Ingenieros Civiles piden a diputados certeza jurídica y ‘blindaje técnico’ en ley de infraestructura para el Bienestar

lunes 15 de septiembre de 2025

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Ingenieros Civiles piden a diputados certeza jurídica y ‘blindaje técnico’ en ley de infraestructura para el Bienestar.

El diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de su bancada en San Lázaro, recoge propuestas de expertos y expone la necesidad de México de la inversión privada

Sábado 13 de Septiembre de 2025

Por: CRONICA.

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CDMX.- Una nueva ley de Infraestructura para el Bienestar debe construirse con siete puntos clave, entre ellos certeza jurídica contra saboteo de obras, un plan a largo plazo, al 2050, que contenga los principales objetivos y proyectos de infraestructura, además de un ‘blindaje técnico para asegurar la calidad de los proyectos y minimizar la politización en los trabajos de la Comisión de Infraestructura que se propone, incluso establecer que haya un arbitraje internacional, expusieron integrantes de la cúpula del Consejo de Políticas de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México ante el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

“Primero, indicó, es la asignación de riesgos, planteando que los maneje la parte que esté mejor preparada para evaluarlos y gestionarlos. Segundo, el equilibrio entre el rendimiento económico y los beneficios sociales, para dar certidumbre en los retornos financieros. Tercero, fortalecer a la Comisión de Infraestructura propuesta, con un ‘blindaje’ técnico para asegurar la calidad de los proyectos y minimizar la politización en los trabajos de la comisión”, expuso.

Reyes Juárez del Ángel mencionó como punto cuarto la planeación rigurosa y visión de largo plazo como fundamentales para considerarse; quinto, los problemas de liberación del derecho de vía, proponiendo trámites y pagos, para evitar sobrecostos y saboteo de obras; sexto, arbitraje internacional, incluyendo mecanismos claros para solución de controversias que den certeza jurídica a inversionistas globales; y séptimo, dejar explícito en el Reglamento ciertos aspectos que no están en la Ley y que deben corresponder a dicha norma.

El experto reconoció aciertos en la iniciativa de ley. Subrayó que se tenga la prioridad en el bienestar social; la transparencia en la gestión de recursos; el impulso al desarrollo regional equitativo y que ofrece un marco legal simplificado, que agiliza los procesos de aprobación y ejecución de proyectos.

Al exponer la iniciativa, Ramírez Cuéllar reiteró la necesidad de detonar una mayor inversión privada, así como atender la parte de infraestructura que está más vinculada a los problemas cotidianos de las personas en las colonias, los municipios y las entidades del país.

“Hay grandes exigencias en materia presupuestal, así como un nuevo esquema donde la mayor parte de las obras en las entidades se deciden de manera directa en la federación, y muy poca capacidad financiera de los estados y los municipios para ello”.

El líder parlamentario detalló que se prevén distintas modalidades en el proyecto de Ley General de Infraestructura para el Bienestar.

“La esperanza está en aumentar la inversión privada”, al mismo tiempo que fortalecer la capacidad de inversión del Estado mexicano, “pero muchos de estos factores nos indican que la inversión privada debe tener una mayor relevancia”, puntualizó.

También aseguró que la desaparición de las Asociaciones Público-Privadas (APP) no llevará a la anulación de todo lo que tenga que ver con una asociación entre inversiones públicas y privadas, y lo que se busca es superar la inexistencia de canales o de vías de remediación o solución a los excesos anteriores, por lo que habrá que precisar en la Ley o en el Reglamento los temas del retorno de las inversiones y el establecimiento de los riesgos.

El legislador morenista se reunió este sábado con el Consejo de Políticas de Infraestructura y el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), con el fin de intercambiar puntos de vista sobre el proyecto de la ley general de Infraestructura para el Bienestar, en cuya sesión se presentaron aciertos y siete puntos clave para asegurar el éxito en la atracción de inversiones en el marco de la próxima discusión por esta iniciativa.

El empresario Alfredo Elías Ayub, coordinador del CPI México, señaló que tanto el CICM como el Consejo de Políticas de Infraestructura, comparten su preocupación respecto al fin social de la infraestructura, que produzca un beneficio tangible y real a la gente.

Para el hombre de negocios, destaca la importancia de que se debata en torno a un plan de infraestructura a largo plazo, al 2050, que contenga los principales objetivos y proyectos de infraestructura.

“Se requiere saber los proyectos que se van a ir desarrollando sexenio tras sexenio, y cuáles son las políticas públicas que permitan que se hagan realidad”.

Reyes Juárez del Ángel, coordinador de Grupos de Trabajo del Consejo de Políticas de Infraestructura, reconoció aciertos en la iniciativa de Ley, como la prioridad en el bienestar social; la transparencia en la gestión de recursos; el impulso al desarrollo regional equitativo y que ofrece un marco legal simplificado, que agiliza los procesos de aprobación y ejecución de proyectos.

Juárez del Ángel, quien también es vicepresidente de Planeación y Prospectiva del XL Consejo Directivo del CICM, presentó siete puntos fundamentales en el proyecto para expedir la nueva ley general de Infraestructura para el Bienestar, cuyo objetivo, dijo, es “asegurar el éxito y la atracción de la inversión”.