XALAPA.- José Luis Lima Franco, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado de Veracruz, ha respondido a las acusaciones de la oposición sobre el presunto uso de recursos públicos en el actual proceso electoral. En una entrevista reciente, Lima Franco afirma que la Sefiplan no ha recibido ningún requerimiento o notificación sobre denuncias relacionadas con este tema. El secretario señala que aquellos que puedan respaldar estas acusaciones deberían presentar pruebas ante las autoridades competentes y hacer las denuncias correspondientes. O sea, lo mismo de siempre: evadir señalamientos y echarle la bolita al que denuncia. Además, menciona que se dio la instrucción de que las dependencias no utilicen vehículos oficiales, recursos humanos ni material para intervenir en las campañas electorales. Como si alguien les creyera y no se supiera que los empleados de la administración pública, se han manifestado hartos de que los utilicen como acarreados para llenar los eventos de la zacatecana Nahle. En ese mismo sentido, y respecto a las acusaciones de que se utilizan recursos públicos para apoyar a la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia en Veracruz", Rocío Nahle García, Lima Franco lo niega. En otro orden de ideas, afirma que se ha ampliado el subsidio de la tenencia hasta junio con el objetivo de brindar más oportunidades a los veracruzanos para pagar los derechos vehiculares y participar en una rifa organizada por la Sefiplan. Lo que omite reconocer es la intención detrás de esta medida: influir en el proceso electoral creando la percepción ciudadana de que el gobierno da beneficios a los contribuyentes cuando es algo que toda la vida se ha hecho. Y precisamente, ante la pregunta sobre si esta medida podría ser sancionada por promover programas de gobierno durante la veda electoral, el cínico Lima Franco explica que el programa de subsidio de la tenencia ya está autorizado, incluso por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), y se ha realizado en años anteriores. Por lo tanto, considera que no hay impedimento legal para su implementación durante este período. Ya no saben ni cómo meter su cuchara en el proceso electoral; se saben desesperados y están dispuestos a cualquier cosa para favorecer a sus candidatos. La mala noticia, para ellos, es que no les va a funcionar: ya es demasiado tarde; el voto de castigo ya se coció.
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