La visita reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum al sur de Veracruz fue anunciada como un acto transformador para una región históricamente olvidada. El discurso oficial prometió justicia social, desarrollo con equidad y reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Se habló de inversiones millonarias en infraestructura y salud, de descentralización presupuestal y de una nueva etapa para la democracia y el poder judicial.
Sin embargo, un análisis cuidadoso de la gira revela que el mensaje presidencial estuvo más orientado a reforzar la narrativa de la Cuarta Transformación que a presentar un programa de gobierno estructurado, con mecanismos de rendición de cuentas o propuestas institucionales sólidas. Lejos de un ejercicio técnico de gobierno, la gira pareció una extensión de la campaña: con arengas emotivas, símbolos culturales apropiados desde el poder y anuncios sin planificación detallada.
A continuación me permito realizar una revisión temática de los cinco principales temas de esta gira —infraestructura, salud, pueblos originarios, justicia y gobernabilidad— desde una mirada objetiva y con base en hechos, no solo en discursos.
1. Infraestructura: proyectos emblemáticos, pero sin planeación
Uno de los anuncios centrales fue la construcción de un nuevo puente y distribuidor vial en Coatzacoalcos, promovidos como proyectos estratégicos para detonar el desarrollo económico del sur. La narrativa presidencial los presentó como “cumplimiento de compromisos”, pero no se ofrecieron estudios de factibilidad, cronogramas, responsables técnicos, ni mecanismos de financiamiento.
A falta de cifras oficiales, estimaciones sugieren que el proyecto podría costar entre 2,000 y 4,000 millones de pesos, más del doble de lo que recibirán las más de 2,500 comunidades indígenas mediante el FAISPIAM. Esto abre una disyuntiva fundamental: ¿por qué se prioriza una obra vial para el flujo comercial del corredor interoceánico por encima de caminos rurales básicos?
Más del 60 % de la red de caminos en zonas indígenas está en mal estado. Municipios como Mecayapan, Pajapan, Tatahuicapan, Soteapan o Zaragoza sufren aislamiento, afectando acceso a escuelas, hospitales y mercados. Estas comunidades no necesitan megaproyectos, sino soluciones modestas pero urgentes: puentes comunitarios, pavimentaciones y transporte digno.
El riesgo de este tipo de anuncios sin sustento es que se conviertan en promesas espectaculares pero vacías, que concentran presupuesto y atención, sin resolver los desequilibrios estructurales de fondo.
2. Salud: inversión millonaria sin estrategia operativa
La presidenta inauguró el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, con una inversión de más de 800 millones de pesos, como ejemplo de la transformación del sistema de salud bajo el modelo IMSS-Bienestar. Se presentó como un acto de justicia social, pero no se explicó cómo se resolverán los déficits de personal, insumos o mantenimiento.
El hospital, que contará con 140 camas, 5 quirófanos y múltiples servicios especializados, no fue construido desde cero en esta administración; llevaba años en obra y su entrega apenas concluye una deuda heredada señalada por corrupción. Lo que preocupa es que, sin un sistema de contratación eficiente, podría convertirse en una “isla de atención decorativa” rodeada de precariedad.
Además, se anunciaron nuevas unidades hospitalarias en Misantla, Tuxpan y Pánuco. Pero nuevamente, sin fechas, proyectos ejecutivos ni responsables. Por ejemplo:
● Misantla recibirá un hospital con inversión superior a 300 mdp.
● En Tuxpan se proyecta un hospital con 120 camas y 5 quirófanos.
● En Pánuco, se reemplazará el hospital más antiguo del estado con una nueva unidad de 40 camas.
La inversión adicional en salud asciende a más de 3,000 millones de pesos, pero no se presentó ningún desglose ni reglas de operación claras. Tampoco hay mecanismos ciudadanos de auditoría o indicadores de evaluación.
A pesar de los discursos contra el Seguro Popular, no se han publicado estudios técnicos ni auditorías independientes que demuestren que el nuevo modelo IMSS-Bienestar es más eficaz, más barato o más universal. Mientras tanto, la falta de medicamentos, transporte y personal médico sigue siendo una constante en muchas regiones del estado.
3. Pueblos originarios: fondos directos con muchas incógnitas
Uno de los momentos de mayor simbolismo fue la entrega de 1,418 millones de pesos del FAISPIAM a más de 2,500 comunidades indígenas y afromexicanas de Veracruz. Se trató como un acto fundacional, vinculado a la reforma del artículo 2 constitucional, que reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho.
