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| Revocan suspensión a ‘casa de descanso’ de la Sedena en Bacalar; dos magistrados electos votaron a favor. | ||||||
| La magistrada Lina Victoria Bolio Pasos y el magistrado Aaron Alberto Pereira Lizama, ambos preferentes en la elección del Poder Judicial del 1 de junio, votaron a favor de la revocación de la suspensión a la ‘casa de descanso’ de la Sedena. | ||||||
| Domingo 16 de Noviembre de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La revocación se votó y aprobó en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún compuesto por los magistrados Teddy Abraham Torres López, Aaron Alberto Pereira Lizama y la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos. Durante la sesión, fue la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos y el magistrado Aaron Alberto Pereira Lizama, ambos electos en la elección del Poder Judicial, quienes votaron a favor de esta revocación. El único que votó en contra de esta decisión fue el magistrado Teddy Abraham Torres López quien en su currículum muestra un historial en carrera judicial con capacitaciones, cursos y herramientas que ha tomado en esta materia. El magistrado Torres López estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, de 1995 a 2000, y cuenta con un doctorado en Derechos Humanos, en la Universidad del Sur. José Mario de la Garza, abogado especialista en litigio estratégico en Proyecto de Justicia Común (PROJUC), una iniciativa ciudadana y juvenil de justicia en México, evidenció en su cuenta en X, antes Twitter, las consecuencias del nuevo Poder Judicial de la Federación ante el caso de la Laguna de Bacalar. “Un tribunal que ya no garantiza imparcialidad, que se inclina abiertamente a favor de la SEDENA y en contra de la Constitución, incluso desconociendo criterios firmes de la Suprema Corte”, escribió. El amparo que intenta defender a la Laguna de Bacalar La suspensión emitida por un juez a la ‘casa de descanso’ de la Sedena se otorgó luego de que la iniciativa PROJUC y la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentaron un juicio de amparo para proteger el ecosistema kárstico, frágil y único de la Laguna de Bacalar ante la construcción irregular a cargo de la Sedena para una supuesta “casa de descanso” militar. La suspensión fue otorgada por orden de un juez porque la obra tenía irregularidades ambientales serias. El abogado señaló que revocar esta suspensión alegando “falta de interés legítimo” para conseguir esta medida cautelar es una interpretación regresiva y jurídicamente insostenible. También recordó que, incluso, la Suprema Corte ha establecido que en materia ambiental debe flexibilizarse el acceso al amparo para garantizar la protección de los ecosistemas y la participación de la ciudadanía en la justicia ambiental. En entrevista para Animal Político, el abogado José Mario de la Garza explicó que la casa de descanso que está construyendo la Sedena en Bacalar tiene serias irregularidades en materia ambiental. Pese a eso, la Sedena argumentó que no se necesita una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). “Presentaron y obtuvieron de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una extensión de la MIA, porque solamente eran obras de remodelación, lo cual es totalmente falso”, declaró. El abogado explicó que tras presentar esta demanda y consiguieron que el juez Primero de Distrito en Quintana Roo, con sede en Chetumal, les concediera una suspensión, primero provisional y luego definitiva, para que la Sedena y las autoridades se abstuvieran totalmente de seguir con la construcción de la casa de descanso. De la Garza añadió que esta suspensión definitiva fue concedida por un juez de distrito que tuvo que salir por la reforma judicial. Sin embargo, antes de que entraran los nuevos juzgadores, el juzgador de distrito otorgó la suspensión definitiva y, con ella, ordenó de oficio la elaboración de diversas pruebas periciales en materia ambiental para tener acreditado el daño ambiental en la Laguna de Bacalar. “Conforme a criterios firmes de la Suprema Corte, el juez tomó esta determinación de oficio y requirió el nombramiento de un perito oficial; actos que pocas veces se ven dentro del Poder Judicial y es tomarse muy en cuenta la defensa y garantía a un medio ambiente sano”, señaló. Pese a las suspensiones concedidas a la asociación DMAS y PROJUC, el abogado comentó que la Sedena realizó intentos fallidos para revocar la suspensión al presentar un incidente de revocación de la suspensión, el cual perdió porque no tenía una base jurídica. Asimismo, impugnó un recurso de revisión que llegó al Primer Tribunal Colegiado integrado, actualmente, por tres magistrados, de los cuales una magistrada electa que fue la ponente del