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| ANTAC exige fiscalía especializada en delitos carreteros. | ||||||
| Las cifras aportadas por el dirigente señalan además que desde 2024 entre 15 y 20 conductores están desaparecidos. | ||||||
| Jueves 01 de Enero de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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El presidente de la agrupación, David Estévez Gamboa, consideró necesaria la creación de un área de atención especial en la que transportistas víctimas de atracos y otros ilícitos puedan denunciar con mayor facilidad y que las investigaciones se aceleren para dar con los responsables de los atracos. Las cifras aportadas por el dirigente señalan además que desde 2024 entre 15 y 20 conductores están desaparecidos. Estévez Gamboa sostiene que esos casos requieren una respuesta específica en la Fiscalía General de la República (FGR), con recursos y personal debidamente capacitado, capaz de diferenciar la naturaleza de los hechos vinculados al autotransporte federal. El gremio denuncia que la falta de una estructura institucional y protocolos especializados limita de manera drástica las posibilidades de acceso a la justicia para las empresas independientes y para el grueso del sector. La burocracia, la fatiga de denunciar y la carencia de acompañamiento jurídico abren la puerta a la impunidad. Más allá de la primera denuncia, el desenlace de cada caso depende casi por completo del seguimiento activo, en el que la experiencia muestra que, sin una fiscalía propia, las posibilidades de éxito real no superan el 10 por ciento. La fragmentación normativa en México complica aún más la situación. Numerosos ilícitos contra transportistas son competencia federal y, por tanto, responsabilidad directa de la Fiscalía General de la República; sin embargo, existen rutas estatales y vecinales donde los hechos pasan al fuero común, generando conflictos de competencia y originando retrasos innecesarios. La organización aconseja a sus miembros documentar los ilícitos mediante denuncias formales, aportando el mayor número de pruebas, pero admite que la falta de una ruta institucional acaba por disminuir el porcentaje de casos resueltos. Posturas divididas entre las agrupaciones transportistas La demanda de la ANTAC ha provocado reacciones divergentes al interior del sector, sobre todo respecto al verdadero impacto que tendría crear una nueva fiscalía. La Federación de Transportistas Mexicoamericana de Carga, Pasaje y Turismo (FETRAMEX), encabezada por Ángel Navarro Estrada, considera innecesaria la creación de una nueva instancia. Navarro sostiene que ya existen áreas enfocadas en el robo de vehículos en la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), las cuales pueden ser eficaces si los procesos se acompañan de pruebas sólidas y perseverancia jurídica. En su experiencia, el éxito judicial depende de la minuciosa integración de pruebas como georreferencias, bitácoras de trayecto y declaraciones detalladas de los operadores afectados. El compromiso y la presión permanente, dijo, logran que las autoridades ejecuten órdenes de aprehensión y apliquen sanciones ejemplares. “Hay un catálogo de fotos de todos los detenidos, y cuando reinciden ya existe la orden de aprehensión que puede llevar a penas de hasta 30, 40 o 50 años. Nosotros no soltamos la denuncia hasta que el Ministerio Público confirma la detención. Si se hace el trabajo adecuadamente, las autoridades actúan”, afirma Navarro Estrada. Sin embargo, reconoce que no todos los transportistas ni gremios cuentan con asesoría suficiente ya que las mismas organizaciones no litigan, por lo que la mayoría abandona los procedimientos y termina desistiendo antes de lograr avances. Origen histórico, desafíos institucionales y efectos El sistema judicial mexicano está marcado desde hace años por la fragmentación, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, factores que han dejado al sector autotransporte vulnerable. El aumento sostenido de agresiones y el número grave de desapariciones han motivado a las organizaciones a exigir mecanismos de atención diferenciada, como el registro unificado de bandas y rutas de alto riesgo, además de cuerpos ministeriales especializados. A pesar de las demandas, una fiscalía específica, aclara el líder de la ANTAC, debe surgir acompañada de recursos, capacitación y protocolos claros de coordinación interestatal y nacional. Sin estos factores, la nueva instancia puede replicar las deficiencias actuales. El punto central del debate es lograr que las denuncias no se rezaguen ni diluyan en la maraña burocrática. El sector transporte, vital para la economía mexicana y el bienestar de miles de familias, requiere respuestas inmediatas y efectivas que reduzcan no solo el índice de impunidad sino también el número de desaparecidos. La urgencia de establecer una Fiscalía Especializada en Delitos en Carretera sigue en el centro de la agenda de ANTAC y de aquellas agrupaciones que identifican en la impunidad y el riesgo diario uno de los principales desafíos para la seguridad y la estabilidad del gremio. El futuro inmediato del sector se juega en su capacidad para ampliar el porcentaje de judicialización, consolidar esquemas de investigación especializados y exigir que las autoridades estatales y federales cumplan con protocolos modernos y efectivos. Las posturas de la ANTAC y FETRAMEX continúan evidenciando la compleja realidad que enfrentan los operadores y las empresas transportistas en el país. Persiste robo a transporte de carga Las cifras oficiales más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirman que el robo al transporte de carga continúa siendo uno de los delitos más frecuentes y violentos en México durante 2025, pese a ligeras reducciones respecto al año previo. Durante el primer bimestre del presente año, autoridades federales registraron mil 806 carpetas de investigación por robo al autotransporte de carga. De acuerdo con la SSPC, el 59.5 por ciento de estos casos fue atendido por fiscalías estatales, mientras que el restante 40.5 por ciento quedó bajo investigación federal. El dato más alarmante es que 81.8 por ciento de los robos se cometieron con violencia, lo que refleja el riesgo persistente para los operadores y empresas de transporte. Al compararse con el mismo periodo de 2024 —cuando se contabilizaron 2 mil 41 carpetas—, el delito muestra una disminución de 11.5 por ciento, aunque esta baja no cambia el panorama general: el robo de carga sigue concentrado en las mismas entidades y bajo las mismas dinámicas de agresión directa a los conductores. En cuanto a la distribución geográfica de los asaltos, las cifras oficiales revelan que el Estado de México encabeza la incidencia, con 29.2 por ciento del total nacional. Le siguen Puebla, con 19.7 por ciento; Guanajuato, con 214; Michoacán, con 187; y Jalisco, con 142. Entre estas cinco entidades se agrupa más del 70 por ciento del robo de carga en el país, lo que evidencia una clara concentración territorial del delito en corredores logísticos estratégicos. Aun con la reducción oficial, los operadores y agrupaciones, como la ANTAC, resaltan la urgencia de un esquema especializado ante la persistencia del fenómeno en tramos considerados de alto riesgo. |
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