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XALAPA.- De acuerdo con el alcalde de San Rafael, Gil Armando Méndez Grappin, una auditoría del Ayuntamiento detectó presuntas ventas y donaciones de bienes inmuebles municipales sin respaldo documental en la administración pasada, por lo que solicitó al Congreso del Estado información para confirmar si existieron autorizaciones legales. El edil señaló que los hallazgos preliminares apuntan a un presunto “cártel inmobiliario” y que, una vez que reciba la documentación requerida, hará públicos los resultados. “Con la auditoría nos encontramos un posible ‘cártel inmobiliario’ en San Rafael; estamos pidiendo información al Congreso, la siguiente semana tendremos respuestas y lo haremos público”, aseguró Méndez Grappin a través de sus redes sociales. De acuerdo con una fuente cercana al Ayuntamiento, una de las operaciones observadas se registró en 2023, durante el periodo del entonces alcalde Héctor Lagunes Reyes, cuando presuntamente se habría donado o vendido una vivienda propiedad del municipio, en la colonia Fidelidad, a un empleado adscrito al área de Parques y Jardines. La fuente indicó que, al revisar los archivos de la administración actual, no se localizó el acta de Cabildo que autorizara la enajenación. Por lo anterior, el actual Ayuntamiento pidió al Congreso del Estado confirmar si existe algún registro que avale el procedimiento. Pese a esa falta de documentación, la vivienda habría sido certificada por un notario público como propiedad privada, sin constancia de desincorporación del patrimonio municipal por acuerdo de Cabildo. Posteriormente, el inmueble habría sido vendido a un tercero por la persona a la que presuntamente se le otorgó. Como antecedente, la fuente señaló que la casa era utilizada por el municipio para hospedar a profesores que llegaban a impartir clases de francés, en referencia al origen del municipio como colonia francesa. La misma fuente agregó que en la administración anterior también se habrían vendido terrenos municipales a particulares que realizaron depósitos en la Tesorería; sin embargo, en los expedientes revisados no se encontraron contratos, acuerdos de Cabildo ni registros oficiales que respalden esas operaciones. Méndez Grappin sostuvo que, tras recibir la información solicitada al Congreso, su gobierno definirá si procede con acciones legales por posibles responsabilidades administrativas o penales. Así las cosas.
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