HAY RENUNCIAS serias, pero también las protagónicas escenificadas por ciertos candidatos a Presidentes Municipales a los que su partido les negó nombrar a integrantes de la planilla que les acompañará en la elección de Junio, y en ese tenor argumentan que fueron amenazados, como ocurrió en Cosoleacaque con la dimisión de Elvia Merlín Castro que justifica su proceder debido a la falta de garantías en materia de seguridad para ella, cuando en realidad no está de acuerdo con quienes serían los integrantes edilicios que le imponen desde la cúpula. Por ello Merlín Castro decide tirar la toalla, y de paso se justifica recordando el trágico asesinato de su hermana, Gladys Merlín Castro y su sobrina, Carla Enríquez, ocurrido el 15 de agosto de 2015 en su domicilio de Cosoleacaque. Pero el móvil de aquel asesinato fue el robo de dinero y joyas que tenían en su casa, y no por cuestiones políticas, e incluso se intentó culpar sin éxito a la familia Vázquez Parissi, pero los señalamientos se cayeron por su propio peso. Algo similar ocurre con Movimiento Ciudadano cuyos dirigentes –que seleccionaron sin ton ni son a muchos de sus abanderados, solo por cubrir espacios-, y ante el nulo crecimiento muchos han decidido renunciar, pero al partido de Dante Alfonso Delgado Rannauro se le hace fácil denunciar que debido a la violencia en Veracruz que no cede, al menos 10 de sus aspirantes a cargos públicos han recibido amenazas de grupos del crimen organizado previo al proceso electoral en el estado. “Hay grupos del crimen organizado que presionan a nuestros aspirantes en todo el estado para que se bajen y no participen”, dice Luis Carbonell, coordinador de MC, en Veracruz, y acaso tenga razón en algunos municipios, pero no en todo el Estado, y basta ver como el aspirante a la alcaldía de Xalapa, pese a ser promocionado por priistas que decidieron –por ingratitud- darle la espalda a su partido, simple y llanamente no crecen, siguen siendo anodinos, aun cuando se presentan en restaurantes donde nadie les conoce ni salude, y de paso lancen una majadera campaña de que Xalapa sabe o huele a tacos (solo porque sus negocios son de ese giro), cuando la capital del Estado es eminentemente cultural, universitaria, académica, y no en balde le llaman por ello La Atenas Veracruzana o Ciudad de las Flores. En fin, no todo lo que se denuncia es cierto, aunque, sin duda, hay mucho de ello, pero en gran medida la violencia no solo parte de la delincuencia organizada sino de políticos resentidos que se sienten desplazados. Así de simple
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TENIA QUE decirse y se dijo: “la desaparición forzada de personas se realiza de manera sistemática en México”, según denuncia el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, por supuesto, al Gobierno de la Cuarta Transformación le cayó de peso ese dictamen, por lo que, más raudo que veloz ordenó dirigir una nota diplomática al CED rechazando la posible participación del Estado mexicano por un posible contexto generalizado o sistemático de desapariciones forzadas. El asunto es que, no hay ni para donde moverse, si se consideran las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que resume más de 126 mil 808 personas en esas condiciones en todo el territorio nacional hasta el 11 de marzo de este año. Y es que el Comité contra las Desapariciones Forzadas asume que los responsables del crecimiento de las desapariciones en México son los servidores públicos, tanto del ámbito federal, estatal y municipal, así como el crimen organizado, al que considera perpetrador central. Por esa razón, la ONU anunció la apertura de un procedimiento para analizar el fenómeno de las desapariciones forzada en el País y determinar si lleva el asunto hasta la Asamblea General.
SE TRATA de la primera vez que en México el CED activa el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el cual consiste en solicitar al Estado toda la información pertinente. Si el Comité considera que hay indicios fundados de desaparición forzada generalizada o sistemática, lleva la cuestión ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como fuera, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED) es un instrumento jurídico vinculante de alcance universal. Su objetivo es prevenir la desaparición forzada y reconocer los derechos de las víctimas y sus familiares. En ese sentido, la Convención establece que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad si se practica de manera generalizada o sistemática, por lo que, cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias, evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. En México, el artículo 215-A del Código Penal Federal establece el delito de desaparición forzada, mientras que la Ley General en la materia de determina las conductas que constituyen ese delito. A su vez el artículo 27 de esa ley refiere que comete el delito de desaparición forzada quien prive de la libertad a una persona y luego se niegue a reconocerlo o a dar información sobre ella –algo en lo que incurre, sistemáticamente, el Estado-, mientras que el artículo 34 de esta ley refiere que comete el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona para ocultar su paradero. Pese a lo anterior, el comité de la ONU asume que “la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas, pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.
AHORA BIEN, aunque en Veracruz se enfrenta una de las mayores crisis de desaparición forzadas en el país, con un registro oficial de casi 8 mil personas desaparecidas y no localizadas, el Programa Estatal de Búsqueda de Personas, operado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Veracruz (CEBV), sufrió, gracias a la ignorancia y estulticia de Cuitláhuac García Jiménez en el último mes de mandado, una reducción de 3 millones 011 mil 624 pesos para este año, lo que representa 12.09 por ciento menos recursos en comparación con el monto ejercido durante 2024. Y es que el Presupuesto de Egresos del Estado propuesto por el ex gobernador el 15 de noviembre de 2024 y aprobado por la Legislatura estatal el 20 de diciembre de ese año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBV) contará con un presupuesto de 21 millones 912 mil 912 pesos para desarrollar el Programa Estatal de Búsqueda de Personas, lo que constituye un decremento de 12.09 por ciento respecto a los 24 millones 924 mil 536 pesos aprobados para el ejercicio fiscal actual. Los casos de desaparición en Veracruz comenzaron a aumentar en el 2010, siendo el 2014 el año con la mayor concentración, con 568 personas que continúan desaparecidas. Desde el 2011, con excepción de los años 2012 y 2017, se han registrado más de 450 personas desaparecidas por año. Del gran total de desaparecidos en Veracruz, hasta el 16 de mayo de 2024, 685 personas tenían menos de 18 años cuando fueron desaparecidas, siendo la mayoría niñas, exactamente el 54.31 por ciento. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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