De Veracruz al mundo
Reconoce CMAS que pérdidas por fugas y conexiones ilegales ascienden a 21 millones de metros cúbicos de agua en Xalapa .
Las autoridades municipales también señalaron que el saqueo del agua no se limita a poblaciones marginadas, sino que grandes empresas refresqueras, cerveceras y cafetaleras también estarían implicadas en el aprovechamiento ilícito del recurso.
Martes 29 de Julio de 2025
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- De acuerdo con datos de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, las pérdidas por fugas y conexiones ilegales ascienden a 21 millones de metros cúbicos de agua. Esta situación no solo representa un reto técnico, sino también un golpe económico a las finanzas del organismo operador. Las autoridades municipales también señalaron que el saqueo del agua no se limita a poblaciones marginadas, sino que grandes empresas refresqueras, cerveceras y cafetaleras también estarían implicadas en el aprovechamiento ilícito del recurso. En este marco, organizaciones ambientalistas han advertido que esta práctica sobreexplota la infraestructura hidráulica y reduce la disponibilidad del agua para el consumo humano. De igual forma, acusan una presunta colusión entre funcionarios públicos y organizaciones privadas. “Los gobiernos se coluden con ese tipo de organización para que ellos extraigan el agua y se venda”, denunció la activista Daniel Sibaja, quien exigió que las autoridades tomen medidas contundentes para frenar el robo del recurso y sancionar a los responsables. El problema persiste sin una estrategia clara de solución, mientras Xalapa enfrenta periodos cada vez más frecuentes de escasez de agua, aseguró. Con relación a este tema, durante el primer semestre de 2024 se detectaron 333 tomas clandestinas de agua adicionales a las reportadas en años anteriores en la ciudad de Xalapa, lo que podría reflejar un incremento en el robo del líquido. De acuerdo con autoridades municipales, aunque el acto representa un delito, no se procede legalmente contra los responsables debido a la presión social que implica actuar en contra de comunidades enteras. “Se nos convierte en un tema político-social, es de todas las comunidades donde atravesamos con la tubería. Es un delito al fin de cuentas, pero si actuamos en contra de ellos lo convertimos en un tema complicado, se politiza todo”, concluyeron.

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