Sergio Javier Molina Martínez hoy es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con una idea bien precisa de como debe ser la justicia en México, pero su visión se centra más que nada en que se tienen que crear un sistema de justicia más cercano a la población, porque si no, nada más cambiar juzgadores, no resolverá nada.
Recorre el país, con las limitantes que la campaña de promoción para la elección de juzgadores del Poder Judicial impone, pero con dos objetivos:
Difundir su visión de como debe ser la administración de la justicia y conocer las particularidades en este tema en cada región del país.
La reforma al Poder Judicial, oportunidad histórica para tener jueces más sensibles y cercanos a la sociedad
La reforma al Poder Judicial es una oportunidad histórica para aplicar el “realismo jurídico” en México, puntualiza Sergio Molina, quien plantea que todos los ministros y jueces que lleguen a los puestos que están en juego deben pasar por el tamiz de la sensibilización social, “la sensibilización de por qué sucedieron las cosas” en cada caso que les toque juzgar, y no sólo estar a lo que presenten las partes en los expedientes, como hipótesis, como presuntas pruebas.
El “realismo jurídico” al que alude Sergio Molina, en una de sus vertientes, considera que el derecho no es solo un conjunto de normas escritas, sino también una realidad social que se manifiesta en las decisiones judiciales y las conductas de las personas.
Es, dicho de otra forma, una corriente de pensamiento que busca entender el derecho no como un conjunto de normas abstractas, sino como una realidad social y práctica, enfocada en las decisiones judiciales y la aplicación de la ley en la vida real. En esencia, el realismo jurídico privilegia la eficacia de las normas y su aplicación en la práctica, sobre la teoría jurídica formal.
“Me parece que si no lo hacemos de esta manera y nada más cambiamos a las personas, a los ministros, entonces vamos a perder la oportunidad histórica de hacer una justicia más cercana a la sociedad”, remarca.
Refiere que esto no es una “ocurrencia” de campaña, si no que es una visión real de como mejorar la impartición de justicia en México,y de lo cual está convencido a plenitud, tanto que “yo ya lo he pro-puesto en varios foros y lo he propuesto al interior del Consejo de la judicatura, en donde yo trabajo”.
Sergio Molina es actualmente Consejero de la Judicatura Federal y doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana, con múltiples publicaciones tanto de libros como de artículos sobre impartición y administración de la justicia.
Con esta experiencia añadió que espera “que después del primero de junio, ya que las cosas sucedan, entonces sí estemos ya trabajando puntualmente en esta programación, en la capacitación de los nuevos jueces, magistrados y ministros, con esta visión de mejorar las condiciones de la justicia en México.
Incluso, agregó, “es ahí donde encontraremos la solución de por qué haremos los juicios más rápidos, porque eso fue uno de los elementos del cambio en el Poder Judicial”.
Sergio Molina relató que al inicio de su carrera lo enviaron a Can Cún a un juzgado penal federal y al llegar, para imbuirse de la realidad que se vivía en la zona, y con una visión crítica, comenzó a revisar los periódicos y después de hacerlo le dijo al juez:
“Oye, yo creo que si tienes mucho trabajo, porque vi que sucedieron estos actos, estos hechos”.
Y la respuesta de este juez “ilustra como estábamos educados. Me dijo, ¿qué crees Sergio? Yo no leo periódicos. Le dije, ¿cómo? Y me respondió: es que no quiero contaminarme, porque eventualmente esos hechos llegaran a ser de mi conocimiento”, puntualizó.
Al oír la respuesta, “por dentro, pensé que esa actitud le hacía alejarse de los temas sociales, económicos, culturales o delictivos de la localidad, y entonces juzgaba lo que las partes le llevaban construido en una hipótesis, en una teoría, un expediente”.
Y eso, agrega, provocaba un distanciamiento entre lo que se le presentaba y la realidad social en la que ocurría.
“El Poder Judicial no entendió que la sociedad mexicana ha variado el ejercicio del poder, que ahora se caracteriza, entiendo, en una participación y en una maximización del estado social de derecho y en una justicia construida no solo por los expedientes, si no también por la realidad”.
Insistió que de no hacerse esto, la forma de hacer justicia en México no va a cambiar.
“¿Por qué una cosa, la forma de elegir a los jueces, por qué una sola cosa, no va a hacer que cambie lo demás?, ¿por qué el sólo cambio de jueces no hará que la justicia sea más rápida o ágil?
Los cambios, ponderó, dependerán del tema de liderazgo. “El liderazgo, yo lo traduzco como académico que soy, en la formación de competencias y la adquisición de herramientas, para lo cual tendrán que establecerse un programa, llámese actualización, en el cual los jueces ganadores deberán estar de lleno en una súper especialización por temas, que los haga encontrar los elementos técnicos para una buena impartición de la justicia”.
