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XALAPA.- Aunque podría terminar como los llamados a misa, a los que solo les hace caso el que quiere, la Contraloría General del Estado publicó un nuevo Código de Ética para el Poder Ejecutivo, el cual será de cumplimiento obligado en el desempeño de los servidores públicos. En el documento, se considerará como una falta el hecho de evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. El contralor Ramón Santos Navarro señaló que el Gobierno del Estado tiene la obligación de promover y garantizar una cultura ética, erradicar la corrupción en las instituciones públicas y hacer bien el trabajo gubernamental en el entorno de integridad pública, respeto a los derechos humanos, honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas; de igual forma, evaluar constantemente las acciones para la mejora continua de la gestión pública que generen resultados e impacte positivamente en la calidad de los bienes y servicios que se entregan a la población veracruzana. Igualmente se sancionará a quien deje de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confiere la normativa aplicable; también por utilizar las atribuciones de su empleo, cargo, comisión o función para beneficio personal o de terceras personas. El Código prohíbe beneficiar a personas u organizaciones a cambio de recibir dinero, dádivas, obsequios, regalos o beneficios personales o para terceras personas; y practicar proselitismo en su horario laboral u orientar su desempeño laboral en actividades político-electorales. También se considera falta hacer uso de los recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados; asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables; permitir que el personal subordinado incumpla total o parcialmente con su horario laboral, sin causa justificada; También realizar actividades particulares en su jornada laboral que contravengan las medidas aplicables para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos; discriminar de cualquier forma a toda persona en general; o abstenerse de establecer medidas preventivas al momento de ser informado por escrito como superior jerárquico de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés. Así las cosas.
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