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XALAPA.- De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, la estrategia de saneamiento financiero impulsada por la gobernadora Rocío Nahle García permitirá ahorros por más de mil 700 millones de pesos para 199 ayuntamientos de Veracruz. El diputado local y la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVII Legislatura, Naomi Edith Gómez Santos, sostuvieron una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Reyes Hernández. Durante el encuentro, el funcionario estatal explicó que la deuda bursátil fue contratada en 2008 por un monto superior a mil 200 millones de pesos y que, hasta el momento, ya se ha cubierto más del doble de ese recurso, aunque el plazo original concluye hasta 2036. Miguel Reyes Hernández indicó que la reestructura financiera promovida por el gobierno estatal permitirá reducir la carga económica para los 199 municipios que participaron en el esquema de rescate financiero relacionado con la bursatilización. El presidente de la Jucopo, Esteban Bautista, señaló que la estrategia permitirá liberar recursos municipales para destinarlos a obra pública y otros proyectos locales. “Respaldamos esta estrategia financiera por el bien de Veracruz”, aseguró el legislador, al señalar que los recursos optimizados derivan de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda y entidades bancarias. De acuerdo con el diputado local, la reestructura permitirá generar un ahorro superior a los mil 700 millones de pesos. Dijo que el 75 por ciento de la deuda será absorbido por el Gobierno del Estado y el 25 por ciento restante corresponderá a los ayuntamientos involucrados. El legislador afirmó que esta medida busca reducir el impacto financiero que los municipios han mantenido durante los últimos 18 años debido al esquema de bursatilización contratado desde 2008. La estrategia de saneamiento financiero forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno estatal para modificar las condiciones de pago de la deuda bursátil municipal antes de que concluya el plazo establecido en 2036. Los recursos liberados podrán ser utilizados por los ayuntamientos en proyectos de infraestructura y servicios públicos.
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