¿Tiene usted ganas de hablar con la representante de todos los veracruzanos? ¿Tiene usted necesidad de confiarle algo a la amiga de los veracruzanos, Rocío Nahle? Pues antes de salir a buscarla piense bien en lo que le va a decir o le va a preguntar, porque si no es un asunto “bonito, precioso” puede ser que la gobernadora ni la pele o de plano, como le hizo a los productores de Azucena Uresti, les cuelgue el teléfono como una mujer mal educada. Azucena Uresti entrevistaba a Araceli Herrera en su noticiero de Teleformula. Araceli exige al gobierno de Veracruz información sobre su hermano Bulmaro Herrera, quien fue secuestrado por el crimen organizado. Los productores del programa contactaron a la gobernadora de Veracruz para que ella misma respondiera a Araceli. ¿Qué hizo la gobernadora? Apenas se enteró de qué se trataba, sin mediar disculpa, colgó con esa ordinariez que la caracteriza. Comentó Azucena Uresti sobre la falta de educación de Rocío Nahle: “De ese nivel de soberbia y prepotencia se sienten algunos gobernadores”. Así que ya sabe, si piensa usted hablar con la gobernadora, que sea sobre el mundo de caramelo en el que ella vive; que sea sobre las cosas bonitas que ocurren en el estado que hace unos años ella misma calificó “el mismísimo infierno”.
México sigue siendo el país de los privilegios. Diputado tiene 3 escoltas desde hace 17 años. Casi 25 millones de los mexicanos para cuidarle las espaldas
El diputado local por Morena en el Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina García, quien preside la Junta de Coordinación Política, ha sido señalado públicamente por contar con 3 escoltas pagados con recursos públicos desde hace 17 años. La denuncia se hizo visible el 25 de febrero de 2026 mediante un espectacular colocado en la Calzada Independencia de Mexicali, con el mensaje: “¿Por qué el diputado Juan Manuel Molina García tiene 3 escoltas pagados por el pueblo desde hace 17 años? Costo promedio mensual: 120 mil pesos”. En total el erario público ha gastado casi 25 millones de pesos para cuidarle las espaldas a este político. El anuncio fue firmado por el grupo “Cachanillas Unidos contra la Corrupción”, que cuestiona la necesidad de esta protección y exige su retiro, argumentando que representa un gasto millonario innecesario al erario público. El legislador, quien en los últimos 17 años ha militado en el PAN, Movimiento Ciudadano y tres ocasiones en Morena, ha respondido de forma limitada. Indicó que no solicitó personalmente la seguridad (fue asignada por autoridades estatales al considerar que existe un riesgo), evitó detallar cifras exactas y en algunos momentos ironizó o evadió profundizar en el tema. La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, ha señalado que la medida responde a una evaluación de riesgo del Gobierno del Estado. El caso ha generado debate en redes y medios locales sobre el uso de recursos públicos para seguridad personal de políticos en un contexto de alta demanda de vigilancia ciudadana.
El Mencho pagaba millones mensuales en sobornos a policías municipales, estatales, FGR, Marina y a gente de más arriba
Sabemos que la delincuencia organizada no puede operar ni prosperar sin el contubernio de las autoridades policiacas y en muchos casos con el apoyo del Poder Judicial. En México, se ha dado el caso de que las organizaciones criminales tienen pactos con las autoridades estatales e incluso federales. Tal es el caso de Adán Augusto López, quien tiene vínculos con La Barredora, cuyos líderes ocuparon puesto de autoridad cuando era gobernador de Tabasco y después secretario de Gobernación con López Obrador e incluso siendo Adán presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado. La nómina que da a conocer el periódico El Universal, donde
se desglosa cuánto se pagaba a los policías de los municipios de la zona conocida como Los Valles es sólo una muestra mínima de cómo operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación en completa impunidad. Señala El Universal: “La información da cuenta de que, además de pagar sobornos a la policía de Tapalpa, el cártel tenía en su nómina a policías municipales de Sayula, Atoyac, Techaluta de Montenegro, Amacueca, Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán (colindantes con Tapalpa), Tomatlán y Cabo Corrientes (El Tuito), estos dos últimos municipios en la costa de Jalisco. Estos datos sugieren que la primera semana de cada mes, el CJNG gastaba un millón 45 mil pesos para corromper policías de estas demarcaciones; sin embargo, no se señala a quiénes se entregaba el dinero”. Y esto sólo en la zona donde operaba El Mencho, habría que sumar el gasto de sobornos a la misma Fiscalía General de la República y los sobornos en las aduanas por el tema del huachicol fiscal. Sobornos que ya vimos, llegaban hasta los altos mandos de la Marina y el Ejército.
Armando Ortiz Twitter: @aortiz52 @lbajopalabra |
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