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XALAPA.- Como si le hiciera un favor a los veracruzanos, cuando lo que deben hacer es evitar que se violenten los derechos humanos, la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que su administración marcará un cambio institucional en la relación de la Fiscalía con los organismos de derechos humanos, al dejar atrás la práctica de rechazar recomendaciones y comenzar a aceptarlas como parte de una nueva política interna. Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado, la titular de la Fiscalía afirmó que desde su llegada ordenó revisar de fondo las recomendaciones emitidas. “Tengo un firme compromiso con los Derechos Humanos y el Estado constitucional de derecho, es por ello que desde el momento de mi llegada a la institución me encuentro atendiendo y revisando los términos de las diversas recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por el organismo local. “Aceptando en este breve periodo las recomendaciones 143/2025, 142/2025 y 79/2025”, aseguró en el texto inicial de su comparecencia ante el Congreso. Al informar sobre lo realizado por la institución durante el ejercicio 2025. Jiménez Aguirre presentó un plan de trabajo basado en tres ejes: modernización institucional, optimización operativa y coordinación interinstitucional. Entre las acciones destacadas mencionó un convenio con el Poder Judicial para agilizar órdenes de cateo mediante una ventanilla virtual, así como el acuerdo 01/2026 para facilitar la entrega de cuerpos identificados y despresurizar los servicios forenses. En materia de búsqueda de personas, informó de la ampliación de personal en la Fiscalía especializada, el fortalecimiento del parque vehicular y la atención directa a colectivos. También reportó cambios de adscripción en áreas estratégicas tras recorridos en las siete fiscalías regionales y un plan para abatir órdenes de aprehensión pendientes. En resultados, señaló el cumplimiento de 95 mandamientos por homicidio doloso, la ejecución de 140 cateos con 90 detenciones y 74 vinculaciones a proceso, así como 264 órdenes de aprehensión cumplimentadas por diversos delitos. Añadió que se impulsa un proyecto de Carpeta de Investigación Digital y una plataforma para constancias de extravío en línea. La fiscal sostuvo que estas acciones forman parte de un proceso de reordenamiento interno orientado a modificar prácticas institucionales, fortalecer la rendición de cuentas y alinear la actuación de la Fiscalía con los estándares en materia de derechos humanos.
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