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XALAPA.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) fijó el 27 de este mes como la fecha en la que el Congreso de Veracruz debe reinstalar a diez extrabajadores que fueron despedidos durante la LXIV Legislatura con mayoría panista. Sin embargo, los trabajadores aseguran que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) está recurriendo a maniobras para evitar el cumplimiento de la orden judicial. "Nos llamaron hace un mes para llegar a un acuerdo, pero todo era a favor de ellos", afirmó uno de los exempleados. Señaló que la propuesta presentada por el Congreso no incluía el reconocimiento de la antigüedad ni el pago completo de los salarios caídos. "A mí solo me querían dar 100 mil pesos cuando la cantidad es mucho mayor". El conflicto laboral se remonta a 2017, cuando la LXIV Legislatura, de mayoría panista, realizó despidos que fueron calificados como injustificados por los tribunales. El fallo judicial ordenó la reinstalación de los trabajadores y el pago de los salarios adeudados. "Acaten lo que dice el Tribunal, nada más. Devuelvan el dinero a los trabajadores", declaró el abogado Juan José Llanes Gil Del Ángel. A pesar de que el Congreso aseguró en diciembre pasado que cumpliría con la sentencia, los afectados denuncian que no quieren cumplir. "Nos hicieron casi una amenaza: si no aceptábamos sus condiciones, no habría reinstalación", afirmó uno de los afectados. Según indicaron, el pago de prestaciones fue incorporado dentro del sueldo de manera irregular, reduciendo la cantidad que les corresponde. El monto total que el Congreso debería cubrir a los extrabajadores asciende a más de tres millones de pesos, según el cálculo del abogado de los afectados. Además, los demandantes destacaron que se debe incluir el pago al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) desde el momento de su despido hasta la fecha. Los extrabajadores también denunciaron que la legislatura que los despidió, encabezada por Sergio Hernández en la Junta de Coordinación Política, autorizó laudos sin transparentar el uso de los recursos. "Ahí en el Congreso se despachan con la cuchara grande, no piden permiso, se autorizan todo ellos mismos", denunció uno de los agraviados. Los ex trabajadores señalaron que, pese a contar con presupuesto para laudos, las autoridades han dilatado el pago de lo que legalmente les corresponde. El 27 de este mes, los afectados acudirán a la audiencia en la que se debería formalizar su reinstalación. No obstante, han advertido que, en caso de que el Congreso incumpla, convocarán a una rueda de prensa para denunciar públicamente la situación. También han solicitado la intervención de legisladores como Héctor Yunes para que medien en el conflicto y garanticen el cumplimiento de la sentencia judicial. Así las cosas.
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