De Veracruz al mundo
Internamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos aún persisten, pese a una reforma que lo prohíbe, alerta organización.
Un informe de Documenta señala que, de las 4 mil 364 personas actualmente internadas en hospitales psiquiátricos en México, 3 mil 606 están de manera involuntaria, lo que representa el 82.6 % del total.
Viernes 10 de Octubre de 2025
Por: animalpolitico.com
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- A tres años de la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe los internamientos y tratamientos forzados o involuntarios para la atención de la salud mental y adicciones, su implementación no se ha materializado en la práctica. La organización Documenta señala que su prohibición no ha sido suficiente, ya que el internamiento involuntario no solo persiste, sino que el número de personas afectadas se ha incrementado.

De acuerdo con el informe “A tres años de la reforma en salud mental y adicciones, ¿qué ha pasado con su implementación?”, los hospitales psiquiátricos continúan operando como espacios de encierro y abandono, donde hay personas que llevan más de dos décadas internadas sin una ruta clara de egreso ni un plan individualizado de atención.

El informe detalla que, hasta el año 2025, en México siguen existiendo 33 hospitales psiquiátricos. Es decir, la conversión progresiva de hospitales psiquiátricos en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red primaria de servicios de salud, que plantea la reforma, sigue siendo una aspiración.


Además, “hay un hallazgo alarmante”: de las 4 mil 364 personas actualmente internadas en hospitales psiquiátricos en el país, 3 mil 606 están de manera involuntaria, lo que representa el 82.6 % del total.

El número de personas impactadas por las ilegales prácticas de internamiento involuntario se han incrementado con respecto a 2024, cuando en el país, según la información obtenida por las propias instituciones sanitarias, había 2 mil 168 personas internadas, de las cuales alrededor del 50 % estaban hospitalizadas de manera involuntaria.

“La importante diferencia de un año a otro puede explicarse porque mientras que en el 2024 se obtuvo información parcial de 11 hospitales, en el 2025 sólo tres instituciones no compartieron datos completos. Esto significa que ahora tenemos un panorama seguramente mucho más cercano a la realidad”, explica Documenta.


Solo en ocho estados no existen hospitales psiquiátricos: Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala.

En su informe detalla que, de las 4 mil 364 personas, 512 (12 %) han estado internadas más de 20 años; 173 (4 %) entre 11 y 20 años; 348 (8 %) entre 1 y 10 años. La mayoría, 2 mil 513 personas (58 %), entre 1 y 30 días.

Documenta obtuvo esta información tras realizar solicitudes de información a los hospitales psiquiátricos de todo el país, requiriendo datos sobre el número de personas internadas, la duración de su hospitalización y si es de carácter voluntario o involuntario.

“El hecho de que por más de dos décadas haya más de 500 personas viviendo en los hospitales psiquiátricos del país, y que 173 estén ya más de 10 años, da cuenta de que las instituciones psiquiátricas se han convertido en espacios de abandono que encierran aquellos cuerpos y mentes a los cuales se les ha negado la posibilidad de construir un plan de vida en sus comunidades”, advierte.


Los internamientos involuntarios constituyen una violación a lo dispuesto en la actual normativa sobre salud y, a su vez, son violaciones a derechos humanos fundamentales. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planteó que los internamientos involuntarios pueden involucrar ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, así como incomunicación, tortura y tratos crueles e inhumanos.

Los actuales hospitales psiquiátricos deben convertirse en hospitales generales
El artículo 74 de la Ley General en Salud dice que “para garantizar el acceso y continuidad de la atención de la salud mental y adicciones se deberá de disponer de establecimientos ambulatorios de atención primaria y servicios de psiquiatría en hospitales generales, hospitales regionales de alta especialidad e institutos nacionales de salud”.

También indica que para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud.


De acuerdo con la organización, el traslado de unidades estatales al IMSS-Bienestar tampoco ha derivado en mejoras sustantivas, ni en un proceso claro de supervisión de los compromisos en materia de salud mental.

“Desde Documenta sostenemos con firmeza: el encierro no es terapéutico. Reivindicamos un modelo de atención basado en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, la inclusión social y el reconocimiento de la autonomía e independencia de las personas con discapacidad psicosocial. La plena implementación de la reforma requiere voluntad política, recursos y una visión centrada en derechos humanos”.


La reforma a la Ley General de Salud del año 2022 en materia de salud mental y adicciones constituye un referente internacional debido a que promueve un cambio de paradigma que se aleja de la coerción en la atención a la salud mental; sin embargo, la información obtenida a través del ejercicio de monitoreo de Documenta deja ver que a dos años de la reforma los cambios todavía no han alcanzado la realidad.

Ante ello, propone:

Invertir en servicios comunitarios de apoyo y cuidado que respeten la autonomía de las personas y alivien la sobrecarga que históricamente ha recaído sobre las familias, en especial sobre las mujeres.
Capacitar al personal de salud mental en prácticas respetuosas de derechos humanos y desinstitucionalización.
Realizar un censo nacional de personas internadas involuntariamente y diseñar planes individualizados de desinstitucionalización con medidas de reparación del daño.
Reformar las normas oficiales mexicanas y los protocolos internos para alinearlos con la Ley General de Salud y con estándares internacionales.
Establecer un mecanismo de supervisión intersectorial, con participación de personas usuarias y expertas por experiencia, que evalúe y oriente la implementación de la reforma en todo el país.

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