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| Indígenas en Morelos denuncian operativos desproporcionados y tortura por parte de la FGE. | ||||||
| Lo anterior fue afirmado por el ayudante municipal de Ocotepec, Víctor Manuel Morales Olivares; Hugo Ballastra Ramírez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ocotepec; José Luis Paredes Vargas, presidente de Bienes Comunales de Ahuatepec, y el ayudante de este poblado, Paulino Salas Flores, durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este lunes 18 de mayo en dichas comunidades, ubicadas al norte de Cuernavaca. | ||||||
| Lunes 18 de Mayo de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Lo anterior fue afirmado por el ayudante municipal de Ocotepec, Víctor Manuel Morales Olivares; Hugo Ballastra Ramírez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Ocotepec; José Luis Paredes Vargas, presidente de Bienes Comunales de Ahuatepec, y el ayudante de este poblado, Paulino Salas Flores, durante una conferencia de prensa realizada la mañana de este lunes 18 de mayo en dichas comunidades, ubicadas al norte de Cuernavaca. Todo comenzó con un operativo “desproporcionado”, según el ayudante de Ocotepec, en el que participaron más de cien patrullas durante la madrugada del viernes 15 de mayo en ese poblado. En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), militares, Guardia Nacional y policías estatales bajo el mando del general José Luis Bucio Quiroz. Las autoridades denunciaron que los agentes catearon viviendas humildes y en obra negra, además de detener a dos hombres: un conductor de plataforma digital y un vendedor de pollo. Este último fue liberado por pobladores y por integrantes de la ronda comunitaria de seguridad, quienes lo rescataron de los uniformados. El otro detenido recuperó su libertad el domingo, luego de que la jueza encargada de la audiencia de imputación y vinculación determinó que no existían antecedentes ni pruebas suficientes para sostener las acusaciones formuladas por los policías. “Durante todo este tiempo hemos sido objeto de constantes acciones por parte de distintas corporaciones del Estado, entre ellas elementos militares, Guardia Nacional, policías y otras autoridades de seguridad, quienes han incurrido en prácticas que consideramos graves violaciones a los derechos humanos de nuestros habitantes. "Hablamos de detenciones ilegales, actos de tortura durante dichas detenciones, intimidación y hostigamiento hacia nuestros pobladores, instalación de retenes inconstitucionales y, recientemente, cateos realizados bajo investigaciones poco sustentadas y operativos desproporcionados. Todo ello refleja una política basada en el uso excesivo de la fuerza y una visión equivocada de seguridad hacia nuestros pueblos”, expresaron las autoridades comunitarias, acompañadas por más de cien habitantes de ambas comunidades. Aclararon que estas comunidades indígenas no buscan “confrontaciones innecesarias con las autoridades” y señalaron que siempre han apostado por el diálogo, la coordinación y el trabajo conjunto. Sin embargo, aseguraron que no permitirán que continúe “una política que criminaliza a nuestros pueblos y vulnera la tranquilidad de nuestras familias”. Exigieron, dado que ambos poblados cuentan con ayudantes municipales y elementos comunitarios de seguridad, “una verdadera coordinación institucional; políticas de seguridad pública que respondan a la realidad de nuestras comunidades y no a estrategias mediáticas alejadas del contexto social que vivimos cada día”. Asimismo, insistieron en que los habitantes de estas comunidades no están dispuestos a “ser utilizados como chivos expiatorios de una política de seguridad basada únicamente en generar impacto mediático. Queremos acciones reales, permanentes y efectivas que verdaderamente garanticen paz y tranquilidad para nuestros habitantes”. “Exigimos que el actuar de las corporaciones esté sustentado en investigaciones serias, evidencia sólida y estadísticas reales que permitan combatir los delitos que efectivamente existen, sin fabricar escenarios que estigmaticen injustamente a nuestras comunidades”, demandaron. A la mandataria estatal le recordaron que ha visitado sus poblados por invitación de los propios habitantes y que ha podido constatar el orden, la estabilidad, la organización y la unidad que prevalecen en estas comunidades. “Por ello, hoy le expresamos con respeto, pero también con firmeza, nuestro rechazo a las acciones que están lacerando profundamente el tejido social de nuestras comunidades”, manifestaron. También exigieron “el respeto irrestricto a los derechos humanos de los habitantes de nuestras comunidades durante cualquier operativo o acción de seguridad pública; el cese de actos arbitrarios, abuso de autoridad, hostigamiento e intimidación hacia nuestros pobladores”. De igual forma, solicitaron de manera urgente “la implementación de una estrategia de seguridad pública basada en prevención, inteligencia, coordinación institucional y participación comunitaria; que toda acción operativa realizada en nuestro entorno esté basada en investigaciones serias, evidencia objetiva y procedimientos apegados a derecho”, recalcaron. Además, recordaron a la gobernadora que recientemente abogados de Morelos denunciaron que uno de sus compañeros en la actual administración estatal fue detenido por policías de la FGE y de la SSPC mediante la supuesta siembra de pruebas, entre ellas una dosis de fentanilo y un arma. Indicaron que la manipulación de evidencia quedó registrada en un video presentado por la defensa del abogado, quien posteriormente obtuvo su libertad. Tanto Ocotepec como Ahuatepec, señalaron, cuentan con una identidad indígena e histórica viva, con raíces en la tradición cultural tlahuica de Morelos, así como con sistemas comunitarios propios, organización por barrios, festividades y formas de vida ancestrales. Asimismo, subrayaron que ambos pueblos cuentan con reconocimiento dentro del régimen agrario de bienes comunales, sustentado en el artículo segundo constitucional y en el Convenio 169 de la OIT, los cuales garantizan el derecho a la libre determinación, la autonomía y la participación en las decisiones que afectan a los pueblos indígenas. |
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