colaboradores de Silvano Aureoles en Michoacán. | ||||||
| Los cuatro imputados deberán permanecer en prisión preventiva justificada, pues la impartidora de justicia negó el cambio de medida cautelar a Mario Delgado y Antonio Bernal para que enfrentaran su proceso en libertad. Argumentó que ninguno cuenta con un domicilio fijo. | ||||||
| Sábado 08 de Marzo de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Los ex servidores públicos que serán procesados por administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa son Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Aureoles; Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal; Elizabeth Villegas Pineda, ex delegada administrativa de esa misma dependencia y Antonio Bernal Bustamante, ex titular de la SSP. Los cuatro imputados deberán permanecer en prisión preventiva justificada, pues la impartidora de justicia negó el cambio de medida cautelar a Mario Delgado y Antonio Bernal para que enfrentaran su proceso en libertad. Argumentó que ninguno cuenta con un domicilio fijo. En tanto, la defensa de Elizabeth Pineda que inicialmente también solicitó el cambio de medidas cautelares, durante la audiencia desistió de la petición. En este caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) que encabeza María de la Luz Mijangos, obtuvo órdenes de aprehensión contra Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán de 2015 a 2021, y siete de sus colaboradores. Otros tres ex funcionarios, prófugos de la justicia El Ministerio Público Federal (MPF) ya logró cumplimentar cuatro de los mandamientos judiciales y el ex gobernador y otros tres ex funcionarios son considerados prófugos de la justicia desde el sábado pasado. Durante la audiencia de imputación y definición de la situación jurídica de los detenidos, la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que las acusaciones están relacionadas con la operación irregular de arrendamiento y posterior compra de inmuebles para instalar siete cuarteles policiacos en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Asimismo se presentaron cientos de documentos y peritajes con los que se señaló que los cuarteles habían sido arrendados irregularmente al gobierno michoacano por periodos mínimos de 56 meses y que la Inmobiliaria DYF obtuvo el contrato por adjudicación directa, pese a haber sido creada el mismo año en que se determinó la construcción de las instalaciones policiacas. En ese contexto, se informó a la jueza Sánchez Nava que en todos los casos los terrenos fueron adquiridos a bajo costo y de manera posterior a la celebración del contrato de arrendamiento. Asimismo, estudios realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales determinaron que el gobierno de Aureoles pagó sobreprecios por cada cuartel. En el caso de Apatzingán de 76 millones de pesos; el de Huetamo, 37.4 millones; en Jiquilpan, 90.4 millones; Lázaro Cárdenas, 163.4 millones; Uruapan, 64.2 millones; Coalcomán, 116 millones, y Zitácuaro, por 103.8 millones de pesos. En la audiencia, Alexander Rubén Castillo, defensor de Carlos Maldonado, trató de acreditar que los contratos y transferencias de recursos no las autorizó él, y que su firma fue falsificada. Sin embargo el MPF tuvo que demostrar ante el juez que los representantes jurídicos del ex secretario de Finanzas bloquearon la realización de un peritaje de la FGR, por lo que este punto deberá resolverse una vez que concluya el plazo de la investigación complementaria. |
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