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| Comisión Interamericana ordena a EU reabrir caso de un mexicano asesinado y torturado por agentes fronterizos en 2010. | ||||||
| De acuerdo con la CIDH, Anastasio Hernández Rojas falleció en 2010 tras ser detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Según el informe, el migrante mexicano fue arrestado, golpeado, electrocutado, atado y retenido por varios agentes a pesar de estar desarmado y herido. | ||||||
| Jueves 01 de Mayo de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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En el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 60/25 del Caso 14.042 la CIDH concluyó que hubo un innecesario y desproporcionado uso de la fuerza, debido a que la víctima estaba desarmada, esposada y no representaba ninguna amenaza. Aunado a que no hubo una investigación completa y se le negó el acceso a la justicia. En la petición presentada a la Comisión en 2016 para analizar el caso, se detalla que Hernández Rojas fue arrestado, golpeado brutalmente, electrocutado con una pistola eléctrica, atado y retenido por varios agentes; al respecto, el organismo también resolvió que el uso de pistolas Taser en modo aturdidor constituyó actos de tortura. Los hechos quedaron grabados en videos captados por testigos. De acuerdo con el organismo, al migrante mexicano se le negó atención médica adecuada y su muerte fue consecuencia directa de la violencia perpetrada por agentes estatales. “La CIDH también determinó que las leyes estadounidenses que rigen el uso de la fuerza carecían de los parámetros y límites claros necesarios para salvaguardar eficazmente los derechos humanos. En concreto, la legislación permitía el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal, basándose en la “creencia razonable” de cada agente de que dicha fuerza era necesaria para defenderse a sí mismo o a otros ante una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves. La CIDH concluyó que este criterio discrecional puede dar lugar a violaciones de derechos. Además, la CIDH observó que la regulación en cuestión no exigía una evaluación de proporcionalidad, no distinguía claramente entre fuerza general y letal, y permitía el uso arbitrario de armas de tipo taser”, dice el informe. Además de lo anterior, la Comisión Interamericana identificó graves fallas en la investigación penal, entre ellas la falta de recolección de pruebas y su destrucción, el sesgo en la apertura de la investigación y la falta de medidas para garantizar la participación de los familiares de la víctima en el proceso. “Teniendo en cuenta lo anterior, la CIDH concluyó que el caso refleja no sólo un contexto de discriminación estructural sino también la omisión del Estado en adoptar medidas que den cuenta de la intersección de múltiples vulnerabilidades: en este caso, la condición del señor Hernández Rojas de migrante, hombre latino y persona privada de su libertad”. Tras la revisión del caso, la Comisión concluyó que Estados Unidos es responsable de la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la justicia y la integridad personal en perjuicio de Anastasio Hernández Rojas, su esposa María de Jesús Puga Morán y sus hijos Yeimi Judith, Daisy Alejandra, Fabián Anastasio, Daniel y Daniela Hernández. Estados Unidos omite responder a la CIDH por caso de migrante mexicano asesinado por agentes fronterizos En diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el informe de fondo a Estados Unidos y solicitó una respuesta sobre las medidas adoptadas para cumplir con la resolución en un plazo de dos meses pero no recibieron respuesta. Meses después, en marzo de 2025, la CIDH aprobó su Informe Final de Fondo y otorgó a Estados Unidos tres semanas adicionales para responder pero tampoco respondieron. Por lo que el organismo reiteró sus recomendaciones a Estados Unidos para que brinde reparaciones integrales por las violaciones de derechos humanos y reabra la investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicar las sanciones. También hicieron un llamado a adoptar garantías de no repetición y alinear sus marcos legales sobre el uso de la fuerza con antecedentes internacionales; mejorar las condiciones de detención, particularmente en centeos fronterizos, restringir el uso de pistolas taser y capacitar a los agentes en derechos humanos. |
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