Esto, insistió, sí es posible.
Como muestra mencionó que ya se hizo cuando se implementó la reforma laboral en México, “la cual me toco promover, redactar y materializar”.
En la reforma laboral “hicimos un cambio cultural en los nuevos jueces. Aprovechamos la modificación de la ley para crear nuevos tribunales, pero ya introdujimos en los nuevos jueces el elemento cultural que los hicieran un poco más cercanos. Les dijimos: ustedes tienen que juzgar conforme a la realidad y no conforme a la forma”.
De darse estas condiciones, Sergio Molina está seguro de que la reforma al Poder Judicial en México será un gran cambio positivo para la administración de justicia y para el país.
La justicia en México debe proteger a los grupos vulnerables, como los indígenas y las madres buscadoras
Sergio Molina, en esa visión de que la justicia en México sea sensible, apuntó que se debe enfatizar en la atención a las necesidades de los grupos vulnerables, de los más necesitados.
Pero que la justicia también sea un balanza, la forma de resolver las controversias que se presenten entre estos grupos.
En específico con respecto al caso reciente en el que las autoridades de la Nación Comca’ac, comunidad indígena seri ubicada en la costa de Sonora, notificaron oficialmente a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que fue declarada persona non grata en su territorio, Sergio Molina apunta que este es un caso en el que se deben conciliar intereses, como acto de justicia, por encima de cualquier otra consideración.
Refirió que el “Convenio 169” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, establece que los pueblos originarios de México tienen sobre su porción de territorio ciertos derechos.
Este Convenio fue firmado por México en 1990, y en el mismo se reconoce las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco legal de México.
“Y es por eso que de ahí deriva que cada vez que se quiere construir, por ejemplo, una carretera, un aeropuerto que afecta su territorio, se les debe consultar”, expresó.
La protección de los pueblos originarios por parte de la justicia, prosigue Sergio Molina, es también porque se reconoce que antes de la llegada de los pueblos occidentales, los pueblos originarios tenían una cosmovisión sobre esta porción de territorio.
“Entonces, si consideramos que en México los pueblos originarios tienen una autodeterminación so-bre ciertas porciones de su territorio, que es un derecho reconocido internacionalmente, esto también les permite definir cuando puede entrar un elemento extraño al mismo”.
Esa forma de regular quienes pueden llegar a sus porciones de territorio reconocido, aplica para to-dos, incluyendo a las madres buscadoras.
“En mi consideración, digo, no conozco el caso, pero, en mi consideración se tiene que hacer esta consulta a los pueblos originarios y decirles: ¿estiman ustedes que tienen control de esta porción de territorio que puedan ingresar las madres buscadoras?”, apuntó.
En este sentido señala que “el derecho a la consulta sobre lo que concierne a su territorio, aplica tanto para los gobiernos de cualquier tipo en el país, como para los particulares”.
“Entonces haciendo una balanza, o poniendo en la balanza, el derecho a la verdad, que tienen las madres buscadoras, y el derecho de los pueblos al control de su territorio, lo que corresponde es simple-mente hacer la consulta de ingresar, bajo los conceptos que ya están definidos internacionalmente para los las pueblos y las comunidades”.
“Me parece que ahí podría estar la solución, sin desconocer los derechos de ninguno de los dos grupos”, puntualizó.
Se deben eliminar a los “candidatos no deseados” en la elección del Poder Judicial, dentro de la norma
En un tema controversial surgido de la misma elección de juzgadores en el Poder Judicial, Sergio Molina asentó que se debe impedir que lleguen a los puestos en juego los llamados “candidatos no deseados”, pero que se tiene que hacer dentro de la norma aplicable.
En torno a la controversia que se han presentado sobre si estos “candidatos no deseados” deben ser eliminados antes de llegar a la elección y quien los debe sacar, Sergio Molina dijo que eso se debió hacer en el momento oportuno, pero que ese tiempo, ya pasó.
En casos como estos, definitivamente, las autoridades tienen que actuar, pero no lo deben hacer por consigna, si no que esto debe ser en el momento oportuno.
Y ese tiempo -con las reglas actuales- ya pasó, que fue cuando las autoridades hicieron la revisión de antecedentes y documentos, el momento del filtro para el registro de los candidatos.
Ahora, para resolver esto, agregó, habría que esperar que si gana algún candidato de estos, un ciudadano impugne su designación por estos antecedentes y que se le de la oportunidad de la defensa, por-que tampoco se le puede quitar el triunfo nada más con la denuncia, si no que se le tiene que dar tiempo para que se defienda.
Hacerlo con la pura impugnación, sería caer en actos de autoritarismo, que es algo de lo que se pretende dejar atrás, remarcó.
