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| Exigen justicia para activistas Gabriel Cruz y Edmundo Reyes a 18 años de su desaparición. | ||||||
| En conferencia en la Glorieta de los Desaparecidos, Margarita Cruz Sánchez, dijo que el caso de sus familiares se suma a los 230 luchadores sociales o activistas que por su labor de defensa de los derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada desde el 2006 a la fecha. Indicó que 64 de ellos cometidos en el contexto del gobierno de la 4T. | ||||||
| Domingo 25 de Mayo de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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En conferencia en la Glorieta de los Desaparecidos, Margarita Cruz Sánchez, dijo que el caso de sus familiares se suma a los 230 luchadores sociales o activistas que por su labor de defensa de los derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada desde el 2006 a la fecha. Indicó que 64 de ellos cometidos en el contexto del gobierno de la 4T. "La desaparición forzada es un crimen de Estado, de carácter continuo e imprescriptible, con tanto, es obligación y responsabilidad de este gobierno realizar todo lo necesario para dar con el paradero de nuestros familiares y enjuiciar y castigar a los responsables". Recordó que han pasado 18 años desde que inició la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel el cual está plenamente documentado y que luego de largos años de lucha, de derechos humanos y movilizaciones obtuvieron la sentencia de amparo en revisión 51/2020 , en 10 de agosto del 2022, la cual estableció importantes criterios jurídicos en materia de búsqueda, investigación y medidas de reparación. Criterios que tendrán que ser abordados por los impartidores de justicia para investigar los casos de desaparición forzada. "Durante todos estos años de lucha en la exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares, se ha demostrado la respuesta sistemática del estado, denegar la existencia de estos crímenes, a pesar de contar con la documentación y evidencias de los casos que demuestran lo contrario, hemos visto pasar tres gobiernos que se dicen distintos; PAN, PRI y ahora Morena, y en los hechos ninguno ha garantizado la impartición de Justicia ni mucho menos la búsqueda de todos los detenidos desaparecidos, los casos siguen impunes y continúan cometiéndose". Acompañada por organizaciones no gubernamentales, apuntó que en el caso de sus familiares puedo llegar hasta la Suprema Corte gracias a la persistencia y exigencia que por años han mantenido lo que permitió que se lograra obtener por primera vez una sentencia que establece la búsqueda, sin previo aviso, en instalaciones militares; la creación de grupos interinstitucionales de búsqueda; una medida adecuada para garantizar el derecho a ser buscado; medidas de reparación integral del año entre otros. Agregaron que entre los actos que se niega a realizar la Fiscalía General de la República (FGR)están el ejercicio de la acción penal en contra de más de 10 servidores públicos de la fiscalía general de Justicia del Estado de Oaxaca que están relacionados con el caso que en más 18 años no han sido investigados, como también la declaración de testigos importantes que no han sido llamados a declarar. "La dilación al realizar nuevas investigaciones para localizar a los prófugos, Nicolás Martínez y Pedro Hernández Hernández, quienes a más de 4 años de haber sido giradas órdenes a pensión en su contra, no han sido localizados, así como la creación de un equipo especial y amplio de policía de investigación para realizar nuevos actos de investigación y dar con el paradero de los prófugos. "La negativa de la gente del ministerio público por realizar nuevas investigaciones en el caso que ha sido notificada la jueza cuarto distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, encargada de dar cumplimiento a la sentencia de la SCJN, sin embargo, hasta el momento no se ha visto cambio alguno en dar cumplimiento de manera pronta a las investigaciones". Por ello como familiares de las víctimas y organizaciones acompañantes solicitaron un informe detallado por parte del ministerio público de las acciones de investigación realizadas a su cargo de enero de 2024 a mayo del 2025, así cómo la denuncia de la gente del ministerio público ante el incumplimiento de lo establecido en la sentencia de amparo 51/2020 y ante su falta de responsabilidad de compromiso como autoridad de responsabilidad responsable de participantes acciones de búsqueda realizadas en este año. |
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