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| Acusan a empresa de ex diputado del PAN por usar amparos para evadir justicia ambiental. | ||||||
| “El 30 de julio de 2025, la FGR en Guanajuato llevó a cabo un operativo en el predio La Rosita, donde la empresa Loma de Irapuato ha impulsado ilegalmente el fraccionamiento denominado La Cucursola, concluyendo con el aseguramiento del inmueble por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”, recordó el activista. | ||||||
| Domingo 14 de Septiembre de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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“El 30 de julio de 2025, la FGR en Guanajuato llevó a cabo un operativo en el predio La Rosita, donde la empresa Loma de Irapuato ha impulsado ilegalmente el fraccionamiento denominado La Cucursola, concluyendo con el aseguramiento del inmueble por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”, recordó el activista. Para frenar la acción de la justicia ambiental, la empresa interpuso las demandas de amparo 1315/2025-I y 1115/2025 radicadas en el juzgado primero de distrito y el expediente 1149/2025 en el segundo de distrito, detalló. “Estos amparos buscan entorpecer el trabajo de la Fiscalía General de la República y retrasar el proceso de justicia ambiental que demanda la sociedad guanajuatense”, recriminó. Agregó que se trata de una estrategia ya conocida: el uso instrumental del Poder Judicial por parte de intereses privados para frenar la aplicación de la ley ambiental. “No es la primera vez que Loma de Irapuato recurre al amparo para sustraerse de la justicia”, aseguró Gustavo Lozano. Recordó que en el año 2020, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró parcialmente las obras de La Cucursola, pero Loma de Irapuato promovió el amparo 145/2020 en el juzgado segundo de distrito en Guanajuato. El amparo fue concedido. “Aunque la sentencia aclaró que la Profepa podía realizar nuevas inspecciones y volver a imponer medidas de seguridad, dicha actuación nunca ocurrió”, remontó. Con el amparo, la empresa continuó con el desarrollo y la venta de predios sin contar con autorizaciones legalmente válidas, lo que generó una impunidad ambiental en la Sierra de Santa Rosa, puntualizó. “La historia parece repetirse: la empresa pretende escudarse nuevamente en el amparo para eludir el escrutinio penal, desacreditando así el sentido real de este instrumento constitucional, que fue diseñado para la defensa de los derechos humanos y no para legitimar la impunidad”, recriminó. Hay un uso abusivo del juicio de amparo como mecanismo dilatorio y de obstaculización de la justicia para frenar un desarrollo que es uno de los mayores atropellos ambientales del estado, reprochó. “Hacemos un llamado a las y los jueces de distrito a que actúen con independencia, rigor técnico y perspectiva ambiental, reconociendo el derecho humano a un medio ambiente sano y evitando que el Poder Judicial se convierta en un refugio para quienes destruyen el patrimonio natural de Guanajuato”, concluyó. |
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