“Hoy me entero que fulano de tal que ganó tal posición en la elección de juzgadores del Poder Judicial, tiene ciertos antecedentes que no lo hacen confiable o muestran que no tiene las capacidades para desarrollar el puesto”, ese sería el primer paso de la denuncia.
Entonces el ciudadano puede impugnarlo.
Pero luego se le tiene que dar tiempo al señalado para que se defienda.
“¿Qué clase de nueva justicia se estaría instaurando si no se siguen los pasos del debido proceso”, re-marcó.
“Debe haber una instancia, aunque sea rápida, para resolver casos de este tipo. Pero no puede bajarse a cualquier persona por el mero señalamiento de la imputación, sino que tiene que demostrarse lo que se le imputa y dársele la audiencia para la defensa que se requiere”, insistió.
Ahora, que ya estamos cerca de la elección del Poder Judicial, ¿cuándo sería el momento para remo-ver a esos “candidatos no deseados”?, se le preguntó.
Sergio Molina se congratuló de que las autoridades involucradas en la regulación de este proceso electoral estén trabajando en la forma de impugnación que pueda proceder y en consecuencia que se pueda resolver.
“No importa en qué momento estemos, tiene que bajarse de la contienda a los candidatos “no desea-dos”, insistió.
En ese sentido se preguntó, ¿por qué?
Y por lo mismo respondió: Es como el dicho que todos conocemos: Una manzana contaminada puede contaminar al resto. Y eso no debe ser.
“Esos “candidatos no deseados” tienen que ser eliminados, porque de no hacerlo así, sería inconveniente para los que estamos aquí con mucho empeño. Pues entonces tendríamos que ser muy estrictos en que esto se cumpla”, enfatizó.
Como resolver esto en lo inmediato, es una de las lagunas que quedan en la legislación que se impulsó para la reforma al Poder Judicial.
“Esto es un cambio radical, es un péndulo que se movió de un lado a otro, y por lo mismo, seguramente hay muchas lagunas, deficiencias, objeciones, claroscuros”.
Llegar a Ministro de la SCJN para seguir impulsando la reforma laboral
Pero lo importante para Sergio Molina, es que esta elección puede ser el camino para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación “para implementar de mayor forma, con mayor fuerza la reforma laboral en México”.
Sergio Molina fue el primer titular de la “Unidad de Implementación de la reforma en materia de justicia laboral”, en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y en ese puesto fue el encargado de la creación, instalación y funcionamiento de los nuevos tribunales laborales federales en el país.
Con esa experiencia, incluso fue Consejero Técnico de la Delegación gubernamental de México en la 111ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en Ginebra, Suiza.
¿Ser ministro para llenarse los bolsillos?, fue la pregunta.
- No, quiero ser ministro para seguir regresando lo mucho que me han dado, que es la capacidad de resolver casos, la capacidad de establecer criterios, la capacidad de ver tantos temas a nivel nacional, que eso es en lo que me concentro.
Cada día sale de su casa con la idea de impulsarse para llegar a la posición.
Pero también sabe que puede ocurrir que no gane.
“¿Bueno, qué pasaría si no gano? Yo tengo todavía una oportunidad de seguir siendo magistrado (cargo que tiene actualmente y por el cual es Consejero de la Judicatura Federal) y desde ahí podré seguir resolviendo casos laborales. Pero no dejaré de luchar; mi periodo concluye en el 2027 y desde la trinchera que me toca seguiré buscando que la justicia sea accesible, que la justicia sea un valor que no dependa ni del nombre, ni del dinero, ni de la posición. Que la justicia sea justicia, así, sin privilegios. Seguiré buscando que impere la justicia social en el país, porque así lo he hecho en los últimos años. No tendría por qué ser diferente”, enfatizó.
En su recorrido actual para buscar la posición, tiene una molestia: la incapacidad física de llegar a todas las comunidades que quisiera. “La imposibilidad que me da el tiempo de platicar de cerca con quien yo quisiera platicar. No me da tiempo de ir a la sierra, de ir a todas las ciudades y comunidades, de ir al norte y al sur. No me da tiempo, porque sólo tengo 60 días para hacer campaña y tampoco tengo los recursos para hacer todo eso, porque lo que se hace, yo lo tengo que solventar. No puedo ir y platicar con los habitantes de estas regiones, que seguramente tienen una visión diferente de los problemas jurídicos, de la impartición de justicia, porque cada región tiene sus nichos de oportunidades y sus problemas específicos”, expresó.
La limitación de gastos de campaña que impuso el Instituto Nacional Electoral, también le impide con-tratar espectaculares, contratar lonas, sillas, agua embotellada para eventos.
Sergio Molina va en la boleta morada, para ministros de la SCJN, en el número 55.
