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| Defensa de funcionaria de Monterrey impugna prisión preventiva de la FGR. | ||||||
| Así lo dieron a conocer a través de una rueda de prensa, en donde el abogado de la servidora pública, Ever Daniel Montiel, argumentó que no existen pruebas suficientes para su detención, argumentando que la orden de aprehensión tenía que ser acreditada previamente por un juez en caso de que ella estuviera evadiendo las acciones judiciales. | ||||||
| Miércoles 04 de Marzo de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Así lo dieron a conocer a través de una rueda de prensa, en donde el abogado de la servidora pública, Ever Daniel Montiel, argumentó que no existen pruebas suficientes para su detención, argumentando que la orden de aprehensión tenía que ser acreditada previamente por un juez en caso de que ella estuviera evadiendo las acciones judiciales. Además, indicó que cuando se le acusó de extorsión durante 2024, aún no se aprobaba la reforma al artículo 19 de la Constitución (que fue hasta el 31 de diciembre de ese año en la cual entró en vigor), en donde establecen los delitos que automáticamente requieren prisión preventiva. “El Ministerio Público no pudo haber acreditado la necesidad de la cautela (prisión preventiva), porque tendría que hacerle del conocimiento al juez que la persona está tratando de evadir la acción de la justicia o si había sido citada previamente y no hubiera comparecido con la gente del ministerio público o si no se tuviera la manera de localizarla (...)Esta ley (reforma al artículo 19) tampoco le es aplicable (...). No se puede aplicar porque en el momento en que se cometieron los hechos, no estaba vigente”, destacó la defensa de Barrón. La madre de la funcionaria, María Elena Perales, destacó que su detención ocasionó una crisis familiar, luego de que la secretaria fuera detenida en un campo de futbol en donde presuntamente sus hijos vieron la escena. “No existen pruebas realmente con lo que se pudiese acreditar ni el hecho ni la probable participación de la ciudadana (pero) se tiene pruebas de que había drones en el domicilio particular de Karina Barrón. Si ya se tenía el domicilio para localizarla, primero se hubiese mandado citar”, señaló González respecto al caso. En lo que corresponde a la audiencia de vinculación la cual será el próximo sábado 7 de marzo, la defensa de la funcionaria regiomontana y ex candidata al Senado por el PRI-PAN, informaron que si se le vincula, aplicarán recursos legales con el fin de impugnar la sentencia. El 1 de marzo, se dio a conocer la detención de Karina Barrón por presuntamente estar relacionada con los delitos de falsedad de declaraciones y extorsión hacia el senador Waldo Fernández, quien ese mismo día, compartió en sus redes sociales que él había interpuesto la denuncia ante la FGR. Un día después de su detención, un juez federal dictó prisión preventiva en contra de la funcionaria, quien actualmente se encuentra recluida en un centro de reinserción social en Nuevo León, del cual no dieron a conocer su nombre y ubicación. |
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