Hay ocasiones en las que una política pública termina revelando mucho más de lo que originalmente pretendía mostrar. Eso parece estar ocurriendo con el registro obligatorio de líneas telefónicas impulsado por el gobierno federal. Lo que fue presentado como una herramienta para combatir delitos como la extorsión, el fraude y otras actividades criminales asociadas al uso de teléfonos celulares, ha terminado exhibiendo una realidad mucho más preocupante: la profunda desconfianza que existe entre millones de mexicanos hacia las instituciones encargadas de proteger sus datos personales.
La administración de la Cuarta Transformación sostiene que registrar las líneas telefónicas permitirá fortalecer las capacidades de investigación de las autoridades y dificultar el uso de teléfonos por parte de grupos criminales. En el discurso suena razonable. Sin embargo, la respuesta ciudadana ha sido muy distinta a la esperada por el gobierno.
Las cifras son contundentes. De acuerdo con datos del sector de telecomunicaciones, en México existen alrededor de 144.5 millones de líneas celulares activas, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, mientras que estimaciones de The Competitive Intelligence Unit elevan la cifra hasta 161 millones. Sin embargo, hacia mediados de abril apenas se habían registrado aproximadamente 30.2 millones de líneas, es decir, apenas el 18.7 por ciento del universo total de usuarios.
La lectura política de estos números resulta devastadora para el gobierno. Si más de 130 millones de líneas permanecían fuera del registro a pocas semanas de la fecha límite, el problema ya no puede explicarse únicamente por desconocimiento o falta de tiempo. Lo que esas cifras reflejan es una enorme resistencia ciudadana basada en la desconfianza.
Y es que el plazo establecido para registrar las líneas vence el próximo 30 de junio. Esto significa que, para alcanzar una cobertura cercana al total de usuarios, las autoridades tendrían que procesar millones de registros diarios en un periodo extraordinariamente corto.
Más allá de los desafíos operativos, la realidad es que millones de personas siguen sin estar convencidas de entregar su información personal al gobierno.
La pregunta es inevitable: ¿por qué tanta gente se resiste a registrarse?
La respuesta tiene poco que ver con rebeldía y mucho que ver con miedo. Miedo a que los datos terminen expuestos. Miedo a que una base de datos gubernamental sea vulnerada. Miedo a que la información personal termine circulando en manos equivocadas. Miedo, en pocas palabras, a un Estado que no ha logrado convencer a la población de que puede proteger adecuadamente lo que le confían.
Los ciudadanos observan un país donde las filtraciones de información son frecuentes, donde diversas dependencias gubernamentales han sido víctimas de hackeos y donde la seguridad digital dista mucho de ser una fortaleza institucional. Bajo ese contexto, resulta perfectamente entendible que millones de personas cuestionen la conveniencia de entregar más información personal.
Lo verdaderamente grave para la administración federal es que esta desconfianza no surge de la nada. Es el resultado de años de inseguridad, impunidad y debilidad institucional. Es la consecuencia de un país donde las extorsiones continúan creciendo, donde los fraudes telefónicos siguen afectando a miles de familias y donde amplias regiones siguen padeciendo la presencia de grupos criminales.
Paradójicamente, mientras el gobierno pide más datos a los ciudadanos, no ha logrado convencerlos de que puede garantizar su seguridad física. Esa contradicción se encuentra en el centro del problema. Porque la confianza no se construye mediante decretos ni campañas informativas. La confianza se construye con resultados.
Y los resultados en materia de seguridad siguen siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la Cuarta Transformación.
La situación se vuelve todavía más cuestionable cuando se observa la existencia de un mercado negro de chips telefónicos que continúa operando pese a los controles anunciados por las autoridades.
Diversos especialistas han advertido que quienes se dedican a actividades ilícitas difícilmente utilizarán líneas registradas a su nombre. Como ha ocurrido históricamente, recurrirán a intermediarios, identidades falsas o mecanismos clandestinos para obtener números telefónicos.
En otras palabras, quienes terminan plenamente identificados son los ciudadanos que cumplen la ley, no necesariamente quienes viven al margen de ella.
Esa realidad recuerda inevitablemente uno de los mayores fracasos regulatorios de los últimos años: el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, mejor conocido como RENAUT. En aquel entonces también se prometió combatir extorsiones, facilitar investigaciones y reducir delitos mediante el registro masivo de usuarios. Los resultados fueron decepcionantes.
Las extorsiones continuaron, los criminales siguieron operando y el proyecto terminó siendo cancelado.
Hoy el gobierno parece decidido a repetir una fórmula que ya demostró enormes limitaciones.
La pregunta de fondo es si las autoridades realmente están atacando las causas del problema o simplemente generando la percepción de que están haciendo algo. Porque combatir la delincuencia requiere inteligencia financiera, fiscalías profesionales, cuerpos de investigación capacitados, coordinación institucional y capacidad tecnológica. Ninguna de esas tareas puede sustituirse únicamente mediante la construcción de una base de datos.
Existe además otro riesgo poco discutido. México es una economía profundamente digitalizada. Datos del sector financiero indican que cerca del 19 por ciento de las operaciones bancarias se realizan a través de teléfonos celulares y aplicaciones móviles. Si se considera que diariamente se efectúan alrededor de 200 millones de operaciones financieras en el país, aproximadamente 38 millones dependen directamente de dispositivos móviles.
Esto significa que cualquier problema relacionado con el registro masivo de líneas podría generar afectaciones para millones de usuarios que utilizan sus teléfonos para transferencias, pagos, compras y operaciones cotidianas.
La magnitud del desafío es enorme y las consecuencias potenciales van mucho más allá de una simple actualización administrativa.
Por eso resulta preocupante observar la aparente desconexión entre el optimismo gubernamental y la realidad que muestran las cifras. Mientras las autoridades insisten en presentar el registro como un éxito en construcción, los números reflejan una adopción limitada y una resistencia considerable por parte de la población.
La verdadera tragedia para la Cuarta Transformación es que este programa terminó convirtiéndose en una especie de encuesta nacional sobre la confianza ciudadana. Y los resultados son difíciles de ignorar. Más de 130 millones de líneas sin registrar representan mucho más que un retraso administrativo. Representan millones de ciudadanos que todavía no están convencidos de que el gobierno merece acceso a esa información.
La paradoja es demoledora. El gobierno asegura que necesita los datos de los ciudadanos para brindar mayor seguridad, pero millones de ciudadanos se niegan a entregarlos precisamente porque no se sienten seguros.
Esa contradicción resume mejor que cualquier discurso el estado actual de la relación entre gobierno y sociedad. No se trata solamente de teléfonos celulares. No se trata únicamente de bases de datos. Se trata de confianza.
Y cuando una administración necesita pedirle a la población que confíe en ella mientras enfrenta niveles históricos de desconfianza institucional, el problema deja de ser tecnológico para convertirse en un problema político.
La negativa de millones de mexicanos a registrar sus líneas telefónicas no es un acto de rebeldía. Es un mensaje. Un mensaje que dice que la seguridad prometida no ha llegado, que la confianza sigue rota y que una parte importante de la sociedad no está dispuesta a entregar más información a un Estado que todavía no logra convencerlos de que puede protegerla.
Porque al final del día, el verdadero fracaso de este registro no es cuántas líneas faltan por inscribirse. El verdadero fracaso es haber descubierto que, para millones de mexicanos, el miedo sigue siendo más grande que la confianza. |
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