De Veracruz al mundo
Familias deben participar en reformas para combatir desapariciones: CentroProdh.
Al honrar a todos los colectivos de familiares de personas desaparecidas que luchan por la justicia, verdad y memoria en México en el Día Internacional del Derecho a la Verdad, la organización consideró que dentro de estas leyes es esencial la voz de las familias de Jalisco, como parte de las indagatorias emprendidas por las autoridades.
Lunes 24 de Marzo de 2025
Por: La Jornada
Foto: .Germán Canseco
Ciudad de México.- Ante la presentación de las propuestas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General de Desaparición Forzada, tras hallazgo del rancho Izaguirre, en Jalisco, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseguró que las iniciativas deben ser retroalimentadas por los colectivos y la familias, ya se “se quedan cortas frente a la magnitud de la crisis y en varios temas son redundantes”.

Al honrar a todos los colectivos de familiares de personas desaparecidas que luchan por la justicia, verdad y memoria en México en el Día Internacional del Derecho a la Verdad, la organización consideró que dentro de estas leyes es esencial la voz de las familias de Jalisco, como parte de las indagatorias emprendidas por las autoridades.

“Lamentamos que en Teuchitlán (donde está el rancho) el debate se centre en cuestionar cómo se nombra el sitio, cuando se ha probado que jóvenes eran reclutados, privados de la libertad contra su voluntad, asesinados si no acataban”, comentó el Centro Prodh en redes sociales.

Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, apuntó a La Jornada que las familias han pedido que se les tenga en cuenta en cualquier proceso, y en el anuncio de ambas propuestas de ley, nuevamente se les desconoce. “Me parece que es importante hacer una revisión de las metodologías para presentar reformas que tengan que ver con todo este fenómeno (de derechos humanos), donde se tenga en cuenta a las madres buscadoras”, señaló.

Si bien calificó de positivo que se establezcan más mecanismo de identificación en las propuestas, el especialista remarcó que existen múltiples dudas con grupos en condición de vulnerabilidad, como son los casos de migrantes víctimas de desaparición. En la mayoría de los casos, señaló, no tienen acceso a ciertos esquemas, incluidos el acceso a la credencial del Instituto Nacional Electoral o la Clave Única de Registro de Población, al estar en el país sin documentos regulatorios.

Sobre esta crisis que enfrenta el país ante la nuevas iniciativas, cuestionó: “Esto ayuda a prevenir lo hechos al futuro, pero ¿qué está pasando con los 120 casos de personas desaparecidas actualmente y qué pasa con los 55 mil personas no identificadas en los centros forenses? Las iniciativas no dan respuesta a ese punto”.

Por otro lado, más de 40 organizaciones, congregadas por el colectivo La justicia que queremos, condenaron los hechos en el rancho Izaguirre, así como la desacreditación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y de familias buscadoras que pretenden mermar su legitimidad.

“Los hallazgos nos llevan a poner en el centro la labor de las fiscalías encargadas de la investigación de estos hechos criminales, quienes son las primeras responsables de recabar evidencias, articular las investigaciones y preparar los casos para llevarlos ante un juez”, determinaron.

Destacaron que para integrar un caso exitosamente se requiere actuar con debida diligencia y de manera oportuna, de la mano de cuerpos policiales y periciales, teniendo un rol fundamental las corporaciones que fungen como primeros respondientes en la escena del crimen, como la Guardia Nacional.

Aseguraron que también es indispensable contar con fiscalías autónomas “del poder político y de los poderes fácticos”, para lograr que las investigaciones prosperen y para combatir la impunidad que es casi absoluta.

Por ello, hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los titulares del poder Ejecutivo en las entidades federativas, para poner el foco en las fiscalías, a fin de garantizar su autonomía institucional y operativa, hacer un diagnóstico serio que identifique las falencias y aspectos a reformar, “porque con fiscalías eficientes se podrían procesar casos ante las autoridades judiciales para sancionar a los responsables”.

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