Reforma judicial en México: Estado incumple plazo de la CIDH para responder por cese de jueces

miércoles 20 de mayo de 2026

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Reforma judicial en México: Estado incumple plazo de la CIDH para responder por cese de jueces.

El plazo que el organismo internacional otorgó a México para justificar las acciones contra los jueces venció el pasado 15 de mayo de 2026.

Martes 19 de Mayo de 2026

Por: animalpolitico.com

Foto: Cuartoscuro .

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Ciudad de México.- El Estado mexicano incumplió el plazo otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder a la petición de jueces y magistrados federales, quienes denunciaron al país por presuntas violaciones a sus derechos humanos derivadas de la implementación de la reforma judicial de 2024.

El Gobierno de México omitió presentar sus observaciones ante la CIDH respecto a la petición promovida por 14 juzgadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Estos jueces fueron removidos de sus cargos tras la entrada en vigor de la polémica reforma judicial.

El plazo extraordinario que el organismo internacional otorgó a México para justificar las acciones contra los jueces venció el pasado 15 de mayo de 2026, sin que existiera una respuesta oficial por parte de la administración actual.

CIDH admite queja contra México por violaciones a derechos humanos tras la reforma judicial
La petición fue presentada originalmente el 30 de abril de 2025 por el Cyrus R. Vance Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, en representación de los afectados.

El caso fue trasladado formalmente al Gobierno de México el 15 de enero de 2026. La CIDH otorgó un periodo inicial de tres meses para responder sobre las afectaciones de la reforma judicial, el cual fue prorrogado de manera excepcional por un mes adicional.

En el documento presentado ante la CIDH se alegan violaciones graves a los estándares de Independencia Judicial establecidos por la Corte Interamericana, los cuales son de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano.

Entre los puntos críticos reclamados destacan la pérdida de la inamovilidad de los jueces, la vulneración del debido proceso en su destitución y el debilitamiento de la Independencia Judicial frente a posibles injerencias políticas.

Juzgadores en retiro señalan “ausencia de voluntad para rendir cuentas” de México
Para los jueces y magistrados en retiro forzado del Poder Judicial de la Federación, el silencio del gobierno ante la CIDH representa una señal de alerta sobre el futuro de la justicia en México.

“Se trata de una señal política profundamente preocupante. Un Estado que… ahora guarda silencio frente al escrutinio internacional transmite un mensaje inequívoco: la ausencia de voluntad para rendir cuentas sobre una de las regresiones institucionales y democráticas más graves en la historia reciente del país”, señaló la magistrada en retiro María Emilia Molina, a través de un comunicado.

A finales de noviembre de 2025 la magistrada María Emilia Molina denunció que el nuevo OAJ la orilló a presentar su renuncia, tras negarle una licencia médica por “causa grave” sin goce de sueldo.

Por su parte, la magistrada en retiro y exconsejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, consideró que la falta de argumentos del Estado beneficia la postura de los demandantes.

“El silencio del Estado mexicano frente al sistema interamericano no debilita las denuncias; por el contrario, fortalece la percepción de que la reforma judicial fue concebida desde la lógica de concentración del poder”, señaló.

La jueza federal en retiro Marhec Padilla advirtió sobre el impacto que este caso tiene fuera de las fronteras mexicanas, indicando que “otros países ya vieron en la reforma de México una alternativa para la reforma de la judicatura, sin analizar el daño que causó y sigue causando”.

México admitió que no existió diagnóstico previo a reforma judicial
La petición subraya que la reforma judicial se implementó en un contexto de estigmatización pública y represalias contra los jueces que manifestaron su desacuerdo.

Cabe destacar que, en una audiencia previa ante la CIDH celebrada en noviembre de 2025, el propio gobierno mexicano admitió públicamente que no existió un diagnóstico previo para implementar la reforma judicial.

Tras el vencimiento del plazo, la CIDH tiene la facultad de avanzar en el análisis de la petición de los jueces afectados, lo que podría derivar en recomendaciones internacionales para proteger la independencia judicial en el país.