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Advierte aspirante a la Rectoría que no se han agotado los recursos legales contra la prórroga al rector de la UV.
A través de un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, la académica precisó que su demanda de amparo fue promovida el 17 de junio, es decir, antes de que la Junta de Gobierno de la UV concediera la prórroga de dos años al actual rector, por lo que no puede afirmarse que dicha acción legal haya sido dirigida específicamente contra esa decisión.
Jueves 03 de Julio de 2025
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- De acuerdo con la doctora Marisol Luna Sosa, aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), aún existen recursos legales vigentes relacionados con el proceso de prórroga otorgado al actual rector Martín Aguilar Sánchez, y desmintió versiones que señalan que todos los amparos interpuestos han sido desechados. A través de un pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria y a la opinión pública, la académica precisó que su demanda de amparo fue promovida el 17 de junio, es decir, antes de que la Junta de Gobierno de la UV concediera la prórroga de dos años al actual rector, por lo que no puede afirmarse que dicha acción legal haya sido dirigida específicamente contra esa decisión. “Es falso que el amparo haya sido interpuesto en contra de la prórroga al rector Aguilar Sánchez. Hay recursos promovidos con anterioridad a esa resolución y, por tanto, no impugna directamente esa decisión. Lo que se busca es garantizar un proceso institucional transparente, legal y con base en los principios de autonomía universitaria”, explicó Luna Sosa. Además, subrayó que el acuerdo emitido por el juez federal que conoció del caso no valida en ningún momento la legalidad de la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno, sino que se limitó a considerar que el juicio de amparo no era la vía procedente, debido a la naturaleza autónoma de la Universidad Veracruzana. “El juez no resolvió el fondo del asunto ni se pronunció sobre la legalidad de la prórroga, sino que declaró improcedente el juicio por considerar que la designación del rector no constituye un ‘acto de autoridad’ en términos del juicio de amparo. Esto no quiere decir que el acto sea legal o correcto, sino simplemente que el amparo no es el medio jurídico idóneo para impugnarlo”, puntualizó la doctora. Según el juzgado, la UV, como universidad autónoma, no ejerce un poder público en los términos establecidos en la Constitución para ser considerada como autoridad responsable en un juicio de amparo, ya que sus decisiones, incluyendo la designación del rector, se toman dentro de un marco de autogobierno, sin una relación de subordinación o imposición hacia los integrantes de la comunidad universitaria. Sin embargo, Luna Sosa afirmó que sí existen otras vías legales y mecanismos institucionales para impugnar decisiones como la prórroga del rector, las cuales están siendo exploradas por diversos actores universitarios inconformes con el proceso. De igual forma, recalcó que otros recursos de amparo fueron promovidos posteriormente a la prórroga otorgada por la Junta de Gobierno, y que esos casos todavía no han sido resueltos ni desechados, por lo que continúa vigente la discusión jurídica en torno a la legalidad y legitimidad del procedimiento seguido por la UV para extender el mandato del rector. La académica reiteró su compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia y el respeto a los principios que rigen a las instituciones de educación superior públicas, y aseguró que su postura no obedece a intereses personales, sino al interés de preservar la vida democrática y autónoma de la Universidad Veracruzana. “Mi interés es exclusivamente académico y universitario. Considero que las decisiones que impactan la vida institucional deben tomarse con apego a los principios de equidad, legalidad y participación. Una universidad fuerte es aquella que se gobierna con claridad, sin ambigüedades ni decisiones apresuradas”, sostuvo. Por último, la académica hizo un llamado al respeto mutuo, al diálogo informado y a no desinformar a la comunidad universitaria respecto a procesos jurídicos en curso, pues estos forman parte del ejercicio ciudadano legítimo en un Estado de Derecho.

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