Desde los primeros síntomas hubo voces de alerta, pero en su tiempo fueron consideradas producto de un mal diagnóstico, sin embargo, la aparición de nuevos signos alarmantes daba señales manifiestas de un mal ya avanzado, entonces comenzaron a escucharse diversas opiniones destacando el alarmante deterioro institucional mexicano, porque las embestidas, inicialmente retoricas contra el INE, evolucionaron a acciones encaminadas a introducir, aprovechando los relevos institucionales, elementos afines en su conformación, y ahora, de aquel Instituto Electoral creado en la década finisecular para garantizar elecciones genuinamente democráticas ya poco queda. Después, semejante a una voluntad de poder imperial, las acciones se orientaron a desaparecer otros órganos autónomos: el CONEVAL, la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto para la Transparencia, etc. En la lógica de esa acción demoledora el 5 de febrero de 2024 escuchamos del presidente López Obrador el anuncio de reformas constitucionales para modificar la integración del Poder Judicial. Ya con pleno dominio sobre el INE procedía intervenir en el Tribunal Electoral para cerrar el círculo de la menguada autonomía electoral, logrado el trance favoreció la circunstancia que propició la aberrante determinación de otorgar a MORENA y aliados una sobre representación no autorizada por la ciudadanía mexicana a través del voto en junio de 2024, así se hizo posible la reforma constitucional para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Ya se llevó a cabo el proceso electoral para ese efecto, la ciudadanía mexicana lo rechazó contundentemente no asistiendo a las urnas y correlativamente demostró su absoluto desacuerdo. Con toda la inmundicia con la que se acompañó el resultado de esa elección, ya colonizado el INE la declaró válida, y no se avizoran señales de opinión en contrario por parte del Tribunal Electoral.
Otros síntomas señalan la enfermedad institucional, por el virus de la prisión preventiva oficiosa, de la cual en Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García observamos constancias aberrantes de una administración de justicia que desaparece el principio de presunción de inocencia. Otro aviso preocupante fue el intento de censura al columnista Héctor de Mauleón y al Diario El Universal por supuestamente haber vulnerado la privacidad de una candidata a la judicatura del estado de Tamaulipas; una más, la increíble disposición de una juez, obsecuente con la gobernadora de Campeche, obligando a desaparecer de las redes a un medio de comunicación y a un comunicador inhabilitándolo para el ejercicio de su profesión bajo el argumento de haber “ofendido” con información pública a una funcionaria; también, la iniciativa del gobernador poblano para convertir en delito social la publicación referente a servidores públicos que sientan “amenazada” su privacidad. Antaño, estuvo en vigencia el delito de “disolución social”, tipificado como tal en el Código Penal de los años sesenta del siglo XX, en este país sirvió para mantener en presidio a lideres del magisterio y del sindicato de ferrocarrileros (Othón Salazar, Valentín Campa), fue herramienta usada como espada de Damocles contra quienes manifestaban públicamente su inconformidad; tiempos difíciles aquellos, entonces imperaba un autoritarismo institucionalizado. Lo pensábamos ya superado, pero… |
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