proyecto y otro magistrado, quien fue electo favorecido por los acordeones del Poder Judicial y resultó electo. Sin experiencia judicial magistrados que votaron por revocación El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en Cancún, Quintana Roo, está compuesto por los magistrados Teddy Abraham Torres López, Aarón Alberto Pereira Lizama y la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos. Según la información albergada en el sitio del Instituto Nacional Electoral (INE) para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación, la magistrada Lina Victoria Bolio Pasos es licenciada en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal, en su trayectoria académica señala que cuenta “con formación sólida y enfoque en legislación fiscal y administrativa”. En cuanto a cursos, talleres, seminarios y especializaciones la magistrada presentó en su perfil contar con un diplomado en Juicio de Amparo Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de la Casa Jurídica; un diplomado en Hacienda Pública Municipal Secretaría de gobernación a través del INAFED y un diplomado Derechos Humanos Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de la Casa Jurídica. Los cursos que ha tomado son de Derecho Agrario a través de Lawgic y uno más de Juicio de Nulidad Federal a través de Addefectum Abogados. De acuerdo con el currículum que presentó para la candidatura en la elección del Poder Judicial Federal, la magistrada Bolio Pasos señaló en su trayectoria tener solo experiencia en materia jurídica como titular de la Unidad Jurídica de la Tesorería del Ayuntamiento del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo al dar acompañamiento en la toma de decisiones administrativas, entre otras actividades. Ante esto, el abogado José Mario de la Garza subrayó que la magistrada que compitió por el cargo de Magistraturas de Tribunales Colegiados de Circuito en el estado “no tiene experiencia en materia judicial”. Otro de los magistrados señalados es Aarón Alberto Pereira Lizama quien en la elección del Poder Judicial compitió por el cargo de Magistraturas de Tribunales Colegiados del Circuito Quintana Roo. Pereira Lizama fue señalado por ser uno de los candidatos beneficiados en la distribución de los acordeones electorales, previo y durante la jornada electoral del 1 junio de 2025. El número que le fue asignado en la boleta fue el 27. El magistrado Aarón Alberto Pereira Lizama es licenciado en Derecho con maestría en Derecho Procesal Civil y doctorado en Derecho Penal. Cuenta con un diplomado sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, Desde la Perspectiva Constitucional. Además, tomó un taller de Sensibilización en Derechos Humanos, un programa de actualización en Materias Mercantil, Civil y Familiar Género como Herramienta para la Igualdad y un curso de Extinción de Dominio. En su visión de impartición de justicia el magistrado declaró que “la persona juzgadora debe siempre proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, nunca debe olvidarse que es parte de la sociedad, pero, además, debe conocer los problemas del pueblo para que al momento de dictar sus sentencias lo haga con la mayor protección y cuidado a favor de todas las mexicanas y los mexicanos buscando siempre la justicia social”. La magistrada Lina Victoria Bolio Pasos también fue señalada por ser una de las favoritas en el acordeón de las elecciones judiciales para ser electa, como informó el medio local Caribe Peninsular. El número de lista que le fue asignado fue el 3, según la ficha de la persona candidata del INE. José Mario de la Garza, declaró a ese medio que el otorgar una revocación a la suspensión de las obras ilegales de la Sedena es la consecuencia más clara y previsible de la Reforma Judicial en cómo personas que no tienen experiencia en materia judicial y jurídica llegan a órganos terminales como son los Tribunales Colegiados que resuelven temas trascendentales como la Laguna de Bacalar. “Más preocupante aún, resulta que magistrados de carrera [como Aaron Alberto Pereira Lizama] que resultó beneficiado de los acordeones judiciales vota a favor de este proyecto, siendo una persona de carrera judicial que conoce los criterios de la Suprema Corte de y que aplican en materia medioambiental”, subrayó. En cambio, el magistrado Teddy Abraham Torres López fue el único en votar en contra de este proyecto de revocación. “Es una consecuencia de los efectos de la reforma judicial, el Tribunal Colegiado prefirió sacrificar el derecho humano a un medio ambiente sano de toda la comunidad de Bacalar y en general de la población de Quintana Roo para beneficiar los intereses de la Sedena”, exhortó el abogado De la Garza. Por: Verónica Santamaría |
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