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| Trabajadores gubernamentales en Nayarit reclaman adeudos salariales; acusan la criminalización de su protesta. | ||||||
| Los empleados denuncian incumplimiento sistemático en el pago de prestaciones laborales como aguinaldo y fondo de ahorro por parte del ayuntamiento de Tuxpan y del gobierno de Nayarit. | ||||||
| Domingo 25 de Enero de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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La movilización forma parte de un conflicto en el que los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM) acusan un desalojo violento de un plantón pacífico en la madrugada por elementos policiacos y la posterior imputación de delitos graves a cinco manifestantes. De acuerdo con información difundida por el sindicato, desde el sábado, más de 500 trabajadores salieron de la plaza principal de Tuxpan, Nayarit, por la carretera internacional, con la intención de llegar a la capital de la entidad el lunes 26 de enero, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y al Palacio de Gobierno. Los trabajadores denuncian incumplimiento sistemático en el pago de prestaciones laborales como aguinaldo, primas y fondo de ahorro por parte del ayuntamiento de Tuxpan y del gobierno de Nayarit. El sindicato protesta también contra lo que califica como una campaña de “criminalización de la protesta social”, derivada de procesos judiciales contra algunos de sus agremiados y advertencias públicas por parte de la fiscalía. Los trabajadores señalan que la caminata evidencia un fracaso institucional debido a que el gobierno ha ignorado sus derechos. El líder sindical Óscar Cedano consideró como grave el conflicto y advirtió que se han agotado las vías institucionales. Reclamo de trabajadores escala a nivel judicial El conflicto laboral ha escalado al judicial. El sindicato acusa una estrategia gubernamental de desgaste y represión, principalmente por un proceso judicial contra cinco de sus miembros: María del Consuelo Llanos Esquivel, Luz Adriana Rodríguez Rodríguez, Héctor Manuel Rojas Peña, Fredy Martín Luna Pérez, y Ubaldo Ayax Fabian Guzmán. Los delitos de los que se les acusa son ataques a las vías de comunicación, coalición de servidores públicos y apología del delito, luego de participar en una manifestación el 16 de octubre de 2025. Entre las medidas impuestas a los trabajadores están la suspensión del 60 % de su salario, el pago de una fianza de 7 mil pesos, la obligación de firmar en el juzgado cada 15 días y la prohibición de salir de la entidad y de participar a cualquier manifestación convocada por el sindicato. Cedano considera este proceso como “ilegal”. Argumenta que la determinación judicial ignora un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Señala un caso similar en Jalisco, en el que el Máximo Tribunal declaró inconstitucional el delito de “ataques a las vías de comunicación” si se ejerce en el marco de la protesta social. Negación de reconocimiento al sindicato De forma paralela, el sindicato no ha recibido la toma de nota debido a lo que Cedano califica como “argucias legales”. Eso derivó también en protestas de los trabajadores, primero frente al Instituto de Justicia Laboral Burocrática de Nayarit y luego ante el Palacio de Gobierno. Según la sentencia del juicio de amparo indirecto 340/2025, el Juez Segundo de Distrito en Nayarit determinó que la autoridad laboral incurrió en una omisión ilegal al no emitir una resolución sobre la solicitud de la directiva sindical. Sin embargo, el juez no ordenó entregar la toma de nota y resolvió que la autoridad violó la Constitución y la legislación laboral local debido a que la Sala de Conflictos Colectivos no emitió la resolución correspondiente y le ordenó hacerlo. Advertencias de la Fiscalía En este contexto del conflicto laboral, la Fiscalía General de Nayarit ha difundido mensajes a través de sus redes digitales sobre las consecuencias penales de bloquear vialidades. El 16 de enero, con el título “Cuidado, puedes caer en un delito”, la dependencia advirtió que la obstrucción de vialidades puede acarrear penas que van desde “cinco días hasta 10 años” de prisión. Ese mismo día, en un segundo mensaje, exhortó a la ciudadanía a manifestarse “por la vía pacífica y sin dañar a terceros mediante bloqueos carreteros”. Reiteró que esas acciones están penadas por la ley. Animal Político buscó un posicionamiento del gobierno de Nayarit a través de su área de comunicación. En una respuesta inicial, esa oficina defendió apertura y respeto a los derechos de los trabajadores: “El Gobierno del Estado de Nayarit es respetuoso de la libre manifestación, la cual constituye un derecho de las y los trabajadores. De manera permanente se mantiene una política de diálogo abierto, escucha y atención a sus planteamientos, privilegiando siempre las vías institucionales para la construcción de acuerdos”. Ante el cuestionamiento sobre las acusaciones de criminalización de la protesta por parte del sindicato, la deuda laboral y la vinculación a proceso de cinco trabajadores, no hubo respuesta. Por: Andro Aguilar |
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