Rita fue sentenciada a 20 años de prisión sin investigación y tras una defensa jurídica deficiente; su caso llega a la Corte

martes 01 de julio de 2025

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Rita fue sentenciada a 20 años de prisión sin investigación y tras una defensa jurídica deficiente; su caso llega a la Corte.

Luego de vivir violencias extremas por parte de su expareja y en un contexto de vulnerabilidad, Rita fue detenida por tentativa de homicidio. Durante el proceso, no contó con una defensa legal que garantizara adecuadamente sus derechos.

Miércoles 25 de Junio de 2025

Por: animalpolitico.com

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Ciudad de México.- Rita Yadira, una mujer de 33 años en situación de vulnerabilidad, madre soltera de cuatro hijos –una con discapacidad–, escasos recursos y víctima de violencia extrema por parte de su expareja fue sentenciada a 20 años de prisión por tentativa de homicidio de tres de sus hijos, sin una representación legal adecuada y sin que se le explicara qué implicaba abreviar el proceso, ni que tenía derecho a apelarlo.

Hoy su caso llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de ser retomado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y respaldado por varias organizaciones que suscribieron un amicus curiae.

El 29 de marzo de 2016, Rita fue hallada inconsciente en su domicilio, en Chihuahua, por inhalación de gas junto a tres de sus hijos. Fue detenida por tentativa de homicidio agravado, luego de que su expareja, con quien había iniciado una relación cuando ella tenía 20 años y la había violentado varias veces, llamara a la policía.

Violencias contra Rita Yadira, cuyo caso llega hoy la Corte
En el historial de Rita consta la violencia sistémica de la que fue víctima, física, sexual y económica; las dos denuncias previas que ella había hecho fueron ignoradas. Incluso había tenido antes cuatro intentos de suicidio. Su mamá, Guadalupe, cuenta en entrevista que, además, su hija y ella defienden que el escenario fue presuntamente planeado y creado por la expareja de Rita, padre de tres de sus hijos.

En la escena, se registró cómo las ventanas estaban cerradas por fuera y la puerta encadenada, elementos que, aseguran, no fueron considerados por la fiscalía estatal. “Las personas que intervinieron ahí, las primeras licenciadas de oficio que le pusieron, no hicieron el trabajo como deberían haberlo hecho: no investigaron nada, no hicieron nada, yo ni siquiera las conocí”, reclama la mamá de Rita.

Además, dice, su hija siempre estuvo sujeta a “toda la violencia habida y por haber”: fue secuestrada, golpeada y amenazada. “La violencia doméstica y familiar, económica, de todo, se practicó en ella por parte de su pareja, y anterior a que ella fuera detenida, fue muy difícil la vida que llevó con este señor, por la violencia en todos los aspectos; desde un principio hubo amenazas”, acusa.

Guadalupe recuerda que desde que se embarazó de su primer hijo, su expareja la golpeó y la corrió de su casa. “Nosotros recogimos a mi hija toda golpeada, moreteada y todo, y de los tres niños que tiene de este señor, pasó lo mismo: venía, la amenazaba, se la llevaba, la volvía a golpear, se embarazaba y otra vez la regresaba toda golpeada. Esperaba que yo pagara partos, sonografías, cesáreas…”, relata.

Su mamá incluso la acompañó varias veces a denunciar. Recuerda que trató de salir de ese ciclo, y la enviaron al psicólogo, a talleres y otros apoyos. Él solo se burlaba y decía que nunca iba a pisar la cárcel, que ellas estaban locas. Después, cuando se embarazó de su hija que hoy vive con discapacidad, él pareció dispuesto a cambiar, pero Guadalupe nunca le creyó, y pronto quedó claro que no sería así. Mientras la niña estuvo casi dos meses internada, el papá nunca se hizo cargo de su cuidado.

Defensorías públicas para Rita actuaron sin perspectiva de género: especialista
Luego de que Rita terminara detenida e investigada por los hechos de 2016, por el delito de tentativa de homicidio agravado y calificado hacía tres de sus hijos, fue asistida por cuatro defensoras públicas distintas, que no aportaron pruebas ni alegaron en favor de sus derechos. Además, no ejercieron su labor con perspectiva de género para identificar las asimetrías de poder y el contexto de violencia y desigualdad en el que vivía Rita, explica Osvaldo Bautista, abogado del IFDP.

Tras una nula estrategia jurídica y por consejo de sus defensoras, Rita aceptó un proceso abreviado, sin saber que eso implicaba renunciar a la posibilidad de ser juzgada en un juicio oral. Admitió su responsabilidad en los hechos y aceptó la oferta del Ministerio Público de 20 años de prisión. La jueza tampoco actuó con perspectiva de género y la declaró culpable. Ni la juzgadora ni su propia defensa le informaron su derecho a interponer un recurso de apelación, y la sentencia quedó firme en los primeros 10 días.

