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“Intervención no fue un acto aislado”: organizaciones concluyen que el Estado no actuó con imparcialidad en elección judicial.
Las organizaciones Practica Lab, Di-sentir, México Evalúa y Laboratorio Electoral, que se unieron para crear el Observatorio Electoral Judicial, señalaron que fue una reforma excluyente que careció de un análisis real y de un diagnóstico, a lo que se sumó la falta de reglas claras.
Jueves 17 de Julio de 2025
Por: animalpolitico.com
Foto: Cuartoscuro .
Ciudad de México.- Diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe final sobre la elección judicial en el que concluyeron que el Estado mexicano en su totalidad no actuó con imparcialidad durante el proceso electoral extraordinario judicial, donde se eligieron a jueces, magistrados y ministros del país.



“Un proceso electoral en el que la intervención no fue un acto aislado, sino que se enmarcó en un contexto donde hasta la presidencia de la República y el Senado impugnaron activamente los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) que buscaban blindar la equidad en la contienda. Esto evidencia un esfuerzo deliberado para erosionar la barrera entre el gobierno y la competencia electoral”, señaló Luis Fernández, director ejecutivo de Práctica: Laboratorio para la democracia.

Durante más de 10 meses las organizaciones Practica Lab, Di-sentir, México Evalúa y Laboratorio Electoral, que se unieron para crear el Observatorio Electoral Judicial, estuvieron trabajando para presentar este informe sobre el proceso electoral que incluye los principales hallazgos y una serie de recomendaciones para las elecciones judiciales en México.


Un documento para dejar evidencia de cómo actuaron las autoridades en todas las etapas de la reforma judicial: desde la evaluación, las campañas y el financiamiento y la fiscalización, hasta la justicia electoral, la (in)observancia de los derechos político-electorales, los cómputos distritales y la resistencia de las autoridades a un recuento de votos.



Reforma judicial inició sin diagnóstico real
Tania Ramírez, directora ejecutiva de Di-sentir, fue la primera de las ponentes en señalar que, desde su origen, la reforma judicial −propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde el 5 de febrero de 2024 y aprobada por el Congreso de la Unión en septiembre del mismo año− careció de un diagnóstico real sobre la situación de justicia del país.

“Fue una reforma excluyente que careció de un análisis real y de un diagnóstico. Y eso desafortunadamente lo vimos materializado a lo largo del proceso electoral con una serie de errores que terminaron minando la calidad de la elección”, señaló.

Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, acompañó la idea al señalar que la claridad y la falta de reglas fue un componente permanente que dañó todo el proceso electoral.


“No había reglas, por ejemplo, para esta distribución geográfica, no había información clara para los votantes para saber por quiénes votaban […] mientras que la constante fue que el Tribunal Electoral no fue realmente un árbitro imparcial. Le faltó resolver de fondo muchas de las cuestiones que se están planteando”, sostuvo.


La intervención irregular de las autoridades en el proceso electoral
Al tomar la palabra, Luis Fernández señaló que la falta de imparcialidad en la contienda electoral se potenció también con una decisión del Tribunal Electoral, emitida en una votación dividida, que permitió que servidores públicos promovieran abiertamente las elecciones, creando una zona gris que fue aprovechada para influir de manera directa y abierta en la contienda.

“Esta ambigüedad legal se materializó con la distribución de los acordeones, o las listas de las candidaturas afines, una práctica de coacción velada, operada desde estructuras de gobierno locales, que fue denunciada por decenas de organizaciones, entre ellas el Observatorio Electoral Judicial y la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.


Además, indicó que la ley no ofreció los medios suficientes para inhibir y sancionar, con eficacia, esta falta de imparcialidad cometida, en mayor o menor medida, por las autoridades de todos los niveles del gobierno del país.

“Por ese motivo, recuperar la legitimidad de nuestras autoridades es una tarea impostergable. No basta con ajustes procedimentales, requerimos un profundo y renovado compromiso ético con los principios y valores democráticos”.

Finalmente, Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, agregó que enmendar los errores en la reforma judicial, incluso desde el ámbito electoral, debe ser una prioridad rumbo a la concurrencia electoral que se vivirá en el país en las elecciones de 2027.

“Nos preocupa mucho la concurrencia electoral, que las elecciones se hagan no todas en un solo ejercicio, son muchísimos cargos y muy distintos, sino que se hagan concurrentemente con las elecciones políticas. El ejercicio del 2027 va a ser algo abrumador: elecciones locales en todos los estados, porque en todas se van a elegir cargos locales, 17 gubernaturas, las 500 diputaciones, más la mitad de los cargos jurisdiccionales y 5 magistraturas de la Sala Superior”.






Por: Alfredo Maza

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