Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Rocío Nahle García y Ricardo Ahued
Bardahuil
No soy antropólogo, ni filólogo para darle significado a las palabras. Es tiempo de reconocer que la gobernadora Rocío Nahle García da muestra de entereza y gallardía para afrontar la adversidad. En Veracruz el cambio se refleja con una mujer comprometida con defender a quienes menos tienen y a los que se quedaron atrás. Vamos a erradicar cualquier tipo de discriminación. Exhortó a sus colaboradores a desempeñarse con transparencia, responsabilidad y eficiencia un firme compromiso con los valores democráticos.
Vamos a garantizar que las oportunidades llegan a todos priorizando el diálogo y justicia social como planes de gobierno. Unidad, respeto y solidaridad garantizan fortaleza. Finanzas soñadas palanca de desarrollo. También qué bueno que la gobernadora Rocío Nahle, está tomando con firmeza la decisión de mejorar los centros de salud. Ojalá que las medidas de la ingeniera funcionen. Es necesario hacer el cambio.
Coinado ampliamente con Agustín Contreras Stein en lo referente al comentario que hizo sobre el responsable de la subsecretaría de gobierno José Manuel Pozos Castro político, experimentado y capaz con una larga trayectoria en el servicio público vínculo político de la gobernadora Norma Rocío Nahle García. A lo anterior yo agrego que es un filántropo de la política. Se desempeña como una figura relevante que, por sus singulares capacidades, ha logrado realizar una carrera meteórica, siendo hasta la fecha un gran negociador. Además hacen una gran mancuerna con Ricardo Ahued Bardahuil.
A lo largo de mi vida no he tenido la oportunidad, la dicha y la responsabilidad de observar a muchísimas personas que deciden dar un manotazo en la mesa: denunciar. No hablo de servidores públicos, empresarios o clientes de alto perfil; me refiero a las y los mexicanos, mujeres, hombres, niñas y niños, personas que han sido víctimas del delito y que, en medio del dolor, del miedo, de la incertidumbre, se levantan para presentarse ante la autoridad y transformar todo en esperanza, que se les crea, que se les escuche y que se les proteja. Es así que he adquirido la experiencia de que denunciar en México no es fácil. Es un acto de profunda e inmensa valentía. No basta con narrar lo acontecido, sino que hay que resistir a las preguntas, contarlo una y otra vez, firmar documentos interminables, esperar horas, enfrentar dudas y, en la mayoría de los casos, soportar el trato insensible e indiferente con el que se manejan aquellos que supuestamente están llamados a proteger.
La ley establece que el sistema debe estar diseñado y enfocado hacia las personas. Que la víctima debe recibir una atención digna y que debe respetarse su derecho humano de acceso a la justicia. La ley lo prevé todo, pero en la práctica, la mayoría de las veces, las víctimas se enfrentan a un camino lento, burocrático y desesperante.
Lo que debería ser un proceso de acompañamiento, de restitución, de obtención de la verdad, se convierte en una ruta de desgaste físico, económico y emocional.
Acompañar a una víctima en todo esto es ver de cerca cómo la inactividad institucional también lástima. Es enfrentarse a mesas de atención al público que no brindan atención al público. Es presenciar cómo la espera también es una forma de violencia.
Sin embargo, aquello que trasciende todo esto: la fuerza, la resiliencia. Después de todo, el derecho penal no puede, ni debe, limitarse sólo a castigar; su propósito es, o debería ser, el reparar, el reconocer y resarcir el daño. El objetivo del derecho penal entonces debe ser restituir en el goce de sus derechos humanos y de sus bienes jurídicos tutelados a aquellos ofendidos. La justicia penal no sólo versa en castigar al culpable, sino que debe también enfocarse en sanar a la víctima, con humanidad, inteligencia y respeto.
Comprendo que hay mucho por conseguir. Hay fiscalías rebasadas, muchos servidores públicos sin vocación y vivimos bajo un sistema colapsado. Pero también sé que aún hay agentes del ministerio público comprometidos, abogados valientes y juzgadores que sí escuchan. Son estos quienes marcan la diferencia.
En otro contexto en México, la observación es electoral nacional se integró a la legislación electoral en 1993 y en 1994 se permitió la misma a nivel internacional a través de la institución de los visitantes extranjeros.
Desde entonces y hasta hoy organizaciones y personas acreditadas por la autoridad electoral administrativa han constatado todas las elecciones federales, incluso las que han sido muy complicadas: como fue la de 1994.
Bajo este contexto, en el Portal de Observadoras y Observadores electorales del INE con fecha de corte al 2 de mayo, Se registra un total de 248 mil 836 solicitudes, así como 573 miembros de distintas organizaciones para estar acreditadas para presenciar estas elecciones judiciales, cuyo plazo registrado fue el 7 de mayo. Este registro tan alto llama la atención, ya que si comparamos los datos estadísticos de otras elecciones observamos que hubo menos participación de estas instancias.
Por ello, algunos académicos dedicados desde hace tiempo a la política, ante la evidencia constatable del gran interés en observar estas elecciones, han manifestado que esto puede deberse al intento de candidatos, partidos políticos e incluso a instituciones gubernamentales de influir de manera directa en el proceso electoral judicial. Incluso sugiere, desde ahora, que lo anterior es evidencia de un posible fraude respecto a una elección.
Esos dichos pueden percibirse negativamente por la ciudadanía y tal vez podrían generar alarma, desánimo o desalentar la participación del electorado. En ese sentido, la ciudadanía debe estar tranquila, porque las autoridades electorales han demostrado históricamente estar listas y a la altura de las circunstancias para llevar a un buen puerto incluso las elecciones más complicadas.
Por otro lado, también debe aclararse que los observadores electorales no pueden jurídicamente incidir en la elección y de hecho pueden ser sancionados si lo hacen.
Tenemos que asegurar retiradamente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será una vez más garante de que las personas observadoras electorales se ciñan a la ley, observando los principios de imparcialidad, objetividad y autonomía. Nadie estará por encima de la Constitución, mismo que protestamos cumplir y hacer cumplir, esa es nuestra garantía a la ciudadanía. La democracia la construimos todos, todas y todes y la observación electoral constituye la mejor garantía de que las elecciones judiciales se realicen en un ambiente de respeto a los derechos humanos.
En otro contexto hay varias definiciones de soberanía: “Poder autoridad suprema que reside en un pueblo o nación para tomar decisiones y ejercer control sobre su propio territorio y gobierno sin depender de otras entidades externas”, “Es el ejercicio de la autoridad en un cierto territorio”.
Cómo y quién ejerce la soberanía depende de la forma de gobierno. Para Rousseau, la soberanía reside en el pueblo y cede derechos a favor de la autoridad, por tanto, cada ciudadano es soberano y súbdito al mismo tiempo. Se habla de soberanía nacional y de soberanía popular; la ejercen el Estado o el pueblo y se conforman mediante el sufragio universal. Se habla de varios tipos de soberanía: política, económica o financiera, alimentaria, tecnológica, energética, fiscal, militar. A nivel internacional implica independencia e igualdad. Se afirma que la soberanía no es un poder ilimitado, pues los derechos humanos son su frontera y su razón de ser.
La Constitución define a la soberanía en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, por lo tanto, la soberanía reside en el pueblo, no en la nación. De acuerdo al texto constitucional, el poder soberano se ejerce a través de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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