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| Irrupción militar en municipios de Yucatán por Tren Maya propicia control de población y pone en riesgo derechos humanos, alertan. | ||||||
| Una investigación muestra que tres municipios de la Península de Yucatán han experimentado cambios tras la llegada y permanencia de elementos militares, derivada de la puesta en marcha del Tren Maya. La población ha sentido un mayor control e incluso ha denunciado abusos por parte de los mismos. | ||||||
| Martes 01 de Abril de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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En su investigación titulada ¿A qué vinieron? Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos, la organización detectó un proceso de irrupción militar que consiste en la presencia, actuación, ocupación y permanencia de las Fuerzas Armadas que ha implicado cambios en la vida cotidiana de tres municipios de la Península de Yucatán: Calakmul en Campeche, Othón P. Blanco y Felipe Carrillo Puerto, estos dos últimos en Quintana Roo. De acuerdo con la organización, esta irrupción abarca la parte terrestre, marítima y aérea de los municipios mencionados y se ha caracterizado por la expropiación de terrenos destinados al Tren Maya, así como la construcción de nuevas instalaciones militares, cuarteles de la Guardia Nacional y la instalación de campamentos base al interior de comunidades pequeñas. También ha implicado la toma permanente o temporal de sitios estratégicos clave para la vida en comunidad como mercados, escuelas, carreteras, museos o zonas arqueológicas; el uso de señalética que muestra el dominio de las Fuerzas Armadas en el territorio, así como el acaparamiento y explotación de la naturaleza a su favor. La organización también ha documentado prácticas de contrainsurgencia y hostigamiento en contra de civiles que cuestionan la presencia de militares en la zona o que han reclamado abusos por parte de los mismos, entre ellos asesinatos o negligencias. Sobre esto último advierte que las Fuerzas Armadas se manejan con discrecionalidad y arbitrariedad, por lo que sus acciones son difíciles de prever, manejar e incluso castigar. Hasta ahora se han identificado posibles violaciones a varios derechos humanos, entre ellos, a la vida; a la igualdad y no discriminación; a la seguridad; a circular libremente; a la libertad de asociación y expresión, entre otros. La mayoría de las personas entrevistadas por la organización incluso expresaron miedo a hablar, nombrar y reconocer lo que ocurre. Esto debido a la presencia de informantes que reportan lo que consideran inusual y monitorean las acciones de organizaciones, colectivas y personas defensoras. “¿A qué vinieron y cuándo se van?” La evidencia observada y recabada desde inicios de 2023 hasta febrero de 2025 ha permitido a la organización identificar que las Fuerzas Armadas desplegadas en estos territorios no se limitan a cumplir funciones de seguridad pública, de resguardo de fronteras, de instalaciones o de auxilio a la población, sino que también facilitan los negocios del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), la empresa de participación estatal mayoritaria adscrita a la Secretaría de la Defensa, que está a cargo del Tren Maya. Esto bajo una estrategia de “corporativización e integración militar” cuyo objetivo es que la empresa pueda controlar y gestionar los diferentes procesos involucrados en la oferta de bienes y servicios relacionados con el Tren Maya, sin inconvenientes y con ventaja frente a posibles competidores. El control que ejercen las Fuerzas Armadas además resulta favorecedor para las instituciones financieras nacionales e internacionales que pusieron sus inversiones en proyectos energéticos o de otra índole relacionados directa o indirectamente con el Tren Maya. El informe además destaca que la presencia y actuación de los militares no corresponde con las justificaciones dadas por la presente y anterior administración federal para continuar y profundizar su involucramiento en la vida cotidiana dentro del territorio mexicano. La evidencia recabada mostró que, al menos las obras a su cargo en la Península de Yucatán, no se concluyeron en tiempo y forma, implicaron sobrecostos y su calidad es deficiente. Ante ello, la organización hizo un llamado a las autoridades involucradas a rendir cuentas sobre esta irrupción militar para conocer cuál es su propósito y pidió a la población seguir cuestionando este proceso, sobre todo ante la realización de nuevos megaproyectos, ya que, según advirtió, lo que sucede en la Península de Yucatán podría ser un “laboratorio” para implementar esta estrategia en otras zonas del país. Por: Ivonne Nuñez |
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