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| 'Usan el sistema judicial para violentarme': mujeres enfrentan lentitud y burocracia en los juzgados familiares de CDMX. | ||||||
| Abogadas y mujeres que tienen un proceso legal abierto relatan los obstáculos que enfrentan en los juzgados familiares de la Ciudad de México, donde los asuntos pueden demorar años en resolverse. | ||||||
| Domingo 15 de Junio de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Su proceso legal inició en 2019, cuando su hijo acababa de nacer y el presunto agresor solicitó al Juzgado Quinto de los Familiar tener períodos de convivencia con el pequeño, a pesar de estar ausente en todo el embarazo. Para ese momento, Dafne ya contaba con medidas de protección que un Centro de Justicia para las Mujeres le ayudó a obtener por la violencia física, sexual, psicológica y económica que había padecido años antes. Aunque ella tenía medidas de protección, el juzgado autorizó las convivencias entre 2019 y 2023. Estas se realizaron en un Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México (Cecofam), donde Dafne asegura haber sido víctima de más actos de violencia, por ejemplo, una vez que su expareja le agarró un pecho por la fuerza. Las convivencias familiares concluyeron en 2023 por orden de una Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, luego de que acreditó el carácter violento de la expareja de Dafne con una prueba psicológica. Dafne acusa a los trabajadores del Juzgado Quinto de lo Familiar de proteger a su expareja. No sólo por no sancionarlo cuando la manoseó en el Cecofam, sino porque nunca le notificaron sobre los escritos que tramitaba para intentar quitarle la custodia de su hijo. De igual forma critica que los funcionarios no presionaron a su agresor para que se hiciera la prueba psicológica desde el inicio del proceso legal. “Mi agresor está utilizando el sistema judicial para violentarme, eso es lo que está haciendo, y el juez se lo está permitiendo”, critica Dafne en entrevista. Casos como este se repiten una y otra vez en los juzgados familiares de la Ciudad de México. La lentitud en la resolución de estos asuntos se explica en parte por la falta de perspectiva de género y la alta carga de trabajo de los funcionarios públicos, quienes decidieron irse a paro de actividades desde el pasado 29 de mayo como forma de protesta. En 2023, los juzgados de la Ciudad de México tenían pendiente concluir 233 mil expedientes en materia familiar. En contraste, solo habían concluido 25 mil, según los últimos datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi. “Día a día nos enfrentamos a una burocracia judicial que está totalmente rebasada por el número de asuntos que debe procesar. Es un sistema judicial que no cuenta con recursos técnicos, humanos y materiales para dar respuesta a los asuntos”, explica Ana Laura Carrión, abogada experta en las materias penal y familiar. Con el argumento de mejorar el sistema de justicia, el gobierno federal impulsó una reforma judicial para renovar a los ministros, magistrados y jueces del país, aunque varios litigantes consideran que esta medida no será suficiente para garantizar la resolución de los asuntos. “Es una reforma que ni siquiera está en pañales, está en embrión. Está bien que lo político toque lo jurídico, pero así no, se necesitaba una reforma diferente”, opina Carrión. El largo camino para obtener la custodia de un hijo Los juzgados familiares de la capital se vuelven un verdadero laberinto para todo aquel que entra, por su tamaño —están en un edificio de más de 15 pisos en el Centro Histórico— y por los obstáculos burocráticos. Diana Reyes sigue luchando por la guarda y custodia de sus dos hijos, quienes fueron sustraídos por su expareja desde el 2020. Tiempo después, el padre de los pequeños convenció a un juzgado familiar de que le dieran la guarda y custodia. Durante años, Diana supo que sus hijos eran víctimas de violencia física y explotación laboral por parte de su expareja. Lo supo por los maestros de los pequeños, quienes le reportaron que los dos no asistían a la escuela por salir a vender dulces. Diana reportó esto al juzgado, pero ningún funcionario intervino. Fue hasta el 7 de marzo de 2025 cuando sus hijos lograron contactarla vía telefónica, con ayuda de una tía, para pedirle que los rescatara. Ella fue enseguida, recogió a sus pequeños y acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia por violencia contra su expareja. Un médico legista constató que el