El discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución fue, otra vez, un ejercicio cuidadosamente diseñado para aplaudirse a sí mismo. Un acto de rendición de cuentas que terminó pareciéndose más a un mitin de campaña, más a una ceremonia de autocelebración que a una revisión seria del estado real del país.
El mensaje tuvo además una carga política especial al realizarse en el contexto de los dos años del triunfo electoral que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República. Más que un simple informe de gobierno, el acto buscó proyectar la imagen de un movimiento consolidado, fuerte y respaldado por la ciudadanía.
Sin embargo, precisamente por tratarse de una fecha simbólica para el oficialismo, era razonable esperar una evaluación más profunda de los problemas que siguen sin resolverse y de los desafíos que continúan afectando a millones de mexicanos.
La narrativa fue la de siempre: honestidad, amor al pueblo, soberanía, transformación, patria y enemigos externos. Sin embargo, mientras desde el templete se hablaba de un país fuerte y en ruta hacia un futuro prometedor, en el escenario político nacional seguían pesando asuntos que el discurso evitó tocar.
Entre ellos, el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya administración continúa bajo el escrutinio público tras las investigaciones y señalamientos que han derivado en la entrega voluntaria a autoridades estadounidenses de exfuncionarios de primer nivel de su gobierno.
Un tema que ha provocado cuestionamientos dentro y fuera del país sobre los niveles de infiltración criminal en las estructuras de poder y sobre la respuesta que el oficialismo ha dado a una crisis que sigue generando dudas.
Porque mientras la presidenta hablaba de honestidad y transformación, millones de mexicanos observan cómo algunos de los casos más delicados relacionados con seguridad, crimen organizado y presuntos vínculos políticos permanecen sin respuestas claras. La narrativa oficial insiste en que se combate la corrupción como nunca antes, pero la realidad demuestra que las sospechas sobre la relación entre poder político y grupos criminales siguen siendo uno de los mayores desafíos para la credibilidad de las instituciones.
Detrás de las palabras grandilocuentes pronunciadas en el Monumento a la Revolución hay una pregunta que no desaparece: ¿de qué sirve un discurso tan optimista cuando millones de mexicanos viven una realidad mucho más dura que la presentada desde el templete? ¿Cómo hablar de una transformación histórica cuando persisten dudas sobre la seguridad, el crecimiento económico, la corrupción y la capacidad del Estado para garantizar justicia? Son preguntas incómodas, pero inevitables, que ningún discurso puede borrar por más aplausos que reciba.
La presidenta presumió que México “está de moda”, como si una frase pudiera tapar los síntomas de una economía que avanza con dificultad. Habló de inversión extranjera directa récord por 23 mil 591 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, una cifra que suena poderosa, pero que no cuenta toda la historia.
Porque mientras se presume ese dato, también se tiene que decir que la economía mexicana se contrajo 0.6 por ciento en el primer trimestre del año y que el crecimiento anual apenas fue de 0.4 por ciento. Eso no es una economía boyante.
Eso es una economía atorada, débil, dependiente de anuncios y de discursos, pero incapaz de generar un crecimiento suficiente para mejorar de verdad la vida de las familias. El problema del discurso oficial no es que use cifras, sino que selecciona sólo las que le convienen.
Se presume la inversión extranjera, pero se evita hablar con la misma emoción de la caída del PIB. Se presume la fortaleza del peso, pero se minimiza el golpe cotidiano de los precios.
Se presume una supuesta “primavera laboral”, pero en los hogares mexicanos la primavera se marchita cada vez que una familia va al mercado y descubre que el dinero alcanza menos.
Pero incluso en materia laboral hay datos que el discurso prefirió dejar en segundo plano. De acuerdo con cifras recientes del Inegi, más de 33 millones de mexicanos continúan desempeñándose en la informalidad, una condición que afecta a más de la mitad de la población ocupada del país. Detrás de los anuncios sobre generación de empleo existe una realidad menos favorable: millones de trabajadores siguen sin acceso pleno a seguridad social, pensiones, créditos de vivienda o estabilidad laboral.
Por eso resulta insuficiente presumir únicamente el número de personas ocupadas. La verdadera pregunta es cuántos de esos empleos permiten vivir con dignidad. Mientras una proporción tan elevada de mexicanos continúe sobreviviendo en actividades informales, cualquier discurso sobre prosperidad económica seguirá enfrentándose a una realidad que las estadísticas oficiales difícilmente pueden ocultar.
