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Xalapa, Ver.- A fin de establecer el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, el Pleno de la LXVII Legislatura local aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 5 de la Constitución Política del estado, propuesta por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, con lo que ajusta el contenido de la citada norma a lo dispuesto en la Constitución federal y con ello se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación y del Estado, garantizándoles diversos derechos. En ese tenor, las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, instancias dictaminadoras, consideraron procedente la realización de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuadas a estos pueblos y comunidades. En el proceso se tomó en consideración la autoadscripción y el listado de las comunidades del estado de Veracruz registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en el que existen dos mil 486 comunidades que se autoadscriben como indígenas, distribuidas en 106 municipios, y 98 como afromexicanas, establecidas en 13 municipios de la entidad, las cuales constituyeron la base de sujetos consultados. Con relación al contenido de la modificación, se establece el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo cual implica que tendrán libre determinación y autonomía; ello permitirá que administren directamente su propio presupuesto, que les será otorgado por el Estado y los ayuntamientos. Además, decidirán su forma interna de gobierno, convivencia y organización, con lo cual podrán crear sus propias normas para resolver conflictos internos. Además, los pueblos y comunidades referidos podrán elegir a sus autoridades o representantes para ejercer su forma de gobierno interno, siempre que en la creación de normas, como en la elección de autoridades y solución de conflictos, se respeten la Constitución, las leyes y los derechos de las mujeres. Se garantizará el acceso pleno a la jurisdicción estatal con asistencia de intérpretes, defensores y peritos especializados en derechos indígenas. En cuanto al patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva, los pueblos y comunidades indígenas podrán protegerlos, preservarlos y desarrollarlos. Con respecto al desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria, lograrán ejercer su derecho al desarrollo integral con base en sus formas de organización económica, social y cultural, priorizando el respeto a la integridad del medio ambiente y recursos naturales. Sobre la participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión del Estado y municipios, en los municipios con población indígena podrán elegirse representantes en los ayuntamientos, de acuerdo con los principios de paridad de género y pluriculturalidad. Podrán conservar y mejorar el hábitat y la integridad de sus tierras, incluidos sus lugares sagrados declarados por la autoridad competente; a su vez, que podrán acceder al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, respetando lo establecido por Constitución federal. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas siempre tendrán que ser consultados sobre cualquier ley o medida administrativa que pueda causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas. De igual forma, se establecen derechos en favor de las mujeres, la niñez, la adolescencia y la juventud, indígenas y afromexicanas; se fortalece la educación comunitaria, indígena e intercultural; se asegurará el acceso a los servicios de salud, promoviendo la medicina tradicional; se contempla la creación de políticas públicas para proteger a las personas indígenas migrantes y se extenderá la red de comunicaciones que permita a las comunidades estar siempre comunicadas. La legisladora Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), expresó que con esta reforma se reconocerá a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este reconocimiento, agregó, les dotará de capacidad jurídica para ejercer sus derechos y hacer valer sus decisiones, elegir a sus autoridades y realizar actos con valor jurídico. En el proceso de consulta pública participaron el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz (CEDHV), la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (Aveli), el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas (Ivais), la Secretaría de Cultura (Secver) y la Secretaría Gobierno (Segob), y se realizó en seis sedes regionales: Benito Juárez, Tantoyuca, Papantla, Tequila, Playa Vicente y Mecayapan.
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