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XALAPA.- De acuerdo con la Coalición de Pensionistas Independientes de Veracruz (Copipev), tras nueve años de investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó que los delitos relacionados con el saqueo al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) prescribieron, y que no existe daño patrimonial, pese a las 141 pruebas presentadas por los jubilados. Los inconformes señalaron que la FGE basó su resolución únicamente en una auditoría, dejando de lado la documentación aportada. “Es inaudito que sea el propio Estado, víctima del saqueo, quien prefiera convertirse en cómplice al callar o frenar las investigaciones”, reprocharon este miércoles en el centro de Xalapa. En ese tenor, los pensionados denunciaron un “desgaste intencional” contra los adultos mayores, ya que al promover impugnaciones en juzgados federales enfrentan constantes cancelaciones y retrasos en las audiencias. Aseguraron que los delitos están vinculados con el desvío de más de 2 mil 200 millones de pesos de la reserva técnica del IPE durante la administración del exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa. Los integrantes de Copipev advirtieron que su lucha no terminará con la jubilación. “No importa cuántos partidos lleguen al poder ni cuántas transformaciones ideológicas se anuncien, si el Estado sigue actuando como en 2015 o 2016, con complicidad e impunidad, el saqueo a Veracruz continuará impune”, denunciaron. Recordaron que en 2016 se autorizó indebidamente utilizar recursos de la reserva técnica para solventar gasto operativo, cuando por ley debía destinarse exclusivamente al pago de pensiones. “Ese dinero ya estaba aprobado en el presupuesto anual de 2016. Utilizan la reserva y nunca se aclaró qué pasó con lo que se llevaron. ¿A quién se le comete ese delito? Al patrimonio del Estado”, acusaron. De acuerdo con los afectados, parte del dinero también se entregó a sindicatos sin justificación ni transparencia en los montos. Además, recordaron las agresiones sufridas en diciembre de 2015 en Plaza Lerdo, cuando protestaban por retrasos y suspensiones en sus pagos. Por estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó en 2018 que se violaron los derechos de los jubilados y, en 2019, el gobierno estatal ofreció una disculpa pública. No obstante, hasta la fecha, no se han fincado responsabilidades a funcionarios de alto nivel, pues únicamente se han procesado a mandos medios y menores de la policía. Así las cosas.
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