“Se vuelve muy gravoso porque precisamente la defensa local de Chihuahua no cuenta con elementos probatorios suficientes para poder sostener lo contrario a lo que afirmaba en ese momento el Ministerio Público, y aunado a esta deficiente investigación, la defensa tampoco realiza actos de investigación con perspectiva de género, con el enfoque interseccional, con enfoque de derechos humanos que pongan en manifiesto todas estas vulnerabilidades en que Rita se encontraba”, indica Bautista.

Sumado a todo ello, cuando dos de sus hijos fueron dados de alta después de estar en hospitalización, sin toxicidad por el gas, su hija con discapacidad permaneció internada por una infección. Sin embargo, su expareja se sumó a declarar en su contra, al igual que su media hermana, con la que el padre de los niños mantenía una relación muy cercana.

Así, en un inicio Adán obtuvo la guardia y custodia de sus cuatro hijos, pero cuatro meses después, el más pequeño, de dos años, vivió violencia por parte de su padre, quien le fracturó la mandíbula, lo que dio inicio a una investigación en el DIF y la fiscalía. Cuando la violencia familiar del padre se acreditó, además de abuso sexual a los niños más grandes, fue sentenciado a 29 años de prisión por la suma de ambos delitos y encarcelado en el Cereso Varonil 1 de Chihuahua.

Finalmente, Guadalupe, después de otra batalla con la media hermana de Rita, que tuvo por un tiempo la custodia de dos de ellos, terminó recuperando a sus cuatro hijos, que hoy siguen bajo la custodia de la abuela y ya han visitado a Rita.

Familia de Rita pide ayuda a la Suprema Corte
Por eso, ella le pide ahora a la Suprema Corte que le ayude porque sus hijos la necesitan, más ahora que ya están juntos. “Yo tampoco voy a tener fuerzas siempre, u otros 10, 12 años para seguirlos manteniendo y seguir cuidando de ellos: terapias, consultas, escuela y todo, porque yo ya soy una persona de la tercera edad”, dice Guadalupe, que ahora tiene 60 años.

El IFDP, al identificar que en el caso de Rita hubo graves violaciones a sus derechos humanos, por la falta de una defensa adecuada, derecho a recurrir a una resolución, tutela judicial efectiva, y derecho a ser juzgada con perspectiva de género y enfoque interseccional, decidió atraer el caso mediante una representación extraordinaria, gracias a su competencia federal.

De esa manera, en octubre de 2022 interpuso un recurso de apelación bajo el argumento de que la autoridad no se cercioró de que Rita entendiera las implicaciones del procedimiento abreviado, y de que la pena fue desproporcionada. En noviembre fue desechada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante lo cual se presentó una nueva demanda de amparo y se solicitó en enero de 2023 la atracción de la Suprema Corte, pues por la relevancia del caso, podría sentar precedente.

El asunto quedó radicado con el número de expediente 7/2024 y será discutido este miércoles en la Corte. El amicus curiae suscrito por las organizaciones DragonLab, Documenta y AsiLegal, sostiene que el caso de Rita es un claro ejemplo de las deficiencias e impactos que el procedimiento abreviado puede tener sobre la vida de una persona cuyo contexto individual y social es adverso, lo que se agravó cuando la fiscalía no realizó las investigaciones con enfoque de derechos humanos.

Esto sumado a que la defensa no fue técnica ni adecuada, y la autoridad judicial no realizó un juzgamiento con perspectiva de género y enfoque interseccional. “Rita, al momento de los hechos era una persona de baja instrucción escolar, de escasos recursos económicos, quien había intentado quitarse la vida 4 veces previo a ser abusada física, psicológica y sexualmente por su expareja y que fue ignorada por la fiscalía de Chihuahua cuando denunció esos hechos, en este sentido, su contexto individual fue omitido por todos los funcionarios públicos en la sustanciación del proceso penal y se le juzgó de forma desproporcionada en el procedimiento abreviado”, se lee en el documento.

Bautista aclara que en el IFDP no están en posibilidad de decidir si Rita es culpable o inocente, pero sí de señalar su contexto de vulnerabilidad y violencia en un proceso en el que se vulneraron sus derechos humanos. Por lo que la Suprema Corte tiene la posibilidad de pronunciarse sobre la absolución de Rita, o disminuir la pena que le fue impuesta. Otra salida sería ordenar la reposición del procedimiento, sin embargo, alerta que esto implicaría revictimizarla a ella y a su familia.

“La Suprema Corte tiene muchas vertientes para poder decidir el asunto, pero lo que en general esperamos es que la resolución que decida emitir, en el sentido que sea, que tome el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, el enfoque interseccional y por supuesto, no deje de lado todos estos contextos que como defensa estamos obligados a externar”, sostiene el abogado.

Por: Marcela Nochebuena