|
|
Foto:
.
|
XALAPA.- Prueba de la arbitrariedad y abuso de los cuerpos policiacos durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, es la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH), que acreditó actos de tortura cometidos en 2019, en la administración del peor gobernador de la historia de Veracruz, y de la cual fue notificada la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). En ese tenor, la CEDH emitió la Recomendación 48/2025 por la detención ilegal de cuatro personas, allanamiento de viviendas y violación a la intimidad en hechos ocurridos el 23 de junio de ese año en el municipio de Perote. “Me amagaron con un arma larga, sacándome a golpes, con los puños en diferentes partes del cuerpo, inclusive un cachazo en la parte superior de la espalda y a golpes me subieron a la patrulla”, denunció V1. “Me pusieron un trapo en la cara y me echaron agua, sentí que me moría, me pedían que dijera de un dinero, de lo que yo ignoro”, relató V2, quien agregó que fue trasladado a las instalaciones de la Policía Estatal en Perote. “Me empezaron a golpear con los puños en las costillas y cuello, me pusieron un trapo mojado en la cara y me torturaron echándome agua en la cara en repetidas ocasiones”, aseguró V3, al señalar que los policías ingresaron sin orden judicial a su domicilio. “Me sacan encapuchado y comienzan a golpearme en mis costillas y espalda e inclusive me dieron un culetazo con un arma en la parte derecha de mi cabeza”, expuso V4. Por lo anterior, la CEDHV concluyó que los testimonios, peritajes médicos y registros contradicen el Informe Policial Homologado de la SSP, que sostenía que las detenciones ocurrieron en flagrancia con hallazgo de drogas y armas. “Los indicios acreditan que las detenciones de V1, V2 y V3 no ocurrieron como lo describió la autoridad responsable”, determinó el organismo. El mismo expediente acreditó el ingreso ilegal a las viviendas de V3, V5 y V6. “De repente llegaron los policías estatales y rompieron la chapa de la puerta e ingresaron, me indicaron que me sentara en un sillón, esto mientras me apuntaban con sus armas, anduvieron buscando en toda la casa no sé qué cosas”, indicó una de las víctimas. La Recomendación establece que la SSP debe investigar a los servidores públicos involucrados, pagar una compensación a las víctimas, capacitarlos en derechos humanos y evitar cualquier acto de revictimización. También instruye colaborar con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura. El documento fue firmado por Namiko Matzumoto Benítez, expresidenta de la CEDH, quien advirtió que, en caso de rechazo por parte de la SSP, el Congreso local podrá requerir la comparecencia del titular de la dependencia, lo que por cierto ella nunca solicitó durante su paso por la Comisión.
|
