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| Organizaciones señalan deficiencias en reparación del daño por incendio en INM de Juárez. | ||||||
| En un conversatorio, Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) señalaron también que aún hay deficiencias en la reparación del daño. | ||||||
| Viernes 27 de Marzo de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En un conversatorio, Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) señalaron también que aún hay deficiencias en la reparación del daño. Lorena Cano, del Imumi, expuso que actualmente no todos los que vivieron esta tragedia “han recibido una reparación o compensación económica”. Además de que 15 mujeres no han sido reconocidas como víctimas, bajo el argumento de que no sufrieron lesiones. Mencionó que a través del acompañamiento que han dado las organizaciones a nueve núcleos de familias de migrantes que murieron, nueve sobrevivientes y cuatro mujeres, “nos dimos cuenta que había mucha preocupación por parte del gobierno de proteger al ex comisionado Francisco Garduño… lo que querían a toda costa era poder librarlo de este procedimiento penal”. Marcos Zavala, abogado de Fundación para la Justicia, explicó que las personas detenidas por la tragedia en Ciudad Juárez son dos migrantes venezolanos, un elemento de seguridad privada y un agente del INM. Sobre Garduño, actual director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), indicó que han solicitado que se le suspenda de este puesto para que “no utilice el andamiaje jurídico para defenderse”. Blanca Navarrete, de DHIA, afirmó que tras el incendio del 27 de marzo del 2023, “todavía tenemos preguntas como ¿quién proporcionó o permitió el ingreso del encendedor (con el que se inició el siniestro) en el área de hombres?, ¿quién tenía las llaves de esta área y por qué no fueron utilizadas para sacarlos a tiempo?, y ¿por qué las mujeres sobrevivientes han referido que escuchaban en una celda contigua gritos de tortura antes del incendio?”. Las organizaciones recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano, “por lo que tiene y tenía una responsabilidad irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia”. Advirtieron que los hechos no pueden entenderse como un evento aislado. “El incendio fue reflejo de una política migratoria basada en la detención, la criminalización, la estigmatización, la discriminación, el racismo y la contención de personas en movilidad”. Como parte del conversatorio, se inauguró una exposición en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. |
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