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| La nueva Corte: arranca con menos ministros, disminución de facultades y un rezago de mil 440 casos. | ||||||
| La nueva Suprema Corte inicia funciones con una carga significativa de trabajo pendiente y atribuciones recortadas. A partir de ahora, no solo deberán funcionar con dos integrantes menos, sino que lo harán sin la Primera y Segunda Sala, que desaparecieron debido a la reforma judicial. | ||||||
| Lunes 01 de Septiembre de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Se trata de Hugo Aguilar Ortiz, quién será el próximo presidente del Máximo Tribunal del país; Lenia Batres Guadarrama, autonombrada como “la ministra del pueblo”; la exfiscal Sara Irene Herrerías Guerra; las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf; María Estela Ríos González, exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador; el académico Giovanni Azael Figueroa Mejía; y los abogados Arístides Rodrigo Guerrero e Irving Espinosa Betanzo, todas y todos ellos señalados por su cercanía con la 4T y Morena. El cambio no solo implica la reducción de las y los 11 ministros que hasta el día de hoy resolvían los asuntos de mayor impacto para el país, sino de toda una transformación en el sistema de impartición de justicia, que se verá limitada debido a que ya no cuenta tampoco con diversas atribuciones que tenía en materia constitucional y de amparo, para la protección de los derechos de la ciudadanía. Los cambios estructurales también incluyen a otros órganos del Poder Judicial de la Federación como lo son el Tribunal Electoral y sus Salas Regionales, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -que dejará de existir para dar paso al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial-, así como la mitad de los jueces y magistrados del país. Cambios profundos que fueron impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena para crear la llamada reforma judicial, misma que fue aprobada sin escuchar a las y los impartidores de justicia, que serán removidos de sus cargos, dejando en incertidumbre a las funciones del Poder Judicial de la Federación (PJF). La reforma judicial de AMLO El motivo exacto que llevó al expresidente Andrés Manuel López Obrador a impulsar una reforma al Poder Judicial es aún es incierto. En la clase política mexicana se menciona que su origen podría estar en el proceso de desafuero que sufrió en 2005, cuando la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó por violar un amparo concedido por un juez federal, relacionado con la construcción de una calle para abrir paso a un hospital en la Ciudad de México, razón por la que pidió su desafuero para así poder procesarlo penalmente. También se menciona la serie de resoluciones judiciales que fueron emitidas por jueces y magistrados federales en contra de diversos proyectos emblemáticos de su administración, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, o el freno a diversas reformas constitucionales como la que buscaba que la Guardia Nacional pasará formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y las reformas en materia eléctrica y electoral que fueron frenadas por la Corte. Incluso, aquel 5 de febrero de 2023, cuando durante una ceremonia conmemorativa del 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, supuestamente no se paró ni aplaudió al presidente para recibirlo. Sea cual fuere la razón, el presidente López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de reforma en materia del Poder Judicial a través de la que propuso que se realizará una elección popular para elegir a todos los jueces, magistrados y ministros del país. En aquel entonces, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pidió a las y los legisladores tomar en cuenta a todas las partes de este conflicto. El Congreso de la Unión convocó a los llamados “Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial” para llevarse a cabo del 27 de junio al 9 de agosto de 2024, y plantearon que escucharían a todas las partes para llevar a cabo una reforma integral. Luego de dar por terminados estos foros, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) calificó como “una simulación” dichos foros, al considerar que no se dio la oportunidad de participación a titulares, miembros de la asociación y otras organizaciones, por lo que consideraron que no se cumplieron con los requisitos de consulta parlamentaria. Así, el jueves 19 de agosto de 2024, las y los trabajadores del PJF decidieron iniciar un histórico paro nacional de labores para manifestarse en contra de la reforma judicial del entonces presidente López Obrador. Días después, el 21 de agosto, se sumaron los jueces y magistrados federales de todo el país. Durante semanas, las y los juzgadores se manifestaron en diversos estados del país y ante diversas autoridades, en busca de ser escuchados, pero luego de semanas de protestas el Congreso de la Unión aprobó en todos sus términos la reforma judicial, misma que fue publicada por el presidente López Obrador el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De esta forma, y a pesar de que las y los juzgadores interpusieron diversos amparos y recursos jurídicos en busca de que la Suprema Corte frenará la reforma constitucional, el pasado 1 de julio de 2025 se llevaron a cabo las elecciones en las que la mitad de los jueces y magistrados federales y la totalidad de ministros fueron electos mediante voto popular. La transición en la Suprema Corte, entre los ministros salientes y los ministros entrantes, lleva semanas, pero culminará este día, luego de que las y los ministros tomen protesta ante el Senado de la República, quienes ya se repartieron las ponencias que dejan sus antecesores. La nueva Corte, de 11 a 9 integrantes De esta forma, a partir de hoy la Corte pasará a tener una nueva integración de 11 a nueve integrantes del Pleno, quienes durarán en su encargo por un periodo que va de los ocho a los 17 años. Además, a partir de ahora, no solo deberán funcionar con dos integrantes menos, sino que lo harán sin la Primera y Segunda Sala, que desaparecieron debido a la reforma judicial, pero que eran los órganos en los que se resolvían la mayor cantidad de asuntos por semana. Los nuevos ministros de la Suprema Corte, quienes resultaron electos mediante voto popular en los comicios judiciales, recibirán de sus predecesores un total de mil 440 asuntos pendientes de resolución, aunque ya señalaron que para combatir el rezago regresarán diversos asuntos a tribunales y juzgados para que sean estos quienes resuelvan los pendientes, aunque muchos de ellos no tengan experiencia en la función jurisdiccional. Además, la Corte tendrá una presidencia que rotará cada dos años atendiendo a la cantidad de votos obtenidos en la elección, mismos que ya no tendrán incidencia en lo que ocurra en los juzgados y tribunales del país debido a que ya no compartirá la presidencia con el CJF, cuyas funciones serán divididas entre el Nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial que tendrán a sus propios magistrados. En el caso del Tribunal de Disciplina, sus cinco integrantes fueron elegidos ya por voto popular en las pasadas elecciones, mientras que en el caso del Órgano de Administración un magistrado será elegido por parte del Poder Ejecutivo, uno por el Senado mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes y tres por el Pleno de la SCJN, con mayoría de seis votos. Otra de las novedades que trajo la reforma judicial y que será implementada a partir de este lunes será la figura de los llamados “jueces sin rostro”, una medida de seguridad impuesta para las personas juzgadoras en casos de delincuencia organizada que busca proteger la seguridad de los jueces en casos de alta peligrosidad, misma que ha sido calificada por diversos especialistas como contraria al debido proceso, los derechos de las víctimas y la transparencia de los procesos penales. Sobre todo, porque el anonimato judicial infringe el derecho a la defensa adecuada y a la igualdad procesal, pues la persona imputada no puede conocer la identidad de quienes la juzgan, mientras que la jurisprudencia internacional ha declarado inconstitucionales los “jueces sin rostro” por violar el debido proceso y la independencia judicial. Por: Alfredo Maza |
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