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Ciudad de México.- Luego de denunciar que los proyectistas trabajan bajo escaleras sin privacidad, que los expedientes se almacenan en baños y los sanitarios no son funcionales, además de que el edificio carece de salidas de emergencia, extintores y una red hidráulica adecuada, abogados de la zona norte de Veracruz denunciaron que la nueva Ciudad Judicial de Poza Rica no tiene capacidad para albergar al Juzgado Segundo de Primera Instancia ni a los juzgados Cuarto y Octavo Especializados en Materia Familiar, por lo que solicitaron la reubicación inmediata de estos órganos jurisdiccionales. "No cuenta con el espacio necesario, resultando como consecuencia disfuncional, además de no tener las medidas mínimas de seguridad", acusaron. La obra, inaugurada con un presupuesto total de 66 millones 965 mil pesos en tres etapas y la cual se encuentra aún inconclusa, se ubica en la colonia División de Oriente, sobre la carretera Poza Rica-Coatzintla. Los abogados denunciaron que el edificio en cuestión no es funcional, espacioso ni eficiente, ya que fue diseñado para otro fin, como lo es el uso de las salas de juicios orales. A través de un escrito dirigido a la Gobernadora Rocío Nahle y a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lisbeth Jiménez Aguirre, los litigantes señalaron que el inmueble representa riesgos para la salud e integridad del personal, al asegurar que las actuarias laboran a un costado del cuarto de telecomunicaciones, el cual requiere enfriamiento constante, exponiéndolas a temperaturas bajas tras realizar notificaciones en exteriores con hasta 45 grados, con riesgo de "shock térmico". En ese tenor, los abogados propusieron que se destine presupuesto suficiente para construir una sede conforme al proyecto tipo A, como la de Coatzacoalcos. Explicaron que ambos municipios fueron clasificados con las mismas necesidades en el análisis costo-beneficio realizado en 2018, sin embargo, mientras a Coatzacoalcos se le asignaron casi 100 millones de pesos para un edificio de cuatro niveles, Poza Rica recibió poco más de 66 millones. Los quejosos destacaron que las condiciones del inmueble provocan que las audiencias se realicen en espacios reducidos, con personas de pie o sentadas en el piso por falta de mobiliario. También alertaron sobre la falta de medidas de protección civil. "Carecemos de salidas de emergencia, extintores, toma de agua contra incendios, plan de emergencia, programa de protección civil", acusaron. Con relación a los servicios básicos, denunciaron que no existe red hidráulica funcional y que "la constructora optó por realizar una fosa séptica". Señalaron que en una reunión con personal del Poder Judicial, el pasado 10 de abril, se planteó adaptar dicha área como parte de un juzgado, lo cual rechazaron por considerar que representa un riesgo sanitario. Indicaron que los baños para mujeres están fuera de servicio y el sanitario para personas con discapacidad es utilizado como bodega de expedientes. "Las personas no tienen dónde acudir a satisfacer una necesidad fisiológica", añadieron. Por lo anterior, los litigantes solicitaron que los juzgados Segundo, Cuarto y Octavo sean reubicados "de manera inmediata" hasta que se construya una sede conforme al proyecto tipo A. También pidieron transparentar el contrato de arrendamiento del edificio judicial anterior, ubicado en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines número 1423, así como el costo de la renta y la fecha del último pago. Recordaron que la mudanza fue ordenada mediante la circular número 13, con fecha del 21 de marzo de 2025. La construcción actual está a cargo de la empresa Rawen Ingeniería S.A. de C.V., ganadora de una segunda licitación luego de que la primera fuera declarada desierta.
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