|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, no quita el dedo del renglón, luego de informar que el gobierno del estado investiga posibles fraudes en trámites relacionados con el registro de propiedades y anunció la recuperación de una vivienda en Xalapa que presuntamente había sido arrebatada a una familia mediante maniobras administrativas ilegales. En ese tenor, el funcionario estatal señaló que el estado intensificó revisiones internas en el Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil luego de detectar indicios de prácticas que podrían estar vinculadas con el cártel inmobiliario. Refirió que hay indicios de que adultos mayores serían particularmente vulnerables ante el “cártel inmobiliario”. De acuerdo con Ahued, las auditorías identificaron posibles alteraciones en registros o procedimientos administrativos que habrían permitido transferencias indebidas de inmuebles o cambios irregulares en documentos de propiedad. “Se han detectado casos en los que grupos de abogados o particulares habrían utilizado mecanismos administrativos para modificar registros o facilitar el despojo de propiedades”, aseguró el secretario al referirse a las investigaciones. Ahued Bardahuil puso como ejemplo el caso reciente en Xalapa, donde autoridades lograron recuperar una vivienda que presuntamente había sido retirada a una familia tras detectarse un posible contubernio entre particulares y personas relacionadas con trámites institucionales. La recuperación del inmueble se produjo después de revisar documentos y registros que presentaban inconsistencias, según explicó el funcionario. El caso forma parte de una revisión más amplia de expedientes relacionados con trámites de propiedad en distintas dependencias estatales. El funcionario estatal señaló que las revisiones administrativas ya derivaron en procesos legales contra algunos servidores públicos presuntamente implicados en prácticas indebidas dentro de las dependencias responsables de los registros. De acuerdo con el funcionario, uno de los expedientes ya condujo a la detención de una persona, quien actualmente enfrenta un proceso judicial. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre la identidad del detenido ni sobre el número total de expedientes abiertos. Sin embargo, el secretario de Gobierno advirtió que las investigaciones continúan y que podrían registrarse más detenciones si se comprueba la existencia de nuevas irregularidades. Durante la revisión de casos, las autoridades estatales detectaron que algunos expedientes involucran a personas adultas mayores, quienes pueden resultar particularmente vulnerables ante cambios indebidos en registros o documentos relacionados con la propiedad de sus bienes. Por lo anterior, el gobierno estatal informó que actualmente se revisan diversos expedientes con el objetivo de identificar posibles irregularidades y determinar responsabilidades administrativas o penales. Ahued Bardahuil también exhortó a la población a denunciar cualquier anomalía detectada durante trámites realizados ante el Registro Público de la Propiedad o ante notarías. Las denuncias ciudadanas, indicó, permitirán ampliar las investigaciones y detectar otros casos que pudieran no haber sido identificados en las auditorías internas. Las indagatorias se realizan en coordinación con la Fiscalía General del Estado y con el Poder Judicial estatal, instancias encargadas de dar seguimiento a los procesos legales derivados de las revisiones administrativas. El objetivo es determinar responsabilidades y garantizar que los trámites relacionados con la propiedad de bienes se realicen conforme a la ley. De forma paralela a las investigaciones, el gobierno estatal anunció un programa de modernización del Registro Público de la Propiedad y del Registro Civil. El proyecto contempla una inversión superior a 40 millones de pesos y prevé la digitalización de registros, la implementación de sistemas biométricos y la incorporación de herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos administrativos. Las autoridades estatales señalaron que estas medidas buscan reducir riesgos de manipulación documental y mejorar los mecanismos de control en los trámites relacionados con bienes y registros civiles. Así las cosas.
|