En abril de 2026, la inflación anual fue de 4.45 por ciento, de acuerdo con el Inegi, y aunque el gobierno intenta presentarla como una cifra controlada, en alimentos el golpe ha sido brutal. Ahí está el verdadero país, no el del aplauso organizado.
Las frutas y verduras registraron aumentos anuales superiores al 21 por ciento. El jitomate, el chile, la papa y otros productos básicos se convirtieron en símbolos de una economía que el gobierno presume desde arriba, pero que la gente padece desde abajo.
Una administración puede repetir mil veces que el salario mínimo ha subido, pero si al mismo tiempo la canasta básica se encarece, el beneficio se diluye en la fila del supermercado, en el puesto del mercado y en la mesa de las familias.
Sheinbaum también habló de honestidad, como si repetir esa palabra bastara para convertirla en realidad. Dijo que no hay espacio para la corrupción, pero el país no necesita frases morales, necesita resultados verificables, castigos ejemplares y transparencia absoluta.
La honestidad no se decreta desde un micrófono.
Se demuestra cuando se investigan contratos, cuando se transparentan obras, cuando se castiga a funcionarios, cuando no se protege a los cercanos y cuando el poder deja de usar el discurso anticorrupción como escudo político.
En seguridad, la presidenta presumió una reducción de 49 por ciento en homicidios dolosos y una baja de 20 por ciento en delitos de alto impacto. Pero reconocer un avance no significa aceptar un relato triunfalista. México sigue siendo un país donde comunidades enteras viven bajo amenaza, donde hay carreteras tomadas por el miedo, regiones disputadas por grupos criminales, madres buscadoras cavando la tierra y familias que no creen en estadísticas porque han enterrado a sus muertos.
La seguridad no puede medirse sólo desde el promedio nacional cuando hay estados donde la violencia sigue marcando la vida diaria.
El gobierno insiste en que todo cuestionamiento es ataque, que toda crítica es campaña, que toda exigencia de explicación forma parte de una ofensiva contra la transformación.
Esa es una trampa peligrosa. Una democracia sana no le teme a las preguntas. Un gobierno seguro de sus resultados no necesita descalificar a quien lo cuestiona.
Pero en el discurso presidencial volvió a aparecer esa vieja fórmula: dividir al país entre pueblo y adversarios, entre patriotas y vendepatrias, entre buenos y malos.
Esa retórica puede servir para encender plazas, pero no sirve para gobernar con madurez. Cuando la presidenta dice que “la patria no se vende”, la frase suena poderosa, pero también cómoda. Porque nadie le está pidiendo vender la patria.
En esa misma línea, la presidenta dedicó parte de su mensaje a advertir sobre presuntos intentos de injerencia extranjera provenientes de grupos de la ultraderecha estadounidense. La defensa de la soberanía nacional es una responsabilidad legítima de cualquier gobierno y nadie podría cuestionar el derecho de México a rechazar presiones externas. Sin embargo, el tema merece un tratamiento más serio y preciso que el ofrecido durante el discurso.
Cuando las advertencias sobre amenazas externas se presentan sin mayores explicaciones, sin señalar con claridad quiénes son los actores involucrados ni cuáles son los riesgos concretos que enfrentaría el país, existe el peligro de trasladar el debate público del terreno de los hechos al terreno de las percepciones políticas. Más preocupante aún, se corre el riesgo de convertir cualquier crítica, cuestionamiento o diferencia de opinión en una supuesta agresión contra la soberanía nacional.
La historia demuestra que los discursos construidos alrededor de amenazas externas pueden terminar profundizando la polarización interna. Defender la soberanía es una obligación del Estado, pero también lo es garantizar que dicho argumento no sea utilizado para desacreditar voces críticas, evitar debates incómodos o cerrar espacios de discusión democrática. La fortaleza de una nación no se mide por la cantidad de enemigos que señala, sino por la capacidad de sus instituciones para responder con transparencia a las preguntas de sus ciudadanos.
Lo que se exige es rendir cuentas sin propaganda, cooperar internacionalmente sin ocultar información, defender la soberanía sin convertirla en pretexto para evadir responsabilidades y gobernar sin usar el nacionalismo como cortina de humo. La soberanía no debe ser una coartada para blindar errores, ni una bandera para tapar investigaciones incómodas.
