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XALAPA.- Según la magistrada Rosalba Hernández Hernández, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la recuperación de expedientes e información judicial perdidos por las inundaciones del 9 y 10 de octubre en Álamo y Poza Rica será un proceso complejo e incierto. La magistrada explicó que la reconstrucción documental no depende únicamente del Poder Judicial, sino también de las partes involucradas y de otros órganos que intervienen en los procesos. “Es complejo, sí depende de las partes, y es un tema que tiene que ver con otros órganos y no solo con el Poder Judicial”, indicó. La presidenta del Poder Judicial del Estado señaló que las inundaciones afectaron archivos y también los inmuebles donde operaban áreas judiciales en la zona norte del estado. “El tema de la inundación es otro tema, porque todos los espacios que estaban ahí habilitados como todas las demás partes tuvieron varios daños y han estado reubicados, desde casi cuando ocurrió el desastre, se habilitaron otras oficinas”, aseguró. La magistrada Presidenta señaló que, desde los primeros días posteriores al desastre, se habilitaron sedes alternas para mantener la atención a usuarios y dar continuidad a los servicios judiciales. Refirió que la recuperación de expedientes se realiza conforme a los procedimientos previstos en la ley y con intervención de las partes, debido a que se trató de un caso de fuerza mayor. “Es un proceso complicado y lo que se trata de hacer en todos los casos, igual como las familias, es tratar de recuperar todo lo que se pueda”, sostuvo. Por otro lado, Hernández Hernández informó que continúa la construcción de la Ciudad Judicial en Poza Rica, obra que ha generado molestias entre usuarios por el polvo, ruido y movimiento de materiales. “Lo que pasa es que están construyendo, el propio desarrollo implica movimiento de materiales, polvo (…) hay una parte que ya está habilitada donde están los juzgados familiares y seguramente ya ahorita que avance más y se haga la limpieza”, explicó. La titular del PJE aseguró que los juzgados familiares ya operan en un área habilitada y que las condiciones deberán mejorar conforme avance la obra y se realicen labores de limpieza. Con relación a la elección judicial prevista para 2027, Hernández Hernández señaló que participará el 50 por ciento restante de las personas juzgadoras, como continuidad del proceso anterior. Precisó que la definición del calendario corresponde al Poder Legislativo y que cada juzgador decidirá si compite o no, de acuerdo con sus condiciones personales, como jubilación o interés en buscar nuevamente el cargo. “Falta el 50 por ciento que vaya a la elección y ese 50 por ciento podrá decidir si va o no va (…) los que se van a jubilar seguramente lo harán y los que quieran ir a buscar el espacio también”, señaló. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia concluyó que el periodo de campaña será similar al anterior, con una duración aproximada de un mes, conforme a los plazos que establezca la ley.
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