Se enfatizó que estos recursos llegarán de forma directa, sin intermediarios, y que serán administrados por las propias comunidades, con preferencia por mujeres tesoreras. Se enumeraron pueblos beneficiados: nahuas, popolucas, otomíes, totonacos, mazatecos, choles, zapotecos, tzeltales, entre otros.
No obstante, la crítica es clara: no basta con transferir recursos si no hay capacidad instalada para su uso efectivo. ¿Cuentan estas comunidades con acompañamiento técnico, capacitación en finanzas públicas, asesoría jurídica o herramientas digitales de seguimiento?
Además, aunque Veracruz es el tercer estado con mayor población indígena, solo recibió el 11.8 % del total nacional del FAISPIAM. Esto deja dudas sobre los criterios de distribución y si las asignaciones realmente reflejan las desigualdades estructurales.
Finalmente, la entrega del bastón de mando a la presidenta, aunque significativa, plantea una tensión entre el respeto a la cosmovisión indígena y su apropiación simbólica por parte del poder central. La pregunta no es si hay reconocimiento, sino si hay autonomía real o solo decorativa.
4. Reforma judicial: populismo jurídico y concentración del poder
Durante su gira, la presidenta también abordó la controvertida reforma al Poder Judicial, afirmando que ahora “el pueblo elegirá a jueces y ministros”. Este mensaje fue recibido como una propuesta de democratización, pero también como una inquietante señal de centralización del poder.
El planteamiento omite los riesgos técnicos, jurídicos e institucionales que implica elegir jueces por voto popular. No se habló de los mecanismos de evaluación, los perfiles mínimos, los contrapesos necesarios o las garantías de autonomía.
La mención del próximo presidente de la Suprema Corte —Hugo Aguilar, un indígena mixteco que usa zapatos Ferragamo—, fue usada como bandera de inclusión. Pero convertir la identidad en mérito judicial puede invisibilizar los criterios de imparcialidad, experiencia y formación jurídica.
Lo más preocupante es que esta propuesta se presentó en un evento que nada tenía que ver con justicia, y se impuso como consigna política más que como proyecto institucional. ¿Qué gana el sur veracruzano con jueces electos si no hay defensorías públicas, acceso a tribunales o solución a conflictos agrarios?
En vez de una justicia popular, lo que urge es una justicia eficaz, con presencia territorial, enfoque intercultural y respeto al Estado de derecho.
5. Gira de gobierno o gira de propaganda
Lo que dejó esta gira presidencial fue un relato emotivo, repetitivo, cargado de símbolos, cifras sin sustento operativo y ausencia de rendición de cuentas. Se habló de justicia, pero no se entregaron diagnósticos; se habló del pueblo, pero no se escuchó a las comunidades.
Se anunciaron más de 5,000 millones de pesos en distintos rubros, pero sin reglas de operación, ni plazos definidos, ni responsables claros. No hubo consulta abierta, ni comparecencias técnicas, ni espacios de deliberación con la sociedad civil o los municipios.
En lugar de explicar decisiones y asumir compromisos, se optó por repetir slogans de la 4T y evocar constantemente la figura de López Obrador. El evento fue más político que administrativo.
La justicia social no se construye con aplausos, sino con datos, evaluación, monitoreo y vigilancia social. Mientras no se presenten planes territoriales diferenciados, ni estrategias estructuradas, las giras presidenciales seguirán siendo escenografías itinerantes sin transformación real.
Conclusión: menos narrativa, más gobierno
La gira de Claudia Sheinbaum al sur de Veracruz dejó más dudas que certezas. Las promesas abundaron, pero faltaron las estructuras necesarias para cumplirlas. La región necesita menos símbolos y más resultados.
Infraestructura sin planeación, salud sin personal, justicia sin autonomía y transferencias sin acompañamiento pueden convertirse en nuevas formas de exclusión, esta vez en nombre del pueblo.
El sur veracruzano no puede seguir siendo usado como plataforma de legitimación. Requiere un gobierno que escuche, que planifique con evidencia, que evalúe con rigor y que respete las voces comunitarias.
La Cuarta Transformación aún tiene la oportunidad de traducir su discurso en hechos. Pero para lograrlo, tendrá que mirar menos al espejo del relato y mirar más de frente a quienes viven todos los días en los márgenes del desarrollo.
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