También presumió programas sociales que, según su mensaje, beneficiarán a más de 42 millones de derechohabientes con una inversión superior al billón de pesos.
Nadie puede negar que los apoyos ayudan a millones de personas. Pero un país no puede vivir eternamente de transferencias si al mismo tiempo no crece, no produce, no invierte internamente, no fortalece servicios públicos y no genera empleos de calidad. La política social no debe ser instrumento de dependencia electoral, sino puente hacia una vida más digna. Si el gobierno presume apoyos, también debe responder por la calidad de la salud, la educación, la seguridad y los servicios básicos.
En salud, se habló de hospitales, de IMSS-Bienestar y de la promesa de un sistema universal para 2027. Pero México ya ha escuchado demasiadas promesas sanitarias.
La gente no quiere discursos sobre hospitales inaugurados; quiere medicinas disponibles, citas oportunas, especialistas suficientes, tratamientos completos y atención digna. El país real no se cura con frases. Se cura con presupuesto, gestión, abasto, personal médico y resultados medibles.
El discurso también insistió en que el pasado neoliberal terminó. Pero esa frase, repetida hasta el cansancio, empieza a sonar menos como diagnóstico y más como excusa.
El gobierno lleva años en el poder. Ya no puede culpar eternamente al pasado por cada falla del presente. Gobernar es hacerse responsable.
Gobernar no es repetir que antes todo era peor; gobernar es demostrar que ahora las cosas funcionan mejor. Y eso, en demasiadas áreas, sigue sin quedar claro.
La presidenta presentó un país ordenado, optimista, fuerte y unido.
Pero fuera del escenario hay un México cansado de escuchar triunfos mientras enfrenta inseguridad, precios altos, servicios deficientes, incertidumbre económica y una polarización política cada vez más agresiva. El problema no es que el gobierno comunique sus avances.
El problema es que quiera imponer su versión como verdad única.
El problema es que confunda rendición de cuentas con propaganda. Una verdadera rendición de cuentas tendría que hablar también de lo que no salió bien.
Tendría que reconocer errores, admitir pendientes, explicar contradicciones y aceptar críticas. Pero el mensaje presidencial volvió a elegir el camino del aplauso. Se habló de conquistas, no de fallas. Se habló de amor al pueblo, no de los ciudadanos que protestan. Se habló de soberanía, no de las dudas sobre seguridad. Se habló de inversión, no del estancamiento económico.
Se habló de libertades, pero desde un discurso que constantemente descalifica a quienes piensan distinto.
México no necesita una presidenta que se aplauda a sí misma. Necesita una presidenta que escuche. No necesita discursos cargados de consignas. Necesita diagnósticos serios.
No necesita que le digan que todo va bien mientras la realidad contradice la narrativa. Necesita un gobierno que deje de administrar emociones políticas y empiece a resolver problemas concretos.
El discurso del 31 de mayo quiso mostrar fuerza, pero terminó exhibiendo algo más preocupante: la distancia entre el país oficial y el país real.
En el país oficial hay récords, primavera laboral, soberanía energética, reducción histórica de homicidios y felicidad popular. En el país real hay familias estirando el gasto, pacientes esperando medicinas, regiones con miedo, jóvenes sin oportunidades suficientes y ciudadanos hartos de que cualquier crítica sea tratada como traición.
Dos años después de la victoria electoral que dio origen al actual gobierno, el reto ya no consiste en convencer a los simpatizantes de que el proyecto político sigue vigente. El verdadero desafío es demostrar que los resultados alcanzan para sostener las promesas realizadas. Porque los ciudadanos terminan evaluando a sus gobernantes no por la intensidad de los discursos ni por la magnitud de los eventos públicos, sino por la seguridad de sus comunidades, la calidad de los servicios públicos, las oportunidades económicas y la tranquilidad con la que pueden construir su futuro.
La presidenta puede llenar plazas con acarreados, repetir consignas y presumir cifras. Pero gobernar no es convencer a los convencidos. Gobernar es responderle también a quienes dudan, a quienes sufren, a quienes no aplauden, a quienes no militan y a quienes simplemente quieren vivir mejor.
Y mientras el gobierno siga creyendo que un discurso puede sustituir a la realidad, la realidad seguirá siendo su crítica más dura. |
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