El número que me tocó, señaló, “es el sinónimo de una justicia social en la Suprema Corte. El número 55 es sinónimo de respeto de los derechos a las trabajadoras y a los trabajadores de México, por los cuales he trabajado en los últimos 7 años, para devolverles el valor, la importancia que estos deben de tener en el desarrollo, en el aspecto social y en el aspecto económico de nuestro país. Que sea evidente que si valoramos el tema laboral en la justa dimensión y con ello constituiremos una sociedad más desarrollada, más sólida y que va a tener mayores elementos. Por esos elementos es que quiero desarrollar de mayor forma la Suprema Corte”.
México tiene pendientes todavía en cuestión laboral, conforme a lo pactado en el TLC
La firma del hoy llamado TMEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá) trajo reformas sustancia-les en materia laboral para nuestro país, pero a México todavía le falta cumplir algunas de las de-mandas que se plantean en ese acuerdo comercial, apuntó Sergio Molina, quien se encargó de la implementación de la reforma laboral en México.
Mencionó que el acuerdo comercial que fue firmado en la primera administración de Donald Trump y en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto y los inicios del de Andrés Manuel López Obrador, constituye un parteaguas en el mundo, porque hizo que México sea el principal socio comercial de los Estados Unidos.
Mencionó que por el mismo TMEC se logró que México tenga unos niveles de desarrollo “en donde más o menos 9 y medio millones de personas salieron de la pobreza extrema y ha hecho que México avance en los derechos laborales y que hoy se hable de democracia y libertad sindical”.
Gracias a ese acuerdo, prosiguió, hoy también se tiene una mayor participación de las mujeres en los sindicatos, una mejor regulación al trabajo en el lugar, un control sobre el outsourcing, la duplicación del periodo de vacaciones, la regulación laboral en las aplicaciones para venta y con entrega a domicilio, y que hoy se contemple la posibilidad de reducir la jornada laboral.
Todos esos cambios se dan porque México firmó el TMEC y en el mismo hay una cláusula en la que nuestro país se compromete a cambiar su modelo laboral, refiere.
Sergio Molina enfatizó que el próximo año se va a revisar el TMEC, incluyendo la parte laboral, a partir del 1 de enero y por lo mismo se requerirán juzgadores que tengan pleno conocimiento de esta materia.
Por lo pronto México debe de dar cumplimiento a lo que se establece en el Tratado, “así que no es un tema de presidentes, no es un tema de política en específico, más bien es un tema de cumplimiento a lo que México, Estados Unidos y Canadá están obligados”, remarcó.
Sergio Molina este año presentó su libro más reciente, "La Otra Reforma Laboral en México, el mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC y el nearshoring", en el cual analiza -precisamente- la reforma laboral en México entre 2017 y 2019, evaluando tanto sus principales aciertos y los desafíos que aún tiene pendiente, así como su relación con la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
Hoy, en el escenario internacional, subrayó Sergio Molina, México tiene que dar cumplimiento a esos acuerdos.
Uno de los pendientes, es que entre los empleadores (al menos una parte de los mismos) aún se continúa evadiendo cumplir con todo lo estipulado en el TMEC, entre esto la democracia y la libertad de los sindicatos, y para hacerlo se sigue utilizando a los “sindicato a modo”, a los “sindicatos de protección”, refirió.
“Seguir con esto no lo podemos permitir, porque la reforma laboral mantiene como obligación para México, derivado de de las propias reglas del TMEC, que cambie su visión del derecho laboral y de la democracia y la libertad en los sindicatos”, subrayó.
Sergio Molina está familiarizado con el tema “porque yo promoví, redacté y materialicé el cambio de la justicia laboral en México”, especificó.
“He tenido la gran suerte, la gran fortuna que me ha dado la vida, de promover todos estos temas. Y lo llevé desde el aspecto de la capacidad”, recalcó.
Anotó que otro elemento que se incluyó en la reforma laboral, es la concientización o el cambio cultural, entre los trabajadores y entre los juzgadores de la materia.
En cuanto la actitud de Donald Trump de presionar para que las empresas se ubiquen en Estados Unidos, dijo que esto lo hace por una cuestión económica, más no laboral.
En México, los trabajadores siguen estando en desventaja con respecto a los de Estados Unidos, incluso en un mismo sector.
En lo automotriz, por ejemplo, que es una de los sectores en los que más ha presionado Donald Trump para que las armadoras lleven sus plantas a Estados Unidos, mencionó que los trabajadores de México no tienen ni de cerca los mismos salarios que ganan allá.
“México sigue teniendo bajos salarios y México sigue teniendo todavía condiciones muy desventajosas con respecto a los trabajadores”, expresó.
Pero esto, “no es tanto por una cuestión de política como tal, sino más bien es el incumplimiento de México en un concepto particular, que se llama «trabajo decente» que implica buenas condiciones, menos flexibilidad, menos precariedad, menos intervención de los empleadores”, ponderó.
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