mayor, de entonces 8 años, tenía lesiones en las costillas, y el menor, de cinco años, heridas en la cabeza. Un doctor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó estas afectaciones en los pequeños. Diana interpuso su denuncia, pero poco después, el 7 de mayo, su expareja falleció a causa de la diabetes e hipertensión que padecía. Parecía que con eso acabaría su problema, pero no fue así, ya que la abogada de su agresor la está acusando de sustraer a sus hijos y busca que los dos sean enviados al DIF, donde quedarían bajo resguardo del Estado. “Ha sido bastante pesado, es estresante saber que tu vida en todo momento pende de un hilo porque no se hacen las cosas como se debería en los juzgados”, relata Diana. Ella lleva cinco años metida en su proceso legal en la Ciudad de México, la tercera entidad federativa con más asuntos pendientes de resolver en materia familiar, solo por detrás del Estado de México y Veracruz que tienen una mayor población, de acuerdo a los datos del Inegi. La abogada María Martínez Ysasse explica que la situación ha empeorado en los últimos años en la capital, luego de que el Poder Judicial local decidió extinguir 11 juzgados en materia familiar y trasladó sus expedientes pendientes a juzgados que siguen activos, aunque sin darles más recursos. “Aunque los tribunales han intentado dar lo mejor de sí, se pierden en la burocracia, los tiempos se alargan muchísimo más o de repente se pierden expedientes. Con la gran carga en los juzgados, el personal se vuelve incompetente y no porque no sepa, sino porque los rebasa la carga laboral”, dice Martínez Ysasse. La experta también desconfía del beneficio que pueda traer la elección de jueces en la atención de asuntos: “Se requería una reforma, pero no esta. Por ejemplo, algún secretario de un juzgado sin conocimiento difícilmente iba a llegar a ser juez, y lo que hace esta reforma judicial es abrir la puerta a personas oportunistas”. Una vida judicializada La burocracia en los juzgados no solo implica una larga espera para que un asunto se resuelva, también tiene una afectación directa en la vida de las personas. La de Cristina ya no es una vida normal, es una “vida judicializada”. Así le llama porque todas las decisiones que toma están condicionadas por el proceso legal que inició contra su expareja, a quien acusa de ejercer violencia psicológica contra ella y su hija de 10 años. Ir de viaje o salir con otra persona son cosas que ya no hace con libertad. Siempre está pensando si hacer una u otra cosa podría afectar su asunto. No tiene un trabajo fijo porque en ocasiones debe dejarlo todo para acudir a los tribunales a resolver trámites. “Mis decisiones tienen que girar en torno a qué es lo que tengo que demostrar. Decisiones de trabajo, viajes de trabajo, hasta los viajes sociales… en todo tengo que estar pensando ¿de qué manera puede ser tomado todo esto en mi contra?”, comenta Cristina, quien pide anonimato para no afectar su proceso legal. En su lucha legal, Cristina ha recibido el apoyo de la colectiva Cam-Cai, especializada en casos de violencia vicaria. Mildred Sainz, fundadora de la organización, describe el impacto que un proceso legal puede tener en una persona. “Hemos atendido a más de 10 mil víctimas, te puedo decir que una mujer con una vida judicializada falta a su trabajo cuatro veces al mes mínimamente para atender su proceso legal”, refiere Sainz. Cristina lucha para que su expareja no pueda ver a su hija de diez años por violencia que ha ejercido contra la pequeña y contra ella misma, incluso después de haberse separado. Ella pidió a un juzgado familiar una orden de protección para suspender la convivencia del agresor con su hija, tal como lo establece el artículo 71 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Sin embargo, la respuesta fue negativa con el argumento de que la cancelación de este tipo de encuentros no está prevista en el Código Civil de la capital. Al no conseguir la orden de protección, Cristina y su abogada denunciaron al agresor por violencia física en contra de su hija, por un hecho que ocurrió en una de las convivencias autorizadas por el juez. El Ministerio Público emitió una orden de protección para la pequeña y solo se cancelaron las reuniones. Un pequeño triunfo para Cristina, pero no el definitivo. Su objetivo es claro: “Mi expediente está en proceso para encontrar una forma de poner a salvo a mi hija de una manera más tajante”. Por: Alexis Ortiz |
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