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XALAPA.- No le falta razón al ex fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, cuando afirma que justicia que no es expedita, no es justicia. Y es que, desde julio de 2020, promovió un amparo para contrarrestar su remoción ordenada por el Congreso del Estado en septiembre de 2019. Desde entonces, el exfuncionario mantiene una lucha sin resolución en los tribunales. La defensa del ex fiscal intentó llevar su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el máximo tribunal del país declinó atraerlo en enero de 2025 y lo devolvió a un tribunal colegiado. En los últimos días, el exfiscal durante el bienio del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, realizó exhortos a los magistrados del Poder Judicial de la Federación (PFJ) para que resuelvan el asunto asentado en el expediente 330/2020. El principal argumento manifestado por Winckler Ortiz es la dilación judicial. El exfuncionario señaló que se violan sus derechos a una justicia pronta y expedita. "No solo le quitaron el cargo, no solo el salario, también su derecho a acceder a servicios de salud; la madre del quejoso requiere servicio médico y hasta eso le quitaron”, refirió un comunicado difundido por sus abogados. El expediente fue turnado a la ponencia del secretario en funciones de magistrado, Pablo Antonio García Vázquez, encargado de elaborar el proyecto de resolución que será sometido al pleno del tribunal colegiado que tiene en sus manos el caso. En acuerdos previos, los magistrados apercibieron a la defensa por expresiones consideradas irrespetuosas hacia la labor jurisdiccional. Se le ordenó abstenerse de usar frases ofensivas o denostativas, bajo advertencia de sanción económica. Pese a la advertencia, el ex fiscal hizo otro exhorto el pasado 13 de agosto. “Les pido nuevamente, que dejen de patear el bote y resuelvan el asunto, resuélvanlo como quieran, al final ya casi se van, pero ya resuélvanlo”, pronunció. Este documento fue presentado por su representante legal Pamela de Jesús Ramírez Cruz ante un tribunal colegiado. De nueva cuenta se reclama que el Congreso del Estado incurrió en la ilegalidad al removerlo de su cargo como fiscal general de Veracruz. “Atrévanse a decir que es legal lo que hizo el Congreso de Veracruz, que por lo que veo, pronto se los harán a ustedes en el Poder Judicial Federal”, señaló el exfuncionario, quien afirmó que los magistrados retrasan resolver ante casos que incomodan a los gobiernos. “Si aún tienen un poco de dignidad y son en realidad garantes de la Constitución y del Estado de Derecho, resuelvan este asunto de una vez, no hay mucho para donde hacerse”, señaló. Winckler Ortiz advirtió que el Poder Judicial de la Federación (PJF) cede a presiones políticas. “Ya vieron que de nada les sirvió plegarse al poder, arrodillarse y alargar la resolución de los asuntos que eran incómodos al régimen, al final el Poder Judicial fue también materia de un golpe de Estado, como sucedió con la Fiscalía General del Estado de Veracruz”, señaló. Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN resolvió el 29 de enero de 2025 no ejercer la facultad de atracción sobre el recurso de revisión 280/2023, en el que se planteaba el caso del exfiscal de Veracruz. El asunto, derivado del juicio de amparo 608/2020, fue regresado al tribunal colegiado de origen al considerar que “no cumple con los requisitos de interés y trascendencia” constitucionales. En diciembre de 2022, el Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Xalapa resolvió sobreseer el juicio al estimar que su situación jurídica — sujeto a proceso penal y con derechos suspendidos — impedía una restitución efectiva en el cargo. En apelación, el tribunal colegiado estimó que el caso planteaba cuestiones constitucionales inéditas, como los límites de la competencia de los congresos estatales para remover fiscales autónomos y el alcance del juicio de amparo frente a la suspensión de derechos de servidores públicos procesados penalmente. Por lo anterior, solicitó a la SCJN ejercer su facultad de atracción, lo que fue denegado